El pasado mes de abril se publicó la ley que establece la creación de planes de formación ciudadana para todos los establecimientos que impartan los niveles parvulario, básico y medio, con el fin inculcar una serie de valores y prácticas relacionadas con la participación y la construcción colectiva de la ciudadanía.
Esto se da en el marco de la reforma educacional, y también de la recuperación del abordaje de esta importante temática en el currículum nacional, el cual se vio reducido anteriormente a una visión técnica y hegemónica de las llamadas asignaturas “elementales”, dejando a un lado el principio de la transversalidad. Asimismo, no sólo hay que considerar la eliminación del ramo de educación cívica (que vuelve el próximo año para 3° y 4° medio), sino las demandas sentidas de estamentos de la comunidad educativa de mayor incidencia en la toma de decisiones de escuelas y liceos a través de procesos participativos, los que incluso se han manifestado a través de movilizaciones. Finalmente, se debe considerar el escenario actual de apatía política por parte de la sociedad, la cual se ha alejado del debate y las acciones públicas a propósito de los escándalos de corrupción y crisis de la política nacional.
En relación a esto último, se debe evitar caer en una concepción utilitarista del fin último de estos planes educativos, ya que si bien pueden ser un factor positivo a la hora de profundizar la democracia, no puede caer en un ánimo reactivo a propósito de la coyuntura actual. El proceso de despolitización de la sociedad y la proliferación de la desconfianza en la vía colectiva de la solución de los problemas data de hace muchos años, por tanto no se puede esperar convertir la política pública en una serie de iniciativas efectistas para ocultar una situación que requiere una visión estratégica para su solución.
Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que los establecimientos educacionales ya estén construyendo el plan, y éste se comience a implementar durante el segundo semestre de este año, abre una oportunidad de crear el ánimo de participar en los asuntos públicos, e ir derrotando poco a poco el individualismo y el desánimo en relación a renunciar a la política como vía de abordar los temas colectivos. De hecho la mal llamada “clase política”, concepto que muchos sectores políticos utilizan diariamente, es la muestra de cómo algunos buscan seguir manteniendo cautiva la actividad política en pocas manos, y los mismos ciudadanos que piensan que la política es de una “clase” renuncian a la soberanía popular que debería representar el régimen democrático.
En ese sentido, es muy loable cuando una normativa busca responder a una necesidad, pero la pregunta es cómo esa necesidad es sentida como propia en los espacios donde se trabajará, para que finalmente no sólo se responda a un mandato, sino que exista la conciencia de la relevancia de la elaboración y ejecución de estrategias de formación ciudadana. Ello nos lleva a otras preguntas: ¿se practica la ciudadanía en los colegios?, ¿es posible enseñar la democracia en un espacio donde no existe o bien tiene muchas limitaciones?, ¿qué espacios ciudadanos y democráticos debe tener la educación para formar ciudadanos desde la teoría y la práctica?, ¿puede un establecimiento innovar e ir más allá de lo que contemple la ley?
Si buscamos cambiar la actual Constitución por una nacida en democracia, es hora de abrir las puertas de la participación en el sistema educativo.
A mi juicio, las escuelas y liceos deben potenciar sus espacios colegiados y las orgánicas que representan a cada estamento: centros de alumnos, consejo de profesores, centros de padres y apoderados, organizaciones gremiales y sindicales de los trabajadores de la educación (docentes y no docentes) y consejos escolares. El trabajo en equipo y el respeto a la diversidad deben ser valores promovidos a todo nivel, y en ello los equipos directivos, sostenedores y la autoridad deben ser garantes, para que así cada uno desde su rol aporte a la formación ciudadana, y no se entienda como un aprendizaje a posteriori, sino que se vaya enseñando y paralelamente se ejerza en el colegio y fuera de él.
Por ejemplo, sería interesante en el marco de la formación ciudadana generar espacios para democratizar la construcción y modificación de los proyectos educativos institucionales (PEI) y planes de mejoramiento educativo (PME), y también fomentar actividades con la comunidad circundante a los establecimientos educacionales para fomentar la pertenencia del centro educativo al sector donde se inserta. De hecho, si buscamos cambiar la actual Constitución por una nacida en democracia, es hora de abrir las puertas de la participación en el sistema educativo. Esperemos que aquella visión se vaya trabajando a medida que los planes avancen, porque si no, se corre el riesgo de desperdiciar una oportunidad histórica de construir una sociedad mejor entre todas y todos.
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