El día martes 31 de agosto hemos sido testigos de otro acto de violencia policial cometido en contra del migrante haitiano Louis Gentil en La Ligua. Este no es un caso aislado. La arbitrariedad y el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros son usuales, y por lo mismo las violaciones a los derechos humanos parecen ser más la regla que la excepción cuando de grupos históricamente discriminados se trata. En particular, el perjuicio en contra de personas racializadas como las de origen indígena y afrodescendientes ha sido notorio. Un caso emblemático es el de la madre haitiana Joane Florvil el año 2017.
Esta situación ha sido advertida por variados estudios académicos que indican que parte del problema radica en la forma en que se ha construido un “sujeto criminal” y la noción de “orden público” entre las fuerzas armadas y de orden[1]. Estas investigaciones indican que existe una concentración de las acciones de criminalización sobre todo en contra de grupos racializados (sobre todo migrantes, afrodescendientes e indígenas), personas en situación de calle, personas con condiciones de salud mental especiales y disidencias sexuales, principalmente jóvenes. Dichos preceptos tienen su origen a fines del siglo XIX y principios del XX[2], siendo incluidas precisiones y nuevos argumentos en distintos momentos del siglo XX[3].Es evidente que la policía chilena reproduce institucionalmente prácticas racistas que se encuentran además en el ordenamiento legal y en pautas de conducta establecidas
Los vínculos entre este tipo de discursos e ideas con las diversas expresiones históricas del racismo se encuentra bien estudiada, por lo mismo es fundamental visibilizar de forma clara este tipo de continuidades lo que se convierte en un deber para quiénes nos dedicamos a la investigación con fondos públicos. En efecto, las manifestaciones últimas del racismo, entre las que se incluyen los múltiples ataques que ha sufrido la machi Francisco Linconao, son solo la punta del iceberg de un problema muchísimo más profundo y arraigado. Si queremos mejorar nuestra democracia, como sociedad estamos obligados a lidiar con esta realidad buscando activamente eliminar este flagelo.
Es evidente que la policía chilena reproduce institucionalmente prácticas racistas que se encuentran además en el ordenamiento legal y en pautas de conducta establecidas. Más en general, no maneja protocolos adecuados y en su estructura no ha desarrollado formas de intervención en situaciones de alteración del orden público que permitan resguardar la seguridad y los derechos fundamentales de las personas involucradas. Tanto aquéllas que son parte del conflicto como de los transeúntes que son testigos de estas circunstancias. Por lo mismo, el actuar de Carabineros reproduce sesgos, estereotipos y exclusiones históricas. El caso del joven Francisco Martínez en Panguipulli el año pasado es otra prueba de ello.
Estos hechos nos hablan de una situación de emergencia que debe ser tratada por las actuales autoridades, y sin lugar a dudas en profundidad en los debates y deliberaciones de la Convención Constituyente. En definitiva, este caso es una nueva razón para asumir con urgencia la necesaria refundación de Carabineros de Chile.
Catalina Soto Rodríguez
Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos
Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades
[1] Una de las más recientes es la tesis de Paz Irarrazaval en el 2018 “Equality in the streets: policing public order in Chile”, Kings´College London.
[2] Barros Ovalle, P. N. (1900). Manual de antropometría criminal i jeneral. Santiago: Imprenta particular de Enrique Blanchard Chessi. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8883.html
[3] León, M. A. (2015). Construyendo un sujeto criminal: Criminología, criminalidad y sociedad en Chile. Siglos XIX y XX. Editorial Universitaria de Chile.
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