Seis acciones para volver a creer en la presidenta Bachelet y la clase política

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Es urgente y necesario dar señales concreta de probidad y justicia ciudadana. Dichas acciones constituyen una propuesta de recetas para recuperar la credibilidad perdida.

El país ha sido testigo de claras señales del poder Judicial hacia la clase política. Los eventuales delitos económicos, cohecho y tráfico de influencias, serán perseguidos en adelante de manera inflexible.

Entonces ¿qué esperan para dar un paso al costado, los parlamentarios y autoridades que ya han sido mencionados en procesos, con pruebas en su contra, aún cuando todavía no están siendo procesados?

Y más aún ¿cuál es la fortaleza política y la estatura moral de la Presidenta para confiar en las reformas que propone, si públicamente muestra que no tiene el poder suficiente para que su hijo devuelva el millonario monto obtenido, en un negocio que claramente presenta tráfico de influencias?

En mi opinión, es urgente y necesario dar señales concreta de probidad y justicia ciudadana. Dichas acciones constituyen una propuesta de recetas para recuperar la credibilidad perdida:

1. Investigar el “Perdonazo Johnson”. Las grandes y rápidas ganancias del grupo Cencosud, merced de la decisión personal del entonces director del SII Julio Pereira de condonar 118 millones de dólares, hacen sospechar de un posible “Cencogate”. De ser así, Pereira habría cumplido en el SII similar rol al de Iván Álvarez en el caso Penta.

2. Expulsar del ejército a militares declarados reos: nada más simple que aplicar la norma de faltar a 3 cuentas sin certificado médico o justificación ante un superior jerárquico. Los miembros de las FF.AA. o Carabineros expulsados todos estos años por accidentes de tránsito u otras faltas, podrían demandar al Estado por discriminación, mediante la Ley Zamudio.

3. Investigar las privatizaciones de empresas estatales en los 80’s: muchos de los llamados “poderosos de siempre”, son poderosos por haberse hecho del control de 169 grandes empresas del Estado. Ahora tenemos a Penta y SQM como ejemplo de esa herencia espuria. El Ejecutivo y el Legislativo pueden y deben impulsar medidas concretas sobre este problema pendiente. Tal vez un impuesto adicional y permanente sobre los ingresos directos de empresas “regaladas” por el Estado chileno, podrían resarcirle al ciudadano “de a pie” el daño económico causado.

4. Empoderar al SERNAC en un corto plazo: el Legislativo debe tramitar rápidamente un nuevo SERNAC, sin “cocinas” ni “matices” por parte de la Democracia Cristiana. Un SERNAC que no sea intermediario de judicializaciones estériles , sino que ponga multas inmediatas y frene en seco el abuso del retail con los consumidores.

5. Suspender derecho a voto de parlamentarios implicados en delitos: no es necesario esperar a una condena de la Justicia, para que un parlamentario continúe ejerciendo su derecho a voto. ¿cuál es la participación que le cabría en una votación a Iván Moreira, Ena von Baer, y otros parlamentarios, en una eventual “ley anti-corrupción”, si ellos mismos se verían afectados?

6. Sebastián Dávalos Bachelet debe devolver sus ganancias inmorales: en un gesto ético, y antes que la Fiscalía devele un (seguro) tráfico de influencias en la venta de terrenos de Machalí, ese dinero puede ser donado a la beneficencia, o mejor aún, a algún proyecto que enseñe ética pública y educación cívica en colegios y a la ciudadanía.

Estas recetas requieren pronta puesta en práctica. La ciudadanía del año 2006 se informaba por los medios masivos de prensa nacional. Hoy día la penetración de la TV pagada en la población chilena es de un 75%. No esperemos a que «la calle», informada ahora por canales distintos a los tradicionalmente oficiales, reclame en su lenguaje y sus términos.