Desde hace ya bastante tiempo, quizá una década o más años, gracias a la irrupción de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, la transmisión de información es prácticamente inmediata y sin filtros o control de veracidad, producto de la rapidez con que se generan los archivos digitales que contienen información sobre hechos ocurridos o no, además de la presión por ser primero en hacer público esos hechos sin de la debida corroboración con fuentes confiables, colaboran con la proliferación de noticias e información de baja calidad o cuestionables en sus fuentes. Asimismo, también colabora con la desinformación la intensión inequívoca de comunicar intencionadamente de forma parcial o convenientemente editada partes de un hecho que se intenta comunicar masivamente.
Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP) las noticias falsas (o fake news, en inglés) es una conceptualización que se utiliza para comprender las acciones de divulgación de información o noticias derechamente engañosas o que pueden conducir a error o engaño, todo lo anterior en contexto que se denominó de “posverdad”, término definido por el diccionario británico de Oxford para significar las circunstancias en que los hechos objetivos no son trascendentes sino las apelaciones a la emocionalidad o creencias personales a la hora de influir o modelar a la opinión pública. Asimismo, la RAE define a la “posverdad” como una palabra de origen inglés en la que se distorsiona deliberadamente una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública en actitudes sociales.Frente a este fenómeno instalado de las noticias falsas surge la amenaza sobre el control al poder político, al equilibrio de las funciones del Estado y la transparencia en su acción
Estos fenómenos de las noticias falsas en la era de la posverdad no son ajenas a lo que se vive en Chile con el proceso constituyente radicado en la Convención Constitucional. Son varios los ejemplos en que se han masificado (des)informaciones de hechos ocurridos al interior de este órgano supremo que debate y redacta un proyecto de nueva Constitución política para el país, las que se han compartido en redes sociales bajo el manto del derecho a la libre expresión, sin embargo, la consecuencia de su proliferación en dichas redes es manipular y engañar.
Frente a este fenómeno instalado de las noticias falsas surge la amenaza sobre el control al poder político, al equilibrio de las funciones del Estado y la transparencia en su acción. Pues ya hemos visto los efectos de la manipulación de elecciones en la votación sobre el “Brexit” o la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2016; en el efecto que tuvo la viralización de noticias falsas en los resultados del plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia ese mismo año; la misma situación se observó en las elecciones de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en 2018.
La experiencia inédita de la convocatoria a una Convención constituyente en Chile no ha resultado con mejor suerte y desde antes de su instalación, inclusive, se han publicado en redes sociales noticias falsas o información se sesgada o derechamente errónea, para buscar manipular la percepción de la ciudadanía sobre la mala idea de discutir un proyecto de constitución política, o que el trabajo de los convencionales es deficiente e innecesario o cualquier mensaje que provoque el cuestionamiento de la ciudadanía y volcar en contra de la Convención y su trabajo la confianza de la ciudadanía.
Un aspecto que resulta llamativo es que las vinculaciones probadas o evidenciadas en la propagación de información errónea o derechamente falsa es que este es un fenómeno que se observa transversal en el espectro político, pero lo que ha mostrado la evidencia es que quien tenga mayor acceso a recursos que le permitan la compra de estos espacios digitales de publicidad, adquieren la posibilidad de influir o derechamente manipular la formación del criterio sobre un tema en particular en millones de personas en un país.
Según el primer estudio empírico de opinión pública sobre noticias falsas en Chile publicado en la revista Digital Journalism en junio de 2019 por parte de Sebastián Valenzuela[1], junto a Daniel Halpern, James E. Katz y Juan Pablo Miranda[2], entre 2017 y 2018 en nuestro país al menos el 75 % de los encuestados informaron estar al tanto de al menos cuatro afirmaciones que eran falsas, y que la proporción de los encuestados que consideran veraces dichas afirmaciones es considerablemente menor (según sus autores sería un 24 % de los encuestados).
Asimismo, un estudio sobre el “lado ‘B’ de Internet” elaborado y publicado por Tren digital (Think Tank de la Universidad Católica) y Media Interactive muestra el tiempo invertido en el uso de redes sociales (ver gráfico 1), donde se evidencia que las redes sociales pertenecientes a Meta[3] (Facebook, Whatsapp e Instagram) son las que concentran mayor uso entre los encuestados, y es donde se observa la mayor cantidad de eventos asociados a la promoción de noticias falsas.
Gráfico 1. Elaboración propia en base a datos publicados por Tren Digital-UC y Media interactive (Jul. 2017).
Peores evidencias se muestran en el sitio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky[4], quienes en un estudio aplicado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú muestra que el 70 % de los encuestados en Chile no logra diferenciar una noticia o información falsa o errónea, y que el 42 % no cuestiona lo que lee en la web o lo hace de vez en cuando.
En consecuencia, es imperioso establecer la necesidad de constituir en el alma de toda la sociedad de nuestro país la cultura de la transparencia en las acciones y en el ejercicio de cualquier cargo (público o privado), la costumbre de presentar rendiciones de cuenta periódicas y a todo nivel, así como también aceptar el deber de abrir espacios participativos para transmitir los puntos de vistas de aquellas personas o grupos de la sociedad con interés de participar en la toma de decisión en todos los ámbitos colectivos de la vida pública y privada (más conocido como gobernanza)
Las herramientas de transparencia institucionales, fundamentalmente públicas; también deben transformarse en una práctica común y permanente en el sector privado, son críticas a la hora de establecer no solo los límites respecto a los efectos de decisiones que se puedan tomar en seno de una empresa (pública o privada), agencia estatal, servicio u organización colectiva de orden privado, sino además son un mecanismo eficiente, eficaz y barato para contener los efectos de la transmisión de noticias falsas al tener a la mano, al ser de conocimiento público el comportamiento (las reuniones con grupos de interés, o las decisiones frente a determinados asuntos, por ejemplo), las acciones, medidas tomadas y declaraciones relacionados con temas de interés público o que afecten los intereses generales de la nación o una comunidad determinada.
No se sabe con certeza cuán profundo puede llegar a seguir impactando el uso y el desarrollo de estas tecnologías de la información en las relaciones sociales e individuales. Sin embargo, lo que sí se sabe con certeza es que es urgente tomar medidas de transparencia, rendición de cuentas y espacios a la participación informada, para reducir el espacio a la especulación o a la proliferación abundante de información, data o noticias falaces u erróneas, y de paso se construye una comunidad política deliberante, informada y comprometida con valores o principios como el respeto al disenso, tolerancia a la diversidad de discursos y garantía de la libre expresión, todos ellos comprometidos con formas de gobiernos democráticos y abiertos al control de una ciudadanía politizada y, por ende, más democrática.
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[1] Investigador del IMFD y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica
[2] Académicos de la Pontificia Universidad Católica y de Boston University.
[3] Un conglomerado empresarial tecnológico de la información social que posee el dominio sobre redes sociales como Facebook, Whatsapp e Instagram, siendo actualmente una de las más valiosas del mundo, según lo publicado por la bolsa electrónica de Nueva York (NASDAQ).
[4] Esta es una empresa de ciberseguridad e inteligencia en seguridad británica, que ofrece sus servicios desde 1997.
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