La historia de la educación chilena se puede interpretar en su totalidad analizando la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, de hecho, ambos elementos pueden representar la contradicción principal de nuestro sistema educativo en su desarrollo. La relación dialéctica entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, puede darnos luces de cómo ha sido el devenir de nuestro sistema de educación formal, de cómo evaluar la reforma actual, y también de cómo un gobierno de derecha puede abordar las políticas públicas de ese sector.
Durante los inicios de la reforma educacional presente, un sector de los dueños de colegios particulares subvencionados, y la representación política afín que los apoyó (principalmente Chile Vamos), afirmaron que se pretendía terminar con la educación particular, reviviendo conceptos ajenos al neoliberalismo, como “expropiaciones” o “estatización”. Nada más lejano a la realidad, de hecho, comparto la importancia que es relevar el debate sobre la educación particular, muy anterior a la pública, y que desde el desarrollo de esta última, siempre se ha respetado su función en el marco de un sistema mixto.
Finalmente, se desafía la lógica del Estado Subsidiario, por ejemplo creando Universidades y CFTs estatales, y desmunicipalizando la educación. Todo lo anterior en un sólo gobierno, falta mucho, pero se plantó una semilla difícil de destruir.
El problema es que la educación particular de la Iglesia o de la Sociedad de Instrucción Primaria en el siglo XIX y parte del XX, dista mucho de lo que hoy es la educación privada en Chile. Contrapongo el concepto de “particular” al de “privada”, porque no era el ánimo principal de las instituciones mencionadas la ganancia económica, como era el caso de los colegios particulares subvencionados antes de la Ley de Inclusión Escolar. No había libertad de enseñanza como libertad de empresa en la educación como la conocemos hoy en el Chile Colonial, ni tampoco derecho a la educación, porque quienes recibían la educación de la Iglesia eran los sectores privilegiados (españoles y criollos), dejando a mestizos, indígenas y negros fuera, porque el objetivo era formar a quienes nos gobernaron.
En ese sentido, la democratización de la educación chilena comenzó en el proceso de Independencia, cuando la elite criolla funda el Instituto Nacional, siguiendo la impronta de la Ilustración, bajo la cual había que separar la Educación de la Iglesia, al contraponer la razón a la fe. Aquello fue la primera piedra de lo que sería el sistema de educación pública en Chile, y el proceso democratizador impulsado por la elite culminaría con la ley de instrucción primaria obligatoria, el que consagraba el derecho a la educación primaria para el pueblo. El problema era que dicha cobertura recién se logró décadas posteriores, cercana a la reforma de Frei Montalva, y en el intertanto una buena parte de la población no tenía educación básica, y las posibilidades de acceder a la media y superior era aún más escasas. Por tanto, el sistema seguía sin dar oportunidades al pueblo, desde el punto de vista de la calidad de vida y del desarrollo intelectual y laboral.
¿Cómo se avanzó? Pues con movilización, no sólo marchas por supuesto, sino poniendo en movimiento a las organizaciones sindicales, gremiales y sociales que representaban a los trabajadores. Esa fuerza fue capaz de incidir incluso en las políticas educacionales de la dictadura de Ibañez, y su logro máximo fue que el gobierno de Salvador Allende tomara como suya la propuesta del magisterio organizado en el SUTE: la Escuela Nacional Unificada, proyecto estigmatizado y borrado de la memoria colectiva. Sabemos lo que ocurrió después: golpe de Estado, genocidio, Constitución del 80 y los demás candados. En educación la contrarreforma fue la municipalización de la educación y la desarticulación de las sedes regionales de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Lo anterior, junto a la LOCE, el binominal, los quorum calificados y la política de los consensos, imposibilitaron cualquier cambio estructural, hasta antes de la reforma educacional.
¿Cómo se logra la necesidad de una reforma? Nuevamente, con movilización: estudiantes disconformes con el sistema crediticio en la educación superior, y a pesar de ello la Concertación logró profundizar dicho modelo con el CAE. También estudiantes secundarios criticaron la municipalización y la LOCE en la rebelión de los pingüinos, y el proceso cúlmine fue el año 2011 con el movimiento social por la educación, donde la gratuidad fue la principal demanda, hoy recogida e implementada gradualmente gracias a la madurez de un movimiento y la voluntad de un gobierno por recoger dicha necesidad.
¿Qué marcó la diferencia entre la Concertación y la Nueva Mayoría? Primero, que la última plantea un cambio estructural y de paradigma, que abarque todos los niveles educativos, cuestión que en la llamada “transición” nunca se abordó en el debate. Asimismo, el entender la educación como derecho social y no como bien de consumo, evidencia un viraje de la propia práctica concertacionista, como el aspecto crediticio en la educación superior y el lucro en la educación escolar. Es decir, retrocede la lógica mercantil. Finalmente, se desafía la lógica del Estado Subsidiario, por ejemplo creando Universidades y CFTs estatales, y desmunicipalizando la educación. Todo lo anterior en un sólo gobierno, falta mucho, pero se plantó una semilla difícil de destruir.
Próximos a un nuevo gobierno de derecha ¿Qué podemos esperar en educación? Sebastián Piñera y su sector comprenden que la gratuidad llegó para quedarse, pero que aun así, la lógica de los derechos sociales sólo es aceptada desde el punto de vista de ofrecer beneficios individuales, por lo que no se trata de un cambio cultural hacia lo colectivo y el bienestar social. Ese pensamiento está muy vinculado a las décadas en que el neoliberalismo ha permeado la conciencia de los chilenos y chilenas, y aquella mentalidad está tan instalada que será muy difícil de cambiar, menos en sólo cuatro años de reforma. Es decir, de nada sirve realizar transformaciones educacionales sin tener una perspectiva transformadora de la sociedad, en términos políticos, económicos y culturales. Eso lo deben entender las organizaciones y movimientos ligados a la educación, que a veces optan por actitudes gremialistas que dificultan el camino de los cambios. Hoy incluso la gratuidad puede ser entendida como bien de consumo, porque sigue siendo una política que si bien permite el ingreso y la permanencia, sigue estando enajenada de carácter público y compromiso social con el desarrollo del país.
El futuro Ministro de Educación, Gerardo Varela, es abogado experto en derecho corporativo y de propiedad. En otras palabras, su designación es un guiño a los sostenedores particulares subvencionados a favor del lucro. Incluso una persona muy crítica de la reforma por su nivel de profundidad, deberá comprender que su legado debe defenderse, en vista de que hay que mantener lo avanzado para lograr más, y dado que en un gobierno como el que viene será difícil, defender lo conquistado hasta el momento se vuelve un deber, sobre todo las políticas que benefician directamente a las personas, como también las que promueven un cambio de paradigma, como la formación ciudadana. Es algo natural que el futuro gobierno busque volver a fortalecer la libertad de enseñanza, y frente a eso, la oposición y las organizaciones sociales deben luchar para que el derecho a la educación gane la batalla de ideas y se transforme en el valor hegemónico del pueblo chileno, para volver a democratizar el sistema educativo y la sociedad en su conjunto.
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