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Una gran polémica han causado las vacaciones del Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a propósito de la definición presidencial de cambiar el carácter de “terrorista” al juicio contra comuneros mapuches, que hace unos días estaban en huelga de hambre. Y como es común en nuestro país, se priorizan debates que suelen ser secundarios, por lo menos en relación a los temas de fondo que, desde mi perspectiva, cotidianamente se dejan en segundo o tercer plano, sobre todo desde ciertos sectores políticos y de los medios de comunicación hegemónicos.
El tema son los siglos de resistencia del pueblo mapuche que ,a pesar de las políticas como la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, se niegan a ser asimilados a la sociedad chilena y quedar simplemente al alero de un concepto de “etnia”, relacionado hoy en día con una condición de minoría y perteneciente al folklore nacional. Ello se entrecruza con una de las políticas impuestas por la dictadura: “la ley antiterrorista”, hecha en el contexto de la doctrina de seguridad nacional, que hoy sigue pesando en las fuerzas armadas y de orden, como también en el tratamiento del “problema mapuche”.
Si bien es cierto, las posiciones al interior del mundo mapuche son diversas, sobre todo respecto de los objetivos y los métodos, me parece que en lo que sí hay consenso es en la característica política del conflicto, que ha sido desplazada por la perspectiva policial. En este caso, la no existencia de un juicio justo, es evidente, porque debido a la aplicación de la ley antiterrorista, se está en una investigación de más de un año, mientras los comuneros se encuentran privados de libertad. El desafío histórico es el término de una visión colonial y racista, y un reconocimiento de que nuestro país no es el pueblo uniforme que se nos quiere imponer como visión de Estado.
Esa es la discusión que el mundo político en su mayoría ha soslayado y evitado, centrando su atención en la supuesta renuncia de un Subsecretario, o bien criticando la posición de un Ministro “Sectorial” (las comillas a propósito del tono despectivo utilizado) que más allá que no tenga a su cargo las políticas de seguridad, si está al frente del quehacer del Estado en materia de pueblos originarios. La disyuntiva principal, o una de las principales, es precisamente si se seguirá en la lógica delictual, o bien, como ha ocurrido en otros países, se reconocerá la situación como abordable y solucionable desde el ámbito político.
Como el Ministro Barraza es más cercano a la postura al interior del Gobierno, de poder dar un trato diferente a la situación, lo que supedita lo policial a lo político, ha sido el blanco de las críticas, principalmente de la derecha, pero también en ciertos sectores de la Nueva Mayoría, a propósito de una defensa corporativa de la obra de la Concertación, y las posiciones de las distintas candidaturas presidenciales, que en el caso de las que se identifican con el actual mandato, si tienen matices y posturas divergentes en este punto. El responsabilizar al Ministro de Desarrollo Social de la crisis, representa una de las tantas cortinas de humo establecidas para evitar el tratamiento del problema principal: la política pública en materia de pueblos originarios y las demandas sociales y políticas desde el mundo indígena.
El desafío histórico es el término de una visión colonial y racista, y un reconocimiento de que nuestro país no es el pueblo uniforme que se nos quiere imponer como visión de Estado
Probablemente, en gobiernos anteriores esto no hubiera sido tema, ya que este gobierno ha asumido una identidad reformadora, y ha sido capaz de materializar demandas que por mucho tiempo fueron instaladas por organizaciones sociales, políticas y también por la ciudadanía movilizada: fin al binominal, construcción de un proyecto de nueva Constitución con participación, aborto en tres causales, gratuidad de la educación, desmunicipalización, reforma tributaria, etc. El hecho de ir avanzando e implementando políticas que van en la línea de asegurar por parte del Estado derechos humanos, sobre todo los de carácter económico y social, sin duda genera el cuestionamiento de por qué en el pasado no se pudo o no se quiso dar los pasos que hoy se dan, ello en relación a la composición política de la Nueva Mayoría y los partidos que antes conformaron la Concertación.
Ese cambio de mirada respecto de las reformas del actual gobierno, lamentablemente no ha calado lo suficiente para que podamos afirmar que hay un nuevo trato de las políticas hacia el pueblo mapuche, y de los pueblos originarios en general. El mismo ex Intendente Francisco Huenchumilla es un ejemplo de ello, al levantar una propuesta que generó escozor en el gobierno, particularmente del sector más defensor de la obra concertacionista, porque el documento afirma “que la estrategia judicial y policial, utilizado por los distintos gobiernos desde la década de los 90 a la fecha, está agotada”. Huenchumilla no negaba la persecución del delito, pero reflexionaba respecto del por qué un sector del pueblo mapuche optó por una vía no institucional.
El efectismo comunicacional de la detención de Héctor Llaitul y otros comuneros, la polémica del Subsecretario Aleuy y las críticas al Ministro Barraza marcan una continuidad respecto de la lógica de las cortinas de humo en el conflicto chileno-mapuche, y dificultan ciertas políticas que podrían representar un avance en la solución histórica, por ejemplo en la Consulta Indígena respecto de la Nueva Constitución, la que debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios y derechos que les corresponden como tales. El perdón de la Presidenta Bachelet tendrá valor si el gobierno es capaz de dejar un legado distinto de sus predecesores en esta materia, lo que llegado el momento deberá ponderarse. Lo que sí es claro, es que las posiciones de continuidad y de cambio son patentes entre un sector y otro, y ojalá esa confrontación de ideas ayude a que por lo menos se potencie la política por sobre las operaciones policiales como forma de comprender y actuar respecto del pueblo mapuche.
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Además de estar de acuerdo con que el problema de fondo una vez más de esquiva por sectores diversos, me parece que no es menor advertir que la «intervención» del ministro Barraza ocurre luego que el gobierno quita el carácter de terrorista a las acusaciones. Lo cual viene a intentar discutir el fondo: aquí hay un problema político y social y de deuda con nuestros originarios.
Lo importante es que las voces comienzan a salir y se multiplican. Bien por todas y todos los que habitamos Chile.