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De crisis del SENAME a Ministerio de Infancias: cambió el paradigma

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Es evidente que el actual sistema de protección infantil colapsó y es urgente y pertinente crear una nueva institucionalidad de infancia, que tenga recursos económicos, poder político y legitimidad social para garantizar efectivamente los derechos de prevención, protección y participación de la niñez (las llamadas tres P de la Convención de los Derechos del Niño).

Popularmente se dice que: “toda crisis es una oportunidad”. Ciertamente, la actual crisis que vive SENAME (Servicio Nacional de Menores) y todo el sistema llamado de protección de la niñez en Chile es una oportunidad para plantear la creación de un Ministerio de Infancias, basado en un nuevo paradigma que comprenda a las niñas y los niños como personas que merecen respeto, sujetos de derechos y actores sociales. Los numerosos casos de violencia sexual en contra de niños y particularmente de niñas, que han tenido gran repercusión mediática, logran instalar este tema en la agenda pública. Además, este debate llega oportunamente, justo cuando la sociedad chilena está viviendo un proceso de cuestionamiento y toma de conciencia de las relaciones jerárquicas y abusivas que se viven en áreas como la educación, el trabajo o los derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo, el tema de la situación de la niñez en general, y de la violencia sexual en particular, no han logrado situarse seriamente en el debate electoral, ni discutirse en el espacio público con altura de miras. Generalmente ha imperado un sensacionalismo mediático en los casos concretos. Para quienes hemos trabajado en el área de la intervención social directa con niñas y niños vulnerados en sus derechos, la situación descrita por el estudio de UNICEF y el Poder Judicial de Chile (ver reportaje CIPER) no es nada nuevo. Todo lo contrario, debido a sus características de funcionamiento, el propio sistema de protección de la infancia re-victimiza y, ocasionalmente, vulnera los mismos derechos que pretende garantizar o restituir. Tal como señala ese estudio, las razones de esta crisis son profundas: estructurales, políticas, sociales, económicas, culturales e históricas. Por ello, se exige hace años una nueva institucionalidad de infancia.

El paradigma que subyace en SENAME –desde su nombre, hasta la intervención directa- corresponde a la Doctrina de la situación irregular, surgida a fines del siglo XIX e inspirada en la compasión-represión que siente la sociedad frente a “los menores” pobres, abandonados o maltratados, quienes son “asistidos o intervenidos” por el Estado –con métodos incluso violentos, como el aislamiento o los castigos corporales- para evitar que se transformen en delincuentes.

Aunque el Estado de Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y el SENAME (y toda la red de organismos colaboradores) hicieron un verdadero esfuerzo por superar esa Doctrina e implementar un nuevo Enfoque de Derechos en su quehacer cotidiano (se realizaron demasiadas capacitaciones), lo cierto es que algunas intervenciones directas con las niñas y los niños más vulnerables siguen ancladas en la Doctrina de la situación irregular. Prueba de ello -como pone de manifiesto el estudio de UNICEF y el Poder Judicial- es que SENAME esté circunscrito al Ministerio de Justicia o los paupérrimos recursos económicos de estos proyectos que trabajan con la infancia más vulnerada que presenta situaciones de gran complejidad y, por lo tanto, requieren una intervención profesional del más alto nivel para lograr efectivamente la reparación del daño sufrido y la restitución de sus derechos vulnerados. Este asunto no es baladí, es un tema de Estado, porque la importancia que damos efectivamente –no solo en el discurso, sino con presupuestos y prácticas concretas- a nuestras niñas y niños más vulnerables implica el proyecto de sociedad que estamos construyendo.

Sin duda, la situación de la niñez contemporánea es un fenómeno social de gran complejidad. Por un lado, nuestra sociedad mira a las niñas y los niños con cierta ambivalencia: a veces es un asunto privado (problema familiar); a veces, público (problema social); en ocasiones se les ve con victimización (“la inocencia perdida”); otras, con idealización (“pequeños ángeles”); y otras, como un peligro (“pequeños demonios”). Todo esto, en un escenario donde las voces de sus protagonistas, las niñas y los niños, habitualmente están mediadas por el mundo adulto debido a la posición generacional y de género que ocupan socialmente. Ya lo decía Richard Farson en la década de los 80 en Estados Unidos, que la infancia era una de las últimas minorías que necesitaba liberarse de la opresión adultocéntrica en que vivimos.

Es evidente que el actual sistema de protección infantil colapsó y es urgente y pertinente crear una nueva institucionalidad de infancia, que tenga recursos económicos, poder político y legitimidad social para garantizar efectivamente los derechos de prevención, protección y participación de la niñez (las llamadas tres P de la Convención de los Derechos del Niño). Un Ministerio de Infancias sería la expresión concreta de contar con una verdadera Política Pública de Infancias y, asimismo, podría ser la institucionalidad idónea para coordinar y liderar las acciones aisladas que actualmente están en curso en torno a la niñez, algunas de ellas son: proyecto de ley que divide el SENAME en dos servicios de atención a la Infancia y Adolescencia (Boletín 8487-07 del Senado); proyecto de ley de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes (Boletín 8911-18 del Senado); proyecto de ley que crea la Defensoría de Infancia (Boletín 8489-07 del Senado) o Defensoría del Niño (Boletín 8509-07 del Senado); Programa Chile crece contigo, etc.

Además, un Ministerio de Infancias se ocuparía de velar por el respeto de los derechos de la niñez de manera transversal (similar al mainstreaming de género) en los otros organismos públicos que trabajan directamente con la niñez (JUNJI, INTEGRA, MINEDUC, MINSAL, etc.) y aquéllos que indirectamente afectan y, en cierto modo, determinan la vida infantil en sus familias, comunidades y la sociedad contemporánea (SERNAM, Vivienda, Transporte, Cultura, Seguridad Pública, Municipios, etc.). Por último, un Ministerio de Infancias tendría recursos económicos propios como partida del presupuesto del Estado y podría dedicarse a todos los asuntos que se vinculan con la niñez contemporánea, entendida como un fenómeno social global, no solo atendiendo a las niñas y los niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad –por lo tanto, alejándose de una mirada miserabilista-, sino viéndolo como un tema país.

Un país desarrollado no se mide solo por tener ingresos altos o ser miembros de la OCDE, lo importante es velar por el bienestar integral de todas las personas que habitan en nuestra sociedad, especialmente por las niñas y los niños porque se encuentran en múltiples posiciones de vulnerabilidad. Es una demanda ética a la que debemos responder.

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Foto: Carlos Jiménez / Licencia CC

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Comentarios

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11 de julio

Es una vergüenza!!!! Exigimos renuncia del sr Rolando Melo ,
exigimos creación de Ministerio de la Infancia!!!

11 de julio

Comparto la necesidad de reflexionar y actuar después de esta “crisis”, aunque es increíble que nos demoremos tanto. Han existido ya muchas situaciones graves de vulneraciones de derechos de los niños por parte de nuestra institucionalidad, demasiadas. Las cuales han evidenciado que SENAME vulnera los Derechos de los niños y niñas en Chile, siendo un servicio que no cumple con los requisitos mínimos para el cumplimiento de la CDN.
Pero los cambios, para que sean transformadores requieren mayor rigor de parte de nosotros, los ciudadanos adultos, menciono algunos puntos críticos:
1.-SENAME se crea en dictadura y es el primer servicio absolutamente neoliberal en Chile, basando su accionar en subvenciones a privados. De hecho, en dictadura, se intentó que incluso los centros privativos de libertad fueran privados, con horrendas consecuencias: Incendio y muerte de niños en “Casa Nacional”, por lo que esos centros volvieron a la administración del Estado. Lo que, con el actual modelo (SENAME) no fue garantía, pues hubo en tiempos de la concertación, más cárceles para niños y nuevos incendios y niños calcinados
2.-UNICEF ha sido cómplice de las peores políticas de infancia en nuestro país (cómo lo es la ley hoy que penaliza a los niños pobres y a los estudiantes movilizados). Empecemos a pensar la infancia desde nosotros mismos y no desde el departamento de estado de US.
3. Existe una larga historia de movimientos sociales e intelectuales por la infancia en latinoamérica y Chile que fueron castrados por la dictadura y por el posicionamiento de UNICEF cuya retórica avaló la nueva institucionalidad neoliberal en infancia(entidad que no fue la promotora principal de la CDN y cuya orientación histórica fue la beneficencia y siempre a estado controlada por US, país que no firmó la convención de los Derechos del Niño).
4.-La sociedad civil lleva años promoviendo un proyecto de Ley de protección Integral de la infancia que contemple el Ombusman. El proyecto entregado al parlamento fue desvirtuado por la clase política y UNICEF, quedando detenido hace un buen tiempo.
5.-Falta un debate serio y de fondo de la infancia en Chile. Propuestas reactivas hemos tenido muchas..y siempre terminan en soluciones retóricas.

juan zamudio

13 de julio

hay que hacer cambios en la legislación actual Chilena es un absurdo que el estado Chileno este adscrito a la convención de los derechos ala infancia , y no se respetan sus derechos

14 de julio

Compartimos plenamente el análisis y la propuesta. Hemos conocido 23 años de eludir encarar los problemas de fondo. Una sola inquietud, mucho se ha hablado del “informe sobre residencias” pero, de acuerdo a la declaración de la Corte Suprema del viernes pasado, tal informe está todavía en preparación y sólo se ha elaborado un boletín sobre Aldeas que fue criticado por problemas metodológicos, por profesionales contratados por la misma Corte¿de qué han estado hablando los medios entonces?.

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