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La criminalización de la protesta mapuche

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La aplicación de la Ley Antiterrorista, en el procesamiento de los presos políticos Mapuche de Choque, implicó numerosas arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso. Hubo secreto en la investigación, excesiva prisión preventiva, testigos sin rostro y condenas solicitadas por el Ministerio Público sobre 50 años para cada comunero; violaciones a sus derechos humanos, torturas, secuestro y hostigamiento, y cómo no mencionar la aberración jurídica más grande que se constituyó en el doble juzgamiento al que fueron sometidos cinco presos políticos mapuche, quienes por un mismo hecho fueron procesados por la Justicia Civil y Militar.

La huelga de hambre llevada adelante por los presos políticos mapuche significó sólo un primer paso. El Tribunal de Cañete, en un juicio que duró dos meses, decidió condenar a Héctor Llaitul a 25 años de prisión, y a Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical a 20 años. Si bien es cierto, salieron varios hermanos en libertad, también se quedaron personas muy importantes para el pueblo mapuche, personas que sabían que iban a seguir en este proceso de recuperación de tierras usurpadas por grandes empresas y latifundistas, destruyendo todo lo que está en su camino amparados por el Estado chileno.

Mientras se apelaba ante la Corte Suprema, los comuneros iniciaron una nueva Huelga de Hambre el 15 de Marzo, solicitando un juicio justo, acompañados de una solidaridad nacional e internacional, protestando por la judicialización de los conflictos territoriales del pueblo mapuche, y en el caso de los condenados en Cañete, contra el Gobierno que siempre tiró la pelota a los tribunales, al poder Legislativo.

Estaba claro desde el principio que no era solamente la Ley Antiterrorista la herramienta que esgrimiría el Estado chileno para hacer frente al movimiento mapuche. La criminalización, la judicialización frente a la protesta mapuche nos hizo enfrentarnos a situaciones increíbles. Al final, la Corte Suprema condenó a los presos políticos mapuche, y no solamente a ellos, se condenó a un pueblo. El máximo tribunal chileno actuó como un tribunal más y aplicó condenas diferentes a los cuatro presos políticos mapuche de la CAM que continuaron en huelga de hambre hasta completar 87 días, cuando permanecían internados en el Hospital de Victoria en un deteriorado estado de salud. A los comuneros condenados no les interesó una rebaja de años en sus condenas, sino que exigieron enérgicamente que se detuviera la criminalización y la militarización de las comunidades y que se detuvieran los proyectos que se  insertan en nuestros territorios como las empresas forestales, mineras e hidroeléctricas que llegan como si no estuviera pasando nada.

En consecuencia, en el 2011 la represión de la policía militarizada se hizo presente con mucha violencia en cada comunidad donde se ejerce la lucha reivindicativa y de procesos de recuperación territorial. Diariamente estamos enterándonos de violentas acciones contra numerosas familias, allanándoles sus casas, hiriendo a niños, mujeres, ancianos y utilizando todo un aparataje policial y comunicacional para detener la justa protesta y el derecho a lo que nos pertenece desde tiempos ancestrales. Las comunidades de Rofue, Trapilwe, Budi, Chequenco, Maihue – Carimallin , Wañako Millao, Temucuicui, entre otras tantas se encuentran en este momento viviendo en medio de bombas lacrimógenas y balas.

En medio de todo lo descrito, no puedo dejar de mencionar que la justicia aún no da respuesta a los crímenes de nuestros hermanos asesinados por los agentes del Estado. La familia de Matías Catrileo y Alex Lemún aún esperan justicia y castigo a sus asesinos, lo que esperamos no sea tan irrisoria como la condena que se otorgó al funcionario de Carabineros que dio muerte por la espalda al joven comunero Jaime Mendoza Collío.

*Natividad Llanquileo, ex Vocera de los Comuneros Mapuche.

** Columna publicada originalmente en el Observatorio de Género y Equidad.

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