La misma actitud acaparadora de siempre

El sentido de esta columna es cuestionar la idoneidad de los intereses no declarados detrás de la propuesta de Chile Vamos, quienes en un movimiento que no sorprende, han retrasado un acuerdo para comenzar a discutir un tercer proceso constituyente para buscar rentabilizar una victoria electoral que no les pertenece del todo, pero principalmente para forzar los límites del debate dentro del marco que le convenga a sus intereses, sin importar si se miente, desinforma o se acapare en el camino.

El viernes 23 de septiembre los partidos políticos que conforman la coalición de derecha “Chile Vamos” emitió un comunicado público que titularon “Acuerdo Constitucional: Cambios con seguridades y principios claros para Chile”, en el que intentan demarcar la cancha en la que; según estos partidos políticos, debe desarrollarse el debate constitucional que zanje de una buena vez la aguda crisis política en la que se encuentra el sistema político chileno desde 2019.

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Tienen el descaro de mezclar (o confundir aplíquese el principio de buena fe) entre el rechazo a la propuesta de nueva Constitución con un programa de Gobierno, exigiendo medidas a la administración del presidente Boric en materias que no necesariamente hay una correlación con iniciar un tercer proceso constituyente

Dejando de lado el descarado hecho de que consideran representar la voluntad de todos los votantes que rechazaron la propuesta constitucional de la Convención Constitucional el pasado 04 de septiembre, realizan una interpretación de los hechos y de la voluntad soberana bastante voluntariosa y fundamentada en las mismas ideas e interpretaciones antojadizas respecto al resultado que se plasmó en el documento que fue desechado, tales como el espíritu de refundación que, según estas agrupaciones partidistas ofreció en su momento la propuesta de nueva Constitución. Me pregunto si mantener el presidencialismo, un legislativo bicameral (con una nueva distribución de funciones y nombres, eso sí), que mantenía el régimen de garantías de la propiedad privada (con la reincorporación del rol social de la propiedad) o que el régimen de propiedad privada del agua se extinguía para comenzar a considerarlo un bien común de uso público como ocurre en muchos países del mundo, es una refundación de la República.

Honestamente, considerar el texto propuesto por la Convención como una refundación es bastante audaz; por decirlo de forma elegante, dado que rigurosamente no lo fue de ese modo, sino que fue bastante más moderado de lo que pudo llegar a ser, debido fundamentalmente a la exigencia de aprobación de las normas constitucionales por los 2/3 de los votos convencionales para aquello, y que en el universo total de convencionales, una gran parte de ellos no respondían a ideologías radicales de izquierda. Pero en las huestes más duras del rechazo a la propuesta de la nueva Constitución les era más fácil y favorable inventar toda clase de inexactitudes o interpretaciones maliciosas sobre las normas de la propuesta, pues no tenían la fuerza de los votos al interior de la inédita e histórica asamblea.

Indudablemente, a los sectores opositores a transformar el Estado subsidiario por un Estado regional, plurinacional y social de Derecho se les debe exigir que definan con exactitud y sin ambivalencias qué diantres entienden por una “buena” Constitución. ¿Acaso una buena Constitución debe perseguir mantener al Estado subsidiario, fuente inagotable de la desigualdad y desprotección de la población? ¿Acaso una nueva Constitución debe resguardar el agua como negocio y no como elemento vital para la vida y que la naturaleza hizo común a todas las especies, como lo es el aire? Deben despejar esas dudas rápidamente, porque lo que se entiende a leguas de su discurso con una “buena” Constitución es todo aquello que el 80 % de los votantes consideró como lo que se debía transformar en 2020 cuando se preguntó si se debe cambiar la actual Carta Fundamental de nuestra República.

Asimismo, acusan al Gobierno de anteponer el proceso constituyente por sobre otras demandas o necesidades que a juicio de esta coalición serían más urgentes o necesarias, llegando a acusar a Boric de que aquello es una excusa para no gobernar. Como desinformar (o derechamente mentir) les sale gratis porque no hay sanción para aquello, buscar instalar la crisis política en el centro del gobierno, cosa que de ese modo ocurra lo mismo que con la administración pasada que no pudo implementar su programa de Gobierno ni pudo controlar la agenda pública. Esta acción claramente no tiene un fondo responsable, sino que persigue apostar por una agudización de la crisis para generar una crisis de gobernabilidad o, al menos, instalar su percepción, evidenciando que el interés de Chile Vamos no es lograr la unidad a través del proceso constituyente sino generar las condiciones para una percepción de ingobernabilidad y, de paso, retrotraer artificiosamente el debate respecto a la consulta de 2020, la que ya fue zanjada y no se requiere de mayor aclaramiento.

Por otra parte, tienen el descaro de mezclar (o confundir aplíquese el principio de buena fe) entre el rechazo a la propuesta de nueva Constitución con un programa de Gobierno, exigiendo medidas a la administración del presidente Boric en materias que no necesariamente hay una correlación con iniciar un tercer proceso constituyente. La modificación del programa, un fetiche permanente en este sector que reclamó insistentemente bajo el gobierno anterior que no correspondía (y ciertamente no corresponde, a menos que la realidad te fuerce a ello, como lo fue tanto la revuelta social y la pandemia), resulta que al presente sí corresponde y es, al mismo tiempo, una “conditio sine qua non” para impulsar un proceso constituyente, el cual no es algo antojadizo sino una necesaria acción para conjurar la crisis política en la que nos encontramos inmersos desde hace varios años.

La forma de Estado y de Gobierno, la estructura y división de las funciones del Estado (ejecutivo, legislativo y jurisdiccional), la naturaleza y límites de la propiedad privada y todos los “límites” que la carta de Chile Vamos propone no corresponde ni les compete. Un proceso constituyente no reconoce los límites en lo que revisión de esas materias toca, por lo que su pretensión de enmarcar el debate, dejando fuera de la discusión aquellas materias que tocan o afectan los intereses de sus sectores no tiene asidero. Y no lo tiene porque ni dicho sector político puede atribuirse la representación del 62 % que rechazó la propuesta de nueva Constitución, ni porque en un proceso de discusión y redacción de un nuevo texto constitucional no pueden existir a priori vetos a discutir determinadas materias, fundamentalmente porque eso no sería un debate sobre una nueva Constitución política sino una reforma constitucional, que son asuntos completamente diversos.

Y ya, para agregarle un tono de insulto al documento que publicó la coalición de derechas, plantean la necesidad de establecer un mecanismo que “asegure estabilidad”, que se aleje de la “traumática” experiencia de la Convención (en la que no se observa una sola autocrítica por haber colaborado activamente a que dicha experiencia fuera “traumática”), proponiendo que se articule “debidamente” el principio de participación ciudadana e impulsan reforzadamente la idea de la instalación de agrupaciones de ”expertos” o personas con experiencia y legitimidad democrática.

La presencia de personas con cierto acervo y preparación probadas en el debate no es objeto de cuestionamientos, estos estuvieron presentes en las discusiones de las comisiones y de los plenos durante la fallida Convención Constitucional, sino lo que se cuestiona la obsesión con la cancelación del debate político abierto, honesto y transparente. Si no es dentro del marco que a estas personas no les acomoda, buscan por cielo, mar y tierra la excusa para acallar las críticas, las voces disidentes, en pocas palabras, el “diálogo polémico”, porque no toleran los cuestionamientos, lo emplazamientos. Por el contrario, buscan que el diálogo se dé entre pocas personas, en un espacio acotado, porque para este grupo de personas la política es aquello y la democracia, es solo un ejercicio de refrendar materias ya discutidas y sin posibilidad de revisión pública y transparente.

En resumen, la misma actitud acaparadora de siempre.