El desencanto con el proceso constituyente 2023

Para el próximo 07 de mayo se ha convocado la elección de los “consejeros constitucionales”, que serán las personas mandatadas por el pueblo para revisar, discutir y finalizar la redacción de un proyecto constitucional, en base a un documento previamente definido por la “Comisión experta”; cuerpo designado por el Congreso Nacional, y cuya discusión se encuentra constreñido o limitado por los famosos “bordes o bases constitucionales”, acordados para habilitar un proceso constituyente fuertemente debilitado frente a la opinión pública; donde las derechas (más el PDG) dicen y esperan estar mejor aspectadas que las chances de las coaliciones de Gobierno.

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No es ni un secreto ni novedad que la desafección política de gran parte de los electores y de gran parte del pueblo con las instituciones que componen nuestra democracia se debe a cómo el actual sistema político ha respondido a las demandas

Frente a este escenario, con una profunda desafección entre el pueblo y el proceso constituyente mismo, crece la incertidumbre de si se llegará a buen puerto con el proyecto que emane del trabajo del Consejo Constitucional, la Comisión experta y el Comité de admisibilidad. De estos tres órganos, como se recordará, los dos últimos fueron constituidos con designaciones cuoteadas por parte de los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, salvo el Partido Republicano.

Debido a la fuerte crisis de confianza en las instituciones políticas en Chile, surgiría una supuesta contradicción entre la legitimidad de los actores que participan en las tres instituciones antes nombradas del proceso constituyente y que en dos de ellas han sido designados esos actores únicamente por los partidos políticos (y que son percibidos como “clase política”), con la posibilidad de avanzar a un nuevo pacto social plenamente legítimo.

No es ni un secreto ni novedad que la desafección política de gran parte de los electores y de gran parte del pueblo con las instituciones que componen nuestra democracia se debe a cómo el actual sistema político ha respondido a las demandas, que en muchas ocasiones no conectó con estas, o desprotegió al pueblo o lo dejó a la suerte de su bolsillo para enfrentar los desafíos, como la última pandemia o algún desastre natural, por una parte y; por otra, al comportamiento de ciertos actores que han provocado la desconexión con las bases populares de su representación o designación, colaborando a promover los brotes de populismos, que viene sufriendo nuestro sistema político desde al menos las elecciones generales de 2013 con el consiguiente aumento en su apoyo en las últimas elecciones.

Es así que recientemente (el pasado 27 de abril) se publicaron los resultados del estudio de opinión realizado por el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales y la empresa Feedback-Research, donde resalta el hecho que de un universo de 1.072 casos, solo un 20 % manifiesta confianza en el Gobierno y únicamente un 7 % manifiesta confianza o mucha confianza en el Congreso Nacional, institución esta última que designó a los miembros del Comité de admisibilidad y a la Comisión experta, encargadas de delimitar y garantizar los bordes acordados previamente. Esto evidencia que el sistema político en general se encuentra amenazado por la descomposición de la confianza en el sistema de partidos que golpea gravemente a las instituciones en que estos se desempeñan y que deberían ser el lugar donde los partidos políticos hacen carne las demandas populares, pero que en la realidad chilena no ocurre comúnmente sino de forma esporádica, por la alta atomización y la polarización del sistema partidista representada en el Congreso Nacional.

En consecuencia, estamos frente a una situación muy compleja donde mientras la extrema derecha está en un estado de ensimismamiento en negar cualquier transformación que pueda (o no) afectar sus intereses (de por sí muy ventajosos), busca provocar el fracaso de este nuevo proceso constituyente, utilizando los mismos argumentos de deslegitimación y atacando a las instituciones involucradas en la labor de redactar una nueva propuesta. Mientras tanto, la derecha institucional o moderada persigue consolidar su control sobre buena parte de este proceso, procurando cerrar el flanco derecho abierto por los republicanos y con el dilema de lo dificultoso que le resulta expandirse al centro, teniendo a varias fuerzas políticas en la misma pugna y con PDG presionando para aglutinar gran parte de ese electorado; y las izquierdas, más divididas que nunca, que solo se resignan a lograr un poder de veto (el famoso umbral de 3/5) que les permita obtener un poder de veto y de paso les permita “negociar” el reconocimiento de ciertos derechos sociales que se impulsaron y fueron ingresados en el texto del fallido proceso anterior, según lo que se desprende desde el análisis de los datos que muestra la encuesta de Criteria Research de marzo de 2023.

Mucha gente se pregunta ¿por qué negociar materias ya discutidas y aceptadas? Bueno, porque dentro de los argumentos presentados por el núcleo duro que apoyó la alternativa “rechazo” en el proceso anterior está el hecho que todos los avances en materia de derechos sociales, modelo de desarrollo e institucionalidad (Estado, sistema de gobierno, sistema de partidos, etc.) no fueron acordados con la “participación efectiva” de los sectores más privilegiados por el actual sistema y que se opusieron desde siempre a discutir y redactar una nueva Constitución política.

No queda tan claro si no fueron escuchados realmente en los debates al interior de la Convención o si fue parte de su estrategia para evitar la consagración de un nuevo texto que les significaba resignar buena parte de sus privilegios o la fuente para adquirir dichos privilegios. Lo cierto es que los sectores más radicales de ese universo más amplio que rechazó la propuesta de la primera Convención Constitucional de Chile se encuentran perfilados a obtener una mayor representación que la obtenida para el Congreso Nacional, lo que va a contrapelo a la sensación de transformaciones a instituciones clave para satisfacer la demanda por menos abusos, más transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Como sea el caso, según varios estudios y especialistas en opinión pública, tanto el Partido Republicano como el Partido de la Gente se estarían perfilando como los probables ganadores en las elecciones para el Consejo Constitucional, siguiendo el análisis de los datos informados y publicados tanto por Criteria como por el exdiputado Pepe Atuh, quien asegura el triunfo de las fuerzas conservadoras o contrarias a las profundas transformaciones que demandan las urgencias y necesidades que gran parte del pueblo exigió y sigue exigiendo luego del “estallido social”, y que el actual modelo no permite resolver o que el gobierno de turno pueda hacerse cargo, tanto por la debilidad institucional como la ausencia de atributos del Estado subsidiario para solucionar o satisfacer demandas sociales largamente postergadas, haciendo de la incertidumbre del éxito de este proceso constituyente ya prácticamente una norma.

Lamentablemente no es posible visualizar con certeza los probables resultados de esta elección que no se presenta atractiva para el pueblo elector y que, sin embargo, solo se asegura una ya insostenible incerteza acerca del futuro institucional en Chile, lo que debiera provocar la reflexión, no solo de los actores políticos y sus partidos, sino fundamentalmente del pueblo convocado a las urnas, para definirse; de una buena vez, qué es lo buscado o deseado, no solo para uno mismo, sino principalmente para todos como una sociedad diversa culturalmente y esencialmente para que nuestras futuras generaciones puedan ser sujetos de la garantía de un Estado que protege a todas las personas, donde no hayan grupos privilegiados y exista efectiva rendición de cuentas, transparencia y participación política, elementos todos de una democracia madura y profunda, base para el logro de metas como el desarrollo sustentable de nuestro país, pero no ya para unos pocos, sino para todas las personas que habiten su territorio.