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Educación Inclusiva

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Sería otro el debate si quienes celebran los discursos diciendo “esta es la reforma más importante de la historia” y “necesitamos educación gratuita y de calidad para todos” fueran frases que están realmente fundadas en las bases de la oportunidad para la mayor parte de los chilenos, y no para quienes hoy representan el 20% con mayores recursos y posibilidades de acceso.

El debate educacional está lleno de mitos, como dice la columna de José Joaquín Brunner y también está lleno de desigualdades e injusticia. Tanto el movimiento estudiantil como el gobierno han puesto el enfoque en la educación superior, y ambos con distinta intensidad quizás, han hecho guiños a los secundarios para incluir sus demandas y obtener soluciones. Es valorable que los estudiantes hayan puesto el tema en debate, ya que pusieron en la agenda del gobierno un tema que hubiese sido abordado, pero no con la fuerza que se está haciendo. Pero a pesar que la intención es sublime, el resultado es desalentador.

Es desalentador primero porque se le asigna al estado un poder sanador que está lejos de alcanzar, y esto se puede deducir solo observando que aunque se hagan todos los esfuerzos y fiscalizaciones, existen vacíos legales que permiten lucrar a costa de la educación; entonces, ¿Cómo este mismo estado va a dar garantías necesarias para tener educación pública de calidad e inclusiva para todos?.

Quedó en evidencia en el Informe de la comisión investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior que primero no llegaron todos los antecedentes solicitados a las Universidades en cuestión (sin considerar laspertenecientes al CRUCH) y que a pesar de ser evidente el lucro, no existe un juicio final al respecto donde se mencionen faltas a la ley vigente, de hecho el “Informe” es más una acumulación de testimonios que de evidencias. Esto tiene que cambiar, pero para ello debe haber una intención y una determinación más allá de las palabras en el congreso y sus miembros, diputados y senadores, tiene la oportunidad y la obligación de hacer los estudios necesarios para modificar y legislar al respecto.

Pero más allá del debate sobre el funcionamiento de la educación superior, que es prioritario, pero no de primer orden (y se está llevando bastantes recursos en cuanto al tiempo invertido en discusión), existe otro que si lo es: la educación técnica profesional, secundaria y primaria.

Cambiar el eje de la discusión no es del interés de quienes están hoy debatiendo el tema, no hay propuestas ni tampoco respuestas, aún cuando sean los alumnos con menores posibilidades los que también se queden con menos recursos; porque al menos en los números son estos los que buscan CFT, Institutos y Universidades no incluidas en esta negociación, donde la mano del estado no llega. De las siguientes consideraciones, al final se plantean algunas preguntas

Ahora si midiéramos que tan “efectivos” fueron quienes rindieron respecto a los 86 mil seleccionados, quedamos con la siguiente distribución: de los 83 mil alumnos de establecimientos municipales que rindieron el  28% quedo seleccionado, de los 121 mil de los alumnos de establecimientos subvencionados que rindieron el 37% quedo seleccionado y de los 24 mil alumnos de establecimientos pagados que rindieron el 73%; en proporción son los establecimientos pagados los aventajados.

Preguntas,

  1. ¿Porqué deberían concentrase los recursos en la educación superior?
  2. ¿Mejora el acceso de los grupos E, D y C3 a la universidad haciéndola gratuita?
  3. ¿Porqué el discurso del gobierno y de los líderes del movimiento no hace énfasis en la educación primaria y secundaria, como un medio para la igualdad de oportunidades?
  4. Las demandas estudiantiles y soluciones del gobierno ¿Están siendo más inclusivas o segregadoras considerando a quienes beneficiarían?

Sería otro el debate si quienes celebran los discursos diciendo “esta es la reforma más importante de la historia” y “necesitamos educación gratuita y de calidad para todos” fueran frases que están realmente fundadas en las bases de la oportunidad para la mayor parte de los chilenos, y no para quienes hoy representan el 20% con mayores recursos y posibilidades de acceso.

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