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¿Interdicción del Parlamento?

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Es ingenuo no pensar que la designación del Consejo Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, tiene su razón de ser en la deslegitimación del Congreso Nacional por no proceder este último a dar pasos rápidos y seguros, para revertir las deficiencias de nuestra institucionalidad y la Constitución Política. El Parlamento es visto más bien como el reproductor del modelo actual -funcional al sector privado (al mercado) y a los grandes grupos empresariales que financian las campañas- por tanto incompetente para proponer y aprobar soluciones a las debilidades del sistema político en su conjunto, como también para generar un marco regulatorio más estricto y una institucionalidad más eficaz respecto de los negocios.


Es pertinente preguntarse ¿Están todos los miembros del Consejo de acuerdo en elevar las penas y las multas a los controladores y ejecutivos de empresas con montos superiores a lo defraudado por los ilícitos incurridos?

El hecho de que parlamentarios estén involucrados en el financiamiento ilegal de sus campañas y haya salido a la luz pública que un partido político, un secreto a voces, tenía una relación simbiótica con un grupo empresarial, inhabilita a muchos parlamentarios para participar en las propuestas sobre financiamiento de la política.

El sistema político pierde credibilidad y legitimidad cuando los problemas de abusos y privilegios, tanto en el sector público como en los negocios, no se les pone coto, y no se acometen con la suficiente voluntad política, o por omisión culpable, las reformas estructurales tendientes a cambiar sustantivamente el modelo económico y social, que ha disparado a niveles críticos la desigualdad y segregación en Chile.

El insistir y abusar de la cuña “que las instituciones funcionen”, es contradictorio con el momento político que estamos enfrentando: una institucionalidad que está en crisis, hecho  reconocido por académicos, dirigentes políticos y parlamentarios, incluso de derecha. Es notorio que la credibilidad y legitimidad de la institucionalidad vigente no es garantía de fortaleza, lo que implica confrontarla con coordenadas éticas y políticas de envergadura, como también explicitando las medidas, tiempos y procedimientos para arribar a una solución.

Es necesario, sin embargo ser un poco cauto sobre la efectividad de las propuestas a que arriben los miembros de ese Consejo, teniendo en cuenta que existen discrepancias entre ellos de cómo financiar las campañas electorales y los partidos políticos. Algunos de ellos van a insistir el mantener el financiamiento reservado de las empresas y se oponen al financiamiento fiscal de la actividad política. Al parecer sólo existiría consenso sobre el fortalecimiento del Servicio Electoral y en, ciertos casos, elevar las multas y penas a los infractores de las nuevas normas. Por otro lado, respecto a la pérdida del escaño del parlamentario (u otro cargo de elección popular) por prácticas irregulares de financiamiento, existen “matices”.

El proyecto del gobierno establece multas en caso de financiamiento irregular y sólo incluye esa eventual destitución de forma indirecta, puesto que propone establecer penas de presidio en su grado mínimo a medio, por lo que, eventualmente, se podría provocar la pérdida del cargo. El problema es que el gobierno propone esa sanción sólo para quienes reciban financiamiento irregular por sobre UF 4.100 (más de $ 100 millones), lo que lo hace prácticamente inaplicable. En esta materia no se está escuchando la opinión ciudadana. En una encuesta reciente se reveló que un 86% de los chilenos considera que los parlamentarios que han financiado ilegalmente sus campañas tienen que dejar o renunciar a sus cargos de representación.

Es pertinente preguntarse ¿Están todos los miembros del Consejo de acuerdo en elevar las penas y las multas a  los controladores y ejecutivos de empresas con montos superiores a lo defraudado por los ilícitos incurridos?

Es tiempo de cerrar resquicios para prever y evitar episodios donde el interés privado se impone sobre el interés general y el bien común, conteniendo de esta manera al capitalismo de su propio desbocado galope antiético y el entramado entre la política y los negocios.  Solo con mayores grados de transparencia, se evita construir un prontuario de país corrupto.

 

 

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