Penta-SQM-Caval: la oportunidad de saldar la deuda ética con Chile

Lamentablemente para la presidenta Bachelet y su agenda de reformas, el caso «Nueragate» sigue avanzando sin detenerse, hacia el podio de los campeones en el triatlón de los escándalos. Lugar donde el Pentagate y los parlamentarios UDI confesos y aún en sus cargos, siguen ostentando la presea de oro.

---

Es menester que la Presidenta Bachelet y la clase política entera, se pongan a trabajar en saldar esta deuda ética. No hay que esperar a que la ciudadanía salga a las calles a exigir su pago.

Lo anterior genera una situación aún no constatada masivamente por los medios de prensa y los analistas políticos: Hoy día, la ciudadanía ve a los poderes Ejecutivo y Legislativo como un solo cuerpo enfermo, conformado ambos por una sola clase política diversa en el discurso, pero homogénea en el actuar, debido a intereses particulares y mezquinos de todo tipo.

¿Cuál es la estabilidad futura de un país, donde dos de los tres poderes del Estado están en apariencia corroídos por la carcoma de intereses privados y poco éticos?

En mi opinión, es urgente y necesario dar señales concretas de probidad y justicia ciudadana. Hay ciertas acciones que son inmediatas y de alto impacto público:

1. Perdonazo Johnson: Si bien la condonación de 118 millones de dólares estaba dentro de las atribuciones legales del entonces director del SII Julio Pereira, es un hecho público que también “no es estético, se ve mal”, como dijo el senador Guillier respecto del «Nueragate». El perdonazo de impuestos a Johnson le generó un jugoso negocio a Cencosud. Su capacidad de venta aumentó en un 50%, y pagó por Johnson sólo US$ 63 millones en vez de US$ 181 millones que valía con la deuda tributaria. Es necesario que la Presidenta  Bachelet y el mundo político impulsen una investigación a fondo sobre este caso, antes que expiren las eventuales responsabilidades penales. Es necesario porque el perdonazo Johnson generó una pérdida 30 veces mayor  para Chile que el caso Penta. Es necesario aclarar si existe o no un “Cencogate”.

2. Militares encarcelados aún siendo miembros del Ejército: Sebastián Piñera hizo en su gobierno un primer gesto ético hacia la dolorosa historia reciente de nuestro país: el cierre del penal Cordillera. Sin embargo, es mucho lo que aún se puede hacer al respecto. Ya en julio del 2014, la Cámara de Diputados solicitó a la Presidenta Bachelet cerrar el penal de Punta Peuco y despojar de sueldo y rango a los reos de dicho recinto. ¿Existe acaso algún impedimento para expulsar a esos reos de las filas de las FF.AA.? Recordemos que la Escuela Militar tiene entre sus requisitos de ingreso “no haber estado involucrado, ni estarlo actualmente, en proceso penal de ninguna naturaleza y en ninguna calidad”. Por otro lado, dichos reos han incurrido hace tiempo en una falta grave que amerita desvinculación inmediata: no estar presentes en tres cuentas, sin el respectivo certificado médico o permiso del superior jerárquico. A manera de ejemplo, el cabo segundo Marcelo Zapata, del Regimiento Reforzado de Los Ángeles, fue expulsado del Ejército en agosto del 2014, al día siguiente de chocar y atropellar a un peatón, en estado de ebriedad y con uniforme, antes siquiera de ser formalizado. ¿Podría él, y otros ex miembros de las FF.AA. y Carabineros expulsados en similares condiciones, demandar al Estado chileno por millonarios montos, alegando discriminación “de rango” o de “clase social” respecto de los reos de Punta Peuco, mediante la Ley Zamudio? Gracias a la falta de previsión de nuestras instituciones públicas y de la clase política, sí pueden, y están en su derecho.

3. Privatización de empresas estatales antes de 1990: muchas fortunas fastrack nacieron al alero de dudosas privatizaciones sobre empresas estatales, ocurridas durante el régimen militar. Y hoy día, dicha siembra entrega sus frutos en SQM, empresa estatal de cuyo control se hizo Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet. El actuar de Ponce Lerou ha afectado la credibilidad de la banca chilena y las futuras jubilaciones de millones de chilenos, con el Caso Cascadas y también con la arista Penta de financiamiento ilegal a políticos. Y la cosecha sigue con el mismo grupo Penta, devenido de la oscura venta del Consorcio Nacional de Seguros en 1986, que desnuda cómo un partido político, la UDI, ha sido por años el brazo político de este grupo económico. ¿Será necesario seguir minando la credibilidad del sistema democrático, esperando que la casualidad descubra nuevos “gates” en el futuro? Una eventual investigación y castigo, tal vez debiera llegar una fórmula para resarcirle al país el menoscabo económico producido, como por ejemplo, fijarle un impuesto adicional, permanente y específico para dichas empresas.

Es menester que la Presidenta Bachelet y la clase política entera, se pongan a trabajar en saldar esa deuda ética. No hay que esperar a que la ciudadanía salga a las calles a exigir su pago.