Gestión sustentable de los residuos en Chile: Una ley que falta

Entre los tristes “récords” que ostenta nuestro país, debemos “mala gloriarnos” de ser uno de los pocos estados que carece de un instrumento legal que propicie una gestión sustentable de los residuos.

 

 

Los municipios, además de distraer fondos valiosísimos y escasos en recolección y disposición de basuras, se encuentran fuertemente endeudados y prisioneros de los dueños de los botaderos de residuos.

 

A modo de ejemplo, Valparaíso, el municipio en el cual se domicilia nuestro Congreso, gasta cerca de 40 mil pesos por cada una de las 100 mil toneladas de desechos que deposita anualmente en el vertedero de El Molle, el que está ubicado, por cierto, en el sector más pobre de la urbe porteña. Lo increíble es que la ciudad es dueña del lugar y, sin embargo, paga por recolectarle y entregarle al concesionario del sitio, residuos que éste luego comercializa. El resto sin valor comercial -en este esquema- es esencialmente comida. Sí, comida, leyó bien, se entierra dejando a la Providencia el que la degradación del recurso no contamine, ad eternum, las napas de aguas, genere gases de efecto invernadero o, como ya ha ocurrido, contamine a los incautos compradores de viviendas sociales construidas sobre vertederos abandonados.

 

El Ministerio del Medio Ambiente chileno se encuentra estudiando desde hace ya casi un lustro un proyecto de Ley General de Residuos. Más allá del trascendido y el rumor, es bien poco lo que se sabe del texto final que será sometido a discusión, aunque las señales son preocupantes. Se ha hablado de generar incentivos económicos al reciclaje, de responsabilidad extendida del productor y otros tópicos que delatan que se mantiene la tendencia de los últimos veinte años en que una particular visión de lo que son los aspectos económicos de la sustentabilidad se ha impuesto.

 

De más resulta recordar que existe un amplísimo consenso en que una gestión sustentable es aquella que pondera, con equidad intra y extra generacional, los factores ambientales, sociales y económicos.

 

En este contexto, un proceso legislativo encaminado a la dictación de una Ley General de Residuos, brindará una oportunidad para poder consensuar un texto que, en suma, prime, informe y oriente una gestión sustentable de residuos sólidos en Chile, sobre la base de cuatro pilares o ideas centrales.

 

Primero, elevar a rango legal la actual Política de Residuos Sólidos, sancionada por el entonces Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente el año 2005, la que si bien es letra muerta hasta la fecha, consagra acertadamente una estrategia jerarquizada en la gestión de residuos. Esto es, priorizar planes y acciones destinados a evitar que se generen residuos, reducir aquellos que de todas maneras se produzcan, tratar y valorizar en toda la cadena de residuos y, en última instancia, disponer residuos inertes de manera adecuada. Lo anterior permitiría dar un giro copernicano al orden de prioridades actual, donde se malgastan miles de millones de pesos en estudios, adquisición de terrenos e implementación de rellenos sanitarios, para redestinarlas a educación ambiental, centros de tratamiento y valorización de residuos y endurecer normas respecto a la generación absurda de residuos por parte de productores de bienes, esencialmente, suntuarios.

 

En segundo lugar, la norma debiera fortalecer las capacidades de prevención, gestión y participación de las municipalidades. La Ley 20.417 se limitó a consagrar la existencia de Direcciones Ambientales Municipales, donde la gestión integral de residuos es una de sus principales funciones. Lamentablemente, nada dijo sobre recursos e infraestructura con que los municipios puedan asumir esta tarea, omisión que es indispensable salvar en esta Ley a fin de replicar, de manera rápida y masiva, modelos como el que la comuna de La Pintana implementa hace ya casi una década con increíbles resultados.

 

Otro factor que debiera considerar esta ley, es la abismante dispersión de normas y atribuciones sobre la materia que existe en Chile. Realmente bien poco es lo que pueden hacer los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente, si consideramos que los escasos recursos existentes para el tema están bajo la tutela de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y que el grueso de la normativa y fiscalización sobre el tema se encuentra radicada en Salud. En este sentido, si hoy, a Dios gracias, no hay un relleno sanitario en la Isla de Pascua, se debió a la tenaz y noble oposición de la gente de la Unidad de Residuos Sólidos de la entonces Conama quienes, se dice, hasta combos debieron sumar a sus argumentos para evitar la locura de enterrar residuos en una Isla, que con entusiasmo digno de mejor causa, propiciaban los ministerios de Salud e Interior.

 

Finalmente, no puede estar ausente de una probable Ley, el reconocimiento de la función social del Reciclaje Inclusivo. Cerca de 70 mil anónimos y esforzados emprendedores, recorren diariamente nuestras calles y barrios, para responder con más de un ¡70 por ciento de todo lo que se recicla en Chile! Huérfanos de normas  que los amparen previsional o sanitariamente o que, al menos,  incentiven su organización, esta Ley es una oportunidad para que el país salde la enorme deuda con nuestros recicladores. En este sentido la norma debe contemplar, necesariamente, un estatuto jurídico que los dote de derechos laborales, les entregue competencias para su emprendimiento, y facilite y regule su relación con los municipios, grandes generadores de residuos y los ciudadanos.

 

Una Ley General de Residuos que descanse sobre estos cuatro pilares, implicará un enorme avance para Chile, permitiendo abatir, al menos, uno de nuestros dudosos blasones en materia de depredación e irresponsabilidad con el medio.

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Foto: TuTuWon / Licencia CC