Aprobado el proyecto de ley sobre no-discriminación en el Senado, proponemos mirar de manera más global la incidencia de la sociedad civil en las decisiones legislativas de nuestro país. Aquella depende de distintos factores institucionales y sociales. En primer lugar, varía según la forma de organización de las instituciones civiles, la línea editorial que sigan y el perfil activista o académico que orienta sus intervenciones. En segundo lugar, varía según las posiciones que pueden tomar los actores sobre diferentes temas de derechos humanos que van más allá del consenso mínimo que constituye el derecho internacional que obliga al Estado.
Ejemplificando las ideas anteriores, ilustramos dos de los temas de derechos humanos más controvertidos que han sido discutidos en el Congreso durante este año: la Ley de Medidas contra la Discriminación y aquellos intentos de regulación civil sobre uniones de parejas del mismo sexo. Ante la votación en el Senado de los dos proyectos, las estrategias de incidencia variaron según las intenciones de cada sector. Mientras algunas organizaciones usan las redes sociales para recordar a los congresistas sus compromisos adquiridos durante campañas y pronunciamientos previos, otras intervinieron directamente en las sesiones parlamentarias en las que se discute el proyecto que les interesa. Finalmente, otros grupos se organizaron anticipadamente para manifestarse con lienzos en las afueras y las tribunas del Congreso. Finalmente, académicos entregaron al Senado informes en derecho, ya sea en las mismas sesiones o por escrito. Hoy en día, gracias principalmente a la intervención de la sociedad civil en el proceso legislativo, contamos con un proyecto de ley en la sala de la Cámara de Diputados que incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías prohibidas de discriminación.
En definitiva, el trabajo de la sociedad civil que pretende incidir en las decisiones legislativas en tema de derechos humanos se construye en alianzas o individualmente, en función de los objetivos buscados, o la coordinación con otros grupos afines. También depende de la definición de estrategias que una u otra organización puede sentir más apropiadas a su mandato: la realización de campañas de difusión pública, informes temáticos, lobby político, litigación nacional e internacional, monitoreo del cumplimiento de obligaciones internacionales, entre otros.
Pasando de la esfera organizacional a la institucional, los problemas consisten en la constante sensación de falta de instancias de participación social con real alcance en la vida política, y la escasez de recursos para sistematizar y profundizar el trabajo de incidencia profesional. Ante estas dificultades, las instituciones con mayor experiencia deberían contribuir al surgimiento de nuevas organizaciones y formar redes de apoyo con instituciones académicas y políticas para promover la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones, en pos de una mayor transparencia y legitimidad de éstos procesos. Poco logrará la organización y coordinación de los actores sociales si la institucionalidad no prevé mecanismos eficientes y creíbles de participación, fortaleciendo una democracia que todavía da mucho para mejorar.
*Columna escrita para el Observatorio de Género y Equidad por Dinka Benítez y Judith Schönsteiner, Centro de Derechos Humanos UDP.
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Foto: Kena Lorenzini
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