El agua: entre un Derecho Humano y un bien de consumo

Pese a que el modelo neoliberal fue implementado durante la dictadura militar, los efectos reales de este rotundo cambio en el sistema económico se dieron durante los primeros años de democracia. Con este nuevo sistema el Estado disminuyó su campo de acción y sus empresas fueron privatizadas y desnacionalizadas y, además, se redujo su rol como fiscalizador en materia de derecho.

---

Al dejar librado al mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas hoyas hidrográficas del país, el Estado no está cumpliendo su rol de garantizar los derechos de las personas ni velar por la integridad de estas mismas” (Mundaca 2011)

El agua es un elemento vital de gran importancia para el desarrollo de la sociedad: es un derecho humano. Sin embargo, en Chile el 80% de los derechos de aguas está en manos de privados de forma gratuita y a perpetuidad. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado.

A pesar que fue el Código de Aguas de 1981 el que permitió al Estado ceder los derechos de agua a empresas privadas, fue la Concertación la que terminó por consolidarlo, privatizando a las empresas de agua potable, específicamente bajo los gobiernos de Frei y Lagos.

Lo preocupante no es la privatización de estas aguas en sí, sino la falta de regulación que existe sobre estas empresas. El Estado no salvaguarda la igualdad de derechos pues hay ciudadanos que consumen agua a través de la red de agua potable y otros que están siendo abastecidos a través de camiones aljibes.

El modelo de desarrollo concentra este recurso en pocas manos con gran poder económico y este se regula meramente bajo criterios de responsabilidad económica. Hasta el día de hoy el “mercado de aguas” se ha regido como un mercado cualquiera donde el propietario privado de derechos de agua, los puede arrendar, comprar y vender como cualquier bien inmueble.

Por otro lado, no se paga por adquirir derechos de agua y quienes tienen derechos de uso de agua pueden cambiar el uso que le dan al agua de forma libre. Todo siempre a costa de las personas, que ante la enorme libertad de los privados y la prácticamente nula intervención o regulación del Estado se encuentran vulnerados.

La Constitución en su artículo 1º inciso 4º establece que: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Sin embargo, no lo garantiza de forma explícita, viéndose perjudicados algunos sectores de la población que no tienen acceso. La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso atenta directamente contra la vida de las personas. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad.

En Chile se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de chilenas y chilenos. Se paga el agua que se usa, la que se deshecha y la que se recicla, llegando incluso a ser una de las más caras de América Latina.

Lo interesante es que a pesar de que no exista ninguna regulación Estatal, sí existe un subsidio estatal, entonces, es un servicio del primer mundo, con precios del primer mundo para personas con sueldos del tercer mundo en un país con desigualdades del tercer mundo también.

La mera privatización no es el problema, sino las especulaciones, acaparamientos y el surgimiento de monopolios por falta de un marco regulatorio que evite irregularidades económicas y para proteja el medioambiente y los derechos de las personas.

Para lograr la consagración de este derecho hay que modificar código de aguas de forma radical o reestructurarlo, pero fundamentalmente se requiere un cambio en la Constitución respecto al reconocimiento, respeto, garantía y promoción de este derecho.