Gobierno abierto, más que transparencia

Luego de las denuncias de malversación de fondos públicos en la municipalidad de Vitacura y los serios cuestionamientos a la gestión de recursos públicos en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, precedido por casos similares en otras comunas del país (San Ramón, Viña del Mar, Coquimbo, Maipú, Colina), la primera y lógica respuesta de las autoridades políticas es aumentar los niveles de probidad y transparencia en las instituciones públicas. De hecho, uno de los primeros en iniciar acciones en esta materia fue el Gobernador Regional de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, quien generó una alianza por la transparencia y la probidad entre 35 municipio de la RM. Asimismo, convocó el primer Consejo Asesor para el Gobierno Abierto, Probidad y Transparencia del Gobierno Regional Metropolitano.

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Una mayor participación distribuye el poder en la sociedad, los ciudadanos pueden efectuar controles e involucrarse en la toma de decisiones de manera directa y no solo delegarla en autoridades

Si bien son importantes estas acciones para promover una mayor apertura y transparencia de los datos públicos, estas políticas deben ir acompañadas de mecanismos que promuevan y aumenten la participación y colaboración ciudadana. Es relevante recordar que los principios del Gobierno Abierto son la utilización de la transparencia/rendición de cuentas, participación y colaboración como estrategias para mejorar los procesos de formulación y adopción de políticas públicas. Además, de aumentar los niveles de conocimiento sobre el gobierno para promover una mayor interacción y fiscalización ciudadana.

Aunque Chile ha dado pasos en el compromiso y adopción de nuevas las practicas que involucra el Gobierno Abierto, después de su incorporación en la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2011, todavía es un paradigma difícil de implementar en la administración pública chilena. ¿Y por qué? Por un lado, porque es necesario que los distintos niveles del aparato público comprendan que los principios del Gobierno Abierto van mucho más allá que un simple cumplimento de metas establecidos por normativas, leyes o acuerdos internacionales. Y por otro, el más importante, porque el Gobierno Abierto implica ceder poder a la ciudadanía y sociedad civil en la toma de decisiones públicas, por eso la participación es el eje central de este paradigma.

Una mayor participación distribuye el poder en la sociedad, los ciudadanos pueden efectuar controles e involucrarse en la toma de decisiones de manera directa y no solo delegarla en autoridades. Con más participación se mejoran los procesos de elaboración de políticas públicas, en las sociedades actuales conviven una pluralidad de actores que complejizan los problemas públicos, en este contexto ya no basta con la sola perspectiva y unidireccionalidad de los gobiernos para ofrecer soluciones. Esto da pie para la colaboración (tercer principio del Gobierno Abierto) entre la administración pública y la ciudadanía. Esto es más que la mera deliberación entre distintos actores, es la búsqueda de soluciones a problemas comunes mediante la innovación y co-creacion de servicios o políticas públicas con base en el conocimiento, la experiencia o el entusiasmo de las personas. Todo esto apoyado por las diversas plataformas de participación que nos otorga el gobierno electrónico.

Claramente el solo hecho de establecer mecanismos de participación no producirá automáticamente un aumento en su demanda. Primero, es imperativo el compromiso de los organismos públicos en fomentar mayores procesos e instancias para una participación efectiva y vinculante, donde los ciudadanos u organizaciones sientan que sus propuestas son consideradas. También es necesario comprender el contexto en el que se desarrollan los procesos participativos, me refiero a pensar en temas como la brecha digital, la multiplicidad de actores y los posibles costos (no solo monetarios) que individuos u organizaciones tienen al asistir a estos procesos. Por esta razón la participación debe ser planificada e implementada cuidadosamente, monitoreándose durante toda su aplicación. Por último, la participación genuina requiere abrir espacios ciudadanos sin distinción, situación que difícilmente sucede sobre todo en la esfera local. Generalmente en estos espacios la participación se vincula con la coaptación o exclusión de liderazgos, actitudes clientelistas o simple marketing político.

En definitiva, políticas de mayor transparencia y probidad en las instituciones públicas deben ir acompañadas de políticas de participación efectiva, que si bien presentan importantes desafíos, conllevan a una ciudadanía activa, elemento esencial para el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas.