Recientemente se ha presentado el Proyecto de Resolución N°1573 en la Cámara de Diputados. Dicho documento solicita la prórroga del proceso de instalación de los quince Servicios Locales de Educación Pública que debieran comenzar a funcionar a partir del año 2022, cuyo proceso ya comenzó el presente año.
La resolución funda tal petición en que dada la pandemia, “… la instalación y proceso de
desmunicipalización se ha complicado, aún más, por diversos factores técnicos, económicos y humanos de los trabajadores de la educación pública” y, por otro lado, en la instalación de la Convención Constituyente, la que podría, desde su perspectiva, “alterar sustancialmente las reglas aplicables al sector educación”. Ambos argumentos son completamente infundados.
Hasta hoy se han implementado once Servicios Locales de Educación, SLE, algunos de ellos vivieron su fase de preparación en plenas condiciones de pandemia y comenzaron a funcionar en marzo recién pasado.Para algunos la gradualidad en la implementación de la Nueva Educación Pública era necesaria para su mejor y segura implementación; para otros, fue la aspiración de que en el camino se truncara, y se siguiera fortaleciendo la privatización de la matrícula.
La Dirección Nacional de Educación Pública ha ido ganando cada vez más experiencia en el proceso de preparación, y por lo mismo los problemas son cada vez menos. Aun así, han habido problemas, como el que ocurrió a fines de marzo en el SLE de Valparaíso, organismo que cometió graves errores en el pago de remuneraciones, lo que generó movilizaciones del magisterio, y que posteriormente corrigió.
Evidentemente se trata de procesos complejos, sin embargo ninguna complejidad justifica el intento de detener o aplazar su implementación. Es lo mismo que por diversos problemas que vivió la implementación de la Reforma Procesal Penal esta se hubiese detenido, pero no fue así. Los errores se deben corregir, el periodo de preparación en lo sustantivo, corresponde a procesos digitalizados, en los que la pandemia no influye decisivamente.
El argumento de que la instalación de la Convención Constituyente y las orientaciones que emanen de la Nueva Constitución, justifican prorrogar la implementación de una Ley vigente, no resiste análisis. ¿Se propone paralizar el país durante el proceso constituyente, a la espera de sus resultados? Si no es así, por qué paralizar la Nueva Educación Pública.
A lo anterior se suman diversos mitos que buscan postergar la implementación de la Nueva Educación Pública. Se señala que no hay recursos para su implementación, sin embargo la Ley está completamente financiada. Otros anuncian despidos de profesores, profesoras y Asistentes de la Educación; sin embargo, el traspaso de las plantas docentes y de asistentes es sin solución de continuidad, nadie ha sido despedido en el traspaso. Es más, los y las asistentes de la educación, al ser trasapasados, serán incorporados al nuevo estatuto con mejoría de salarios y condiciones laborales, lo cual se postergaría, en caso de prosperar la prórroga que solicita dicho Proyecto. Se amenaza con el no pago de deudas de los municipios; sin embargo, la Ley es taxativa en su pago. Esta verdadera campaña del terror continúa señalando que se recibirá menos salario, en consecuencia que la Ley señala que nadie sufrirá menoscabo salarial.
La Ley requiere de perfecciones, que ya deberían ser materia de discusión parlamentaria, como por ejemplo, una mayor precisión de las plantas que se requieren en los niveles centrales y que el Estado debería financiar íntegramente, (no por voucher), su educación pública. La vinculación sistémica ,de los SLE con la Formación Inicial Docente, para centros de practicas, apoyo y experimentación pedagógica entre varios otros, fortalecería el Sistema Nacional de Educación Pública
Sorprende que quienes buscan atrasar la implementación de la Nueva Educación Pública, no se refieran, con claridad, a un grave problema que le compete a los municipios y que se debe resolver a la brevedad; se trata del derecho al trabajo y estabilidad de los funcionarios municipales que cumplían funciones en los niveles centrales. Son funcionarios y funcionarias de alta calificación y experiencia profesional, los y las que, de no ganar concurso en los SLE, debieran continuar en sus plantas municipales. Resolver en justicia esta situación no puede ser pretexto para detener la Nueva Educación Pública
La educación pública de provisión del Estado es referente, en todo el mundo, de buena educación ; sin ir más lejos, la mayoría de los países de la OCDE, con quienes Chile gusta de compararse, poseen sólidos sistemas de Educación Pública estatal. De acuerdo a la inmensa mayoría del país, sobre el 80%, que se pronunció por que la educación pública volviera al Estado, dicha voluntad no puede ser burlada.
Para algunos la gradualidad en la implementación de la NEP era necesaria para su mejor y segura implementación; para otros, fue la aspiración de que en el camino se truncara, y se siguiera fortaleciendo la privatización de la matrícula. Estos últimos son los mismos que aplauden el mensaje presidencial que anuncia insistir en su ley de subvenciones o vaucher para la educación inicial, único nivel en donde la inmensa mayoría de la matrícula es pública y posee buena educación.
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