Los constantes casos de abuso contra menores que suceden día a día se han hecho visibles luego de la brutal violación sufrida por Ámbar. La postura en las calles, reflejada en la opinión pública nos convoca a revisar los procedimientos y castigos de quienes dañan a los más débiles de la sociedad, nuestros niños.
Es en este escenario que el Ejecutivo recoge el guante y presenta una “indicación sustitutiva” para hacer imprescriptibles los delitos sexuales contra menores. Acción correcta dirán algunos, populismo penal dirán otros, lo cierto es que ya varios países del mundo han avanzado en cambios legislativos tendientes a dar mayores garantías para la sanción de este tipo de delitos que afectan gravemente el sentir de una sociedad. Argentina, Ecuador o Estados Unidos son algunos ejemplos.
Chile dará este debate tan necesario en el Congreso Nacional y nuestra postura está en concordancia con lo que se ha legislado en países vecinos, los organismos internacionales, lo propuesto por organizaciones sociales, ONG´s y el Ejecutivo. Para nosotros es recomendable apoyar la indicación, agregando elementos que enriquezcan el debate y posibiliten una discusión política de mayor integralidad, que ponga en el centro el resguardo a niños y niñas, haciéndose cargo de las falencias de nuestras instituciones y procedimientos.La medida propuesta por el Poder Ejecutivo aparece como una medida razonable dentro del contexto global y local, pero que tiene que ir aparejada a una serie de iniciativas más, siempre en consideración de las realidades particulares de cada territorio de nuestro país.
De esta manera, es importante tener claros los efectos de los cambios planteados, ampliar o eliminar el plazo de persecución de los delitos sexuales contra menores son medidas que no brindan necesariamente mejores garantías para las víctimas, por ejemplo, no es menos cierto que al implementar estos cambios en la prescripción o eliminarla de plano podría hacer difícil obtener pruebas suficientes, que no se hayan afectado por el paso del tiempo. Ahora bien, en este caso, ya los Tribunales de Justicia chilenos han enfrentado estas dificultades con las causas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en la dictadura cívico militar en los años 70. De todos modos, nos parece fundamental fortalecer los canales de denuncia para que éstas se hagan en el tiempo más próximo posible desde la comisión del delito.
De la misma forma, es deseable que desde el Estado exista un mayor acompañamiento a las víctimas de este tipo de delitos, para que las secuelas tanto físicas como mentales puedan diluirse de la mejor forma posible y en el mejor plazo. En paralelo, no es posible pasar por alto que el nivel socioeconómico de la población incide directamente en la comisión de estos delitos, por lo tanto, en sectores vulnerables los planes preventivos con foco en la educación son vitales.
En síntesis, la medida propuesta por el Poder Ejecutivo aparece como una medida razonable dentro del contexto global y local, pero que tiene que ir aparejada a una serie de iniciativas más, siempre en consideración de las realidades particulares de cada territorio de nuestro país. La flexibilidad en las futuras modificaciones legales y en la aplicación de la política pública acerca de los menores, es algo deseable a la luz de esta iniciativa del ejecutivo, las evaluaciones deberán ser integrales y periódicas si se busca de verdad abordar esta problemática.
Por Adrián Prieto Farías / Área Legislativa ICAL.
Comentarios
12 de junio
Como muchas iniciativas de este tipo, nuestro congreso será solo un buzón, esto ya esta aprobado por los organismos internacionales controlados ideológicamente, por lo tanto será tarde o temprano ley. El problema con este tipo de procedimiento, que esta pensado para perseguir y destruir a poderosos y políticos, es que será una «caja de pandora», ¿quien podrá controlarlo?, al principio afectará a quienes esta dirigido, pero después hasta los mismos personeros de este Instituto Ideológico podrían ser víctimas de sus enemigos políticos, un desastre.
Si de verdad se desea proteger a los inocentes, deberían pensarse los marcos legales como país, con independencia, en el congreso y en debates abiertos e informados, de modo de alcanzar acuerdos para definir medios de pruebas y plazos que posibiliten hacer justicia y no aceptar estos procedimientos instrumentales para cazar brujas.
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