Hoy, una parte importante de Chile ha tomado conciencia que el sistema democrático, administrado por gobiernos de distinto signo político, aún no ha incorporado de manera protagónica a los sectores pobres y campesinos en el proyecto de desarrollo del país; menos aún a los pueblos originarios, no se les ha permitido participación, razonable, en la política del Estado.
Se insiste, frente a la llamada “crisis mapuche”, en circunscribirla a los ámbitos de la delincuencia y el supuesto terrorismo. Se habla de actos de violencia ocasionadas por mapuche y de acciones extremistas con la evidente intención de fragmentar los hechos. Sin desentrañar sus causas, aislándolos de una dinámica histórica y cultural, a la judicial y policial. Estos impactos son de consecuencias impredecibles.
Gobiernos de todos los colores – todavía no reconocen los derechos elementales para la existencia de los pueblos indígenas. ¿Es esto comprensible?. En el fondo, se expresa la vieja lógica del Estado que busca asimilar con la justificación de superar la pobreza, pero sin vincular que la integración sin ciudadanía es el origen del empobrecimiento y exclusión.Este nuevo pacto debe sustentarse en el diálogo respetuoso en el que los diferentes actores validos establecen compromisos de acatamiento de los acuerdos.
¿Cómo entonces es posible el desarrollo y la paz?
Es necesario superar el retraso institucional del Estado respecto de los avances significativos que se han dado en los debates, declaraciones y acuerdos del derecho Internacional. Sigue pendientes el cumplimiento íntegro del Convenio 169 de la OIT, instrumentos que aún siguen instalados en las buenas intenciones, pero no en la voluntad política efectiva que les den vida en nuestro orden institucional.
El discurso recurrente que apela al pueblo como la expresión máxima de la soberanía popular y el sentido más hondo de la democracia, no se ha expresado en las relaciones de poder. Esto, nos obliga a buscar suscribir un nuevo pacto social tendiente a que el Estado reconozca y priorice en sus compromisos, las demandas pendientes del pueblo mapuche por más de 140 años, ¿hay alguna razón para seguir esperando?
Este nuevo pacto debe sustentarse en el diálogo respetuoso en el que los diferentes actores validos establecen compromisos de acatamiento de los acuerdos. Este no es un llamado a la subversión sino, por el contrario, es un llamado a la solución de asuntos postergados por demasiado tiempo. Con esas premisas y esos criterios, se hace urgente hacer un llamado al dialogo al pueblo mapuche, agricultores, chilenos, Estado y todos los actores que hacen posible una paz duradera. No obstante, para ello es necesario dar ciertos gestos como por ejemplo:
- Proponer, desmilitarizar La Araucanía, como paso imprescindible para generar condiciones de diálogo y entendimiento.
- Realizar acciones necesarias para lograr el reconocimiento de un Estado Plurinacional.
- Aprobación del ministerio de asuntos indígenas.
- Creación de un estatuto de autonomía que garantice la autodeterminación de los pueblos indígenas, en el marco de la legislación nacional. Como resultado del nuevo parlamento.
- Promover la implementación de un registro electoral indígena, con cupos reservados en el poder legislativo, para este año. Municipales y regionales para las próximas elecciones.
Características del nuevo Parlamento Estado – Pueblo Mapuche – sociedad chilena.
La mitad del camino para resolver un problema, es saber plantearlo correctamente. Pongamos las cosas en su lugar. El disturbio y la protesta, son el lenguaje de los excluidos (MLK). Por ello, no podemos aceptar que vinculen una causa de derechos políticos colectivos, con hechos de violencia criminal o terrorista.
Para un dialogo real de paz, es necesario, eliminar las condiciones que producen violencia, comenzando por terminar con la pobreza ocasionada por políticas erradas de más de un siglo, la militarización y la judicialización de un problema que nace con la violación del tratado de trapigue, firmado entre el pueblo mapuche y el estado de Chile.
Se necesita una reestructuración de la arquitectura del Estado y no una simple modificación a un departamento social. Esto quiere decir, crear las instituciones e instrumentos que permitan no solo la participación política de los pueblos originarios en el Estado, sino también lo referente al artículo 20 de la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU. Restituir los derechos colectivos políticos, territoriales, económicos y culturales.
En consecuencia, la única forma de resolver este conflicto de estado, es un nuevo parlamento, como el que se conformó en Tapihue. Allí, el pueblo mapuche, con todas sus expresiones, se sentó a parlamentar con el poder Estatal pleno. En ese escenario, debe resolverse esta controversia, no solo por el bien de nuestros pueblos, sino por el bien de Chile. Un país dividido, ya no es viable. Un país que no es capaz de reconocerse como mestizo o indígena, no tiene destino.
Si no hay respuesta, los sectores excluidos de Chile se verán motivados no solo de ejercer el derecho sino en el deber moral de movilización, logrando tal vez un hecho histórico, la unión política y social del pueblo de Chile con el Pueblo mapuche, lo que pondría poner en serios problemas la gobernabilidad y la estabilidad política, dentro del marco democrático.
Estos requerimientos nacen del convencimiento más profundo de que llegó el tiempo de realizar un cambio justo, que la sociedad chilena mayoritariamente reclama y exige. Llegó el momento de valorar a los pueblos indígenas que, con su rica diversidad, constituyen parte significativa de la identidad de Chile.
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