el Estado debe tener un rol más activo al momento de fiscalizar este tipo de contrato y así garantizar efectivamente los derechos a cada trabajador y trabajadora.
Con lo acontecido esta semana referente a la catástrofe que golpeó al norte de nuestro país, quedaron en evidencia algunas situaciones preocupantes para las autoridades y para nosotros como sociedad. Entre ellas, la noticia de la localidad de San Antonio, ubicada al interior de Tierra Amarilla, donde se dice que un grupo de trabajadores agrícolas que se encontraban encerrados en un contenedor, fueron arrastrados por el aluvión.
Lo expuesto merece varios análisis más profundos que, si sucedió o no en realidad este hecho, instala el debate acerca de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras agrícolas de temporada, un análisis respecto del Código del Trabajo y una crítica a la reforma laboral impulsada por el gobierno.
Si en los albores del siglo XX se hablaba de la casi esclavitud en la que se encontraban los trabajadores, especialmente los de las salitreras, hoy no existen mayores diferencias, pues las empresas recurren a mantenerlos encerrados y separados, sometiendo a sus trabajadores a condiciones que denigran su dignidad humana.
Si bien nuestro Código del Trabajo contempla en su artículo 95 que el empleador debe proporcionar condiciones adecuadas e higiénicas en su alojamiento y lugar de trabajo, la realidad de los trabajadores y trabajadoras agrícolas es muy distinta a lo que nuestra legislación prescribe. Son constantes los abusos y las infracciones que los empleadores cometen, tomando en cuenta, sólo como ejemplo, esta grave noticia que deja en evidencia lo que se repite en toda el área laboral agrícola de nuestro país.
La legislación vigente no está siendo suficiente, pues en sólo tres artículos no se logra contemplar la amplitud de este importante sector de la producción, y el Estado debe tener un rol más activo al momento de fiscalizar este tipo de contrato y así garantizar efectivamente los derechos a cada trabajador y trabajadora.
Luego de este análisis se ve reflejado que es más que necesario un cambio, no sólo de nuestra legislación laboral, sino que de un modelo completo que desde la Dictadura no ha sido capaz de hacerse cargo de nuestros trabajadores.
Hace unos meses el gobierno envió el proyecto de reforma laboral encabezado por la Ministra del Trabajo Javiera Blanco, con toda la expectación que provoca un proyecto de tal envergadura. No obstante, sorprende que no contemple ni un solo cambio respecto del trabajo agrícola de temporada.
Así, se decidió continuar la tramitación del “Estatuto del temporero” del gobierno anterior, el que tal como fue ingresado sólo contempla un par de cambios a los artículos ya establecidos en la legislación vigente, que versan sobre el cambio del tipo de contrato al superar una cantidad específica de días, flexibilidad horaria y pacto de horas extraordinarias.
El proyecto no contempla en ninguna de sus aristas mayor fiscalización para estos contratos, lo que es el principal problema por los constantes abusos y atribuciones de que gozan los empleadores, como ya lo señalamos. No contiene mejoras laborales, las que son fundamentales para evitar casos como lo ocurrido hace unos días en el norte y que en la realidad ocurren diariamente en cada temporada agrícola de trabajo.
Los trabajadores no cuentan con horas fijas, con un contrato que se respete, con mecanismos eficientes para asegurar sus derechos, con lugares de descanso y condiciones higiénicas adecuadas, considerando además el trabajo específico de diversas zonas (manipulación de materiales tóxicos).
Hoy tenemos un Código del Trabajo insuficiente y un proyecto de ley que no da solución alguna a los abusos y los derechos no respetados diariamente de nuestros trabajadores y trabajadoras de temporada agrícola. ¿Qué estamos esperando? ¿Una catástrofe más grande para recién iniciar un proyecto real y serio para cambiar estas condiciones reprochables de nuestros trabajadores?
Comentarios
06 de abril
Cuando el año pasado la CONFECH se sentó con Eyzaguirre para dialogar sin preguntarle a las bases, dijeron que lo hacían sólo para informarse. Esto fue un error estratégico de proporciones porque le daba cierta legitimidad a un gobierno que no la tiene porque no es ni nuevo ni mayoría. A los dos días en los medios aparecía más información que la que se entregó a los dirigentes estudiantiles en esa reunión. Esto demostró mi punto de vista, de que la búsqueda de consenso es un error, porque más que una jugaba política de Bachelet ésta era una provocación. Algo parecido pasó con la CUT respecto de la “reforma” laboral; la diferencia es que la Central apoya decididamente el proyecto de la “democracia” en la medida de lo posible.
¿Lecciones? Que no sirve sentarse en instancias pre-legislativas con la casta política- empresarial, con quienes crearon y con los que incluso se convirtieron en funcionarios, dueños, sostenedores o accionistas de las isapres, de las AFP, de las universidades privadas, etc. La fórmula es otra: el poder popular que se crea desde la calle; de hecho, la movilización ha resultado ser mucho más prometedora para doblegar a una derecha duopólica que vive otra realidad. Hoy surgen huelgas y paro de actividades que son pequeños pero importantes, que además son cada vez más frecuentes porque vemos que somos los pobres los que siempre sufrimos bajo el paradigma y la falta de lógica del modo capitalista de producir. La batalla por un código laboral que reivindique nuestros derechos debe plantearse en esos términos, a partir del combate por un Chile auténticamente democrático.
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