El apartheid judicial o el caso de Martin Larraín

---

Este apartheid judicial colma la paciencia de varios. Se es espectador de estas injusticias pero no se hace mucho por cambiarlo. Esto ocurre y seguirá ocurriendo y todos saben, en el fondo, lo que hace que unos tengan la posibilidad de eximirse y otros no. La desigualdad económica es brutal pero es mucho más grave cuando se amplía hacia la justicia donde suponemos que todos somos iguales ante la ley.

Es de conocimiento público la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes que condenó a Martín Larraín, hijo del senador Carlos Larraín, a 540 días de presidio menor por el mortal atropello de Hernán del Carmen Canales Canales, ocurrido el 18 de septiembre de 2013 en la comuna de Pelluhue. Esto implica que cumplirá su castigo en libertad, con la remisión condicional de la pena, sujeto a control de Gendarmería,  y además incluye la suspensión de su licencia de conducir por dos años.

Con estos antecedentes y por la condena en redes sociales respecto al fallo,  me viene a la memoria un concepto que hasta hace unas décadas, definía las diferencias raciales macabras tanto en Sudáfrica como en Namibia y de un modo más suavizado en Estados Unidos. La idea fundamental de un Apartheid es segregar: separar por condiciones humanas tan básicas como el hecho de ser diferentes y a partir de esa base establecer abismos entre las oportunidades para unos y otros. Pues esta definición es la que mejor describe la situación de Larraín: una justicia para ricos, una justicia para pobres.

Sabemos que existieron irregularidades  en el proceso que nos hacen pensar /comprobar el rumorsillo acerca del uso de todos los mecanismos, influencias y poder a los que podía acceder Larraín padre e hijo para evitar el encarcelamiento convencional. Pues bien las irregularidades comenzaron a levantar sospechas acerca de la real y completa inocencia del imputado (entendemos la máxima “el que nada hace, nada teme») la primera autopsia tenía errores que determinaron no sólo el despido del perito a cargo de ésta sino que también el forense Luis Ravanal que da cuenta de ello y como consecuencia fue excluido por el tribunal de Cauquenes de participar en el juicio oral. No olvidemos también que se accedió a la familia de la víctima y se pagó una suma de dinero para que desistiesen de la querella. Pues entonces comenzó a tomar fuerza la idea tácita en esas acciones: hay justicia según el estrato económico.  Hay otros casos emblemáticos como el de Herrera-Casassus, pero eso es harina de otro costal: otro saco pero la misma harina.

En Chile la población ABC1 a la cual, evidentemente pertenece la familia Larraín es sólo un 7% del total nacional. Sin embargo, el grueso de la población en Chile es clase media, clase media baja y pobreza: C3 con 22%, D con 34% y E con 20%, respectivamente. En términos simples más del 76% del país no podrá acceder porque sencillamente no tiene los recursos o deberá endeudarse para pagar un abogado y todos los costos que implica un proceso legal, o lo que es peor, no tendrá influencias en el poder como para acotar condenas. Son los que reciben las penas de 4 a 5 años en cárcel, no son los que tienen reclusión nocturna, firma mensual o cumplimiento de condena en libertad mucho menos pagar indemnizaciones a los afectados a modo de “compensación” o en términos simples, suspendan el proceso. ¿Por qué ese 76% que es mayoría no tiene los beneficios de esa minoría? A veces da la impresión que vivimos el mismo contexto de la Revolución Francesa: una mayoría trabajadora sin derechos pero sí cumpliendo muchos deberes y una minoría que está por encima de la ley, con derechos y privilegios pero sin deberes.

Este apartheid judicial colma la paciencia de varios. Se es espectador de estas injusticias pero no se hace mucho por cambiarlo. Esto ocurre y seguirá ocurriendo y todos saben, en el fondo, lo que hace que unos tengan la posibilidad de eximirse y otros no. La desigualdad económica es brutal pero es mucho más grave cuando se amplía hacia la justicia donde suponemos que todos somos iguales ante la ley. Al parecer no es así y claramente hay justicia para ricos y justicia para pobres: no esperemos a que un Mandela o un Luther King chilenos nos recuerden lo obvio que ocurre aquí.