La doctora Nora Volkow está de visita en el país. Ella es directora del NIDA, la más importante institución que estudia el asunto de las drogas en los Estados Unidos de América.
Volkow afirma afirma que en aquel país mueren al año por consumo de tabaco 440.000 personas, 100.000 por consumo de alcohol y 40.000 por consumo de otras drogas, razón por la cual está en contra de la regularización del consumo y la provisión de cualquier sustancia psicoactiva ilícita, pero ella omite decir que entre las muertes atribuidas a esas sustancia ilícitas ninguna lo ha sido por cannabis. Ni en ese país ni en ningún otro nunca se ha reportado una muerte científicamente atribuida al consumo de cannabis.Los errores políticos en el asunto de las drogas están causando que en el mundo tengamos muchos más muertos por el control penal a su provisión y consumo, que a la ingesta de las mismas, que en el caso de la cannabis, que representa el 90% del consumo de todas las drogas, no existen.
Nadie en el campo científico pretende que el consumo de cannabis sea inocuo para la salud biológica y mental de las personas, todos reconocen que puede ser perjudicial para el desarrollo cognitivo y conductual de los menores de edad. Pero, la peligrosidad de una sustancia, o de una conducta, se mide por el porcentaje de muertes que causa entre sus usuarios o entre quienes practican una conducta determinada, por ejemplo, los automóviles matan más personas que el tabaco, el alcohol o las otras drogas.
El asunto del consumo de drogas, de la función de utilidad que ellas tienen para sus usuarios y los riesgos que implican sus diversas maneras de emplearlas es un asunto científico y sanitario, pero la prevención del consumo y el control de su provisión es un asunto político. Los errores políticos en el asunto de las drogas están causando que en el mundo tengamos muchos más muertos por el control penal a su provisión y consumo, que a la ingesta de las mismas, que en el caso de la cannabis, que representa el 90% del consumo de todas las drogas, no existen. Que en Chile se detengan al año (2011) 85.000 personas por infracciones a la ley de drogas, el 55% de todos los detenidos por todos los delitos en el país, donde de aquellas más del 75% fueron detenidas por porte y consumo, también es un grave error político en la política criminal y de seguridad ciudadana.
Es de sensatez y conveniencia política asumir las propuestas de la Comisión Global de Drogas, conformada por el ex Secretario General de la Naciones Unidas, Kofi Annan, los ex presidentes Cardoso, Gaviria, Lagos, Carter, Zedillo y Fox, de Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos de América y México; quienes han declarado que: “La guerra global contra las drogas ha fracasado”, así como han propuesto “Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos”. Asimismo, deben ser atendidas las recomendaciones del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien afirma que: “Las variaciones entre las reglas que actualmente se aplican al tabaco y al alcohol ilustran la amplia gama de posibles políticas que se podrían aplicar a los mercados regulados de drogas actualmente ilícitas”.
Entretanto, seguimos esperando el cumplimiento de los compromisos en el asunto de drogas de la Presidenta Bachelet, quien en su Programa planteó: “Revisaremos la ley 20.000, entregando el conocimiento de las faltas consideradas en esta norma, ya no a la justicia penal, sino a los Juzgados de Policía Local. Entregaremos a la potestad reglamentaria de ejecución, la determinación de los niveles o cuantía de droga que debe considerarse constitutiva de micro tráfico y, consecuentemente, aquella que le está permitido portar a una persona para su consumo personal inmediato en el tiempo. Revisaremos el Reglamento que considera a la marihuana en la lista 1) entre las drogas más peligrosas”. Por ahora, solo sabemos que está para su firma un decreto que agrega nuevas drogas a la lista de las sustancias prohibidas, lo cual aumentará el número de detenidos, procesados y sancionados por drogas en desmedro de otras prioridades de la población en seguridad ciudadana.
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