Hasta hace algunos años, nos vanagloriábamos del proceso modernizador del Servicio de Registro Civil e Identificación chileno. Recuerdo con orgullo que en reuniones y conferencias internacionales se mencionaba como caso de éxito junto al Servicios de Impuestos Internos y el Portal de Compras Públicas, Chilecompra.
El servicio se encontraba en un proceso modernizador de su sistema de producción y operación de cédulas de identidad y pasaportes. Esta iniciativa, de la que se viene hablando hace ya tiempo, ha marcado el tono de la discusión en los últimos años, producto de un proceso que -por decirlo en forma suave- tuvo problemas de diseño y de implementación a cuatro años de iniciado el proceso en febrero de 2008,
por un monto estimado de 385 millones de dólares. Lo concreto es que aún los chilenos no contamos con una cédula de identidad acorde con los tiempos y exigencias actuales.
En 2010 tuvo que ampliarse el plazo original del proceso hasta el 2011. En la licitación participaron 7 empresas y consorcios nacionales e internacionales, entre ellos, SICE, Sonda, Bundesdruckerei, Morpho, Coasin e Indra.
La mayoría de ellas fue descalificada por problemas administrativos, asociados a fechas de boletas de garantía. En prumera instancia resultó adjudicada la oferta de Indra. Esta decisión se revirtió producto de reclamos ante el Tribunal de Compras Públicas de los otros competidores, lo que implicó retrotraer el proceso y dejando como nuevos finalistas a Morpho y Sonda, pero
siendo este último competidor fue descalificado por falta de experiencia, según describe su gerente general, Raúl Vejar, en
carta publicada por El Mercurio. Hay que recordar que el operador actual de esta plataforma es la empresa Sonda. En este momento, el referido proceso fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, no sin polémica por parte de varios de los oferentes.
Las actuales autoridades del registro (en esta licitación han participado al menos 3 directores del servicio) están muy confiadas de que el proyecto finalmente logrará iniciarse, como lo declaró en una carta al diario uno de sus subdirectores en días pasados.
Más allá de los problemas legales y administrativos de este proceso, sobre los cuales mi opinión vale poco, me gustaría reflexionar sobre el resultado final, el cual tiene impactos y costos bastante significativos en varias áreas.
Desprestigio internacional de nuestro país respecto de la seriedad y transparencia de procesos de contratación pública de alta complejidad. Cada vez que queramos convocar a los mejores oferentes a nivel mundial, estos lo pensarán dos veces antes de aceptar.
Costos para los participantes. Según me confidenció uno de los participantes, el costo de presentarse y preparar una oferta competitiva para una licitación de estas características se encuentra entre 1.5 y 2.0 millones de dólares, lo que implica un costo global para la industria de entre 10.5 y 14 millones de dólares.
Costos para el fisco. Un proceso de estas características requiere de una fuerte organización de apoyo (bases, preguntas y respuestas, pruebas, evaluación, etc.), con equipos de trabajo dedicados, incluyendo apoyo de expertos y especialistas externos. En este caso se trató de las principales universidades del país.
Costos de modernización. Un servicio como el registro civil, cuyo producto/servicio probablemente sea uno de los más relevantes para el país (emisión de cédulas de identidad y pasaportes) se mantiene con un proceso y tecnología obsoletos. Recordemos que la tecnología actual data de comienzos de la década pasada, sin mencionar que la identificación electrónica que permiten tecnologías más modernas está en
la base del desarrollo del gobierno electrónico según la OCDE.
Costo para el ciudadano. El costo e impacto que un servicio como el actual le genera al ciudadano, retrasando el desarrollo de interacciones electrónicas más robustas entre el Estado y sus ciudadanos.
Finalmente, la suma es una gran pérdida para todos. Es de esperar que enmendemos el rumbo y logremos luego de varios años y muchos millones de dólares contar con una cédula y pasaporte que cumplan con estándares operacionales y tecnológicos acorde con los tiempos.
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mariana escobar
agradezco tu ayuda, es muy difícil seguir creyendo cuando no hay respuestas.
Tengo todos los comprobantes de los innumerables tramites realizados, logramos el patrocinio del abogado del pueblo de la provincia, el apoyo de derechos humanos en Florencio Varela, lugar donde residimos, pero la única respuesta es seguir esperando.
Llevamos mas dos años de lucha, mi hija, Brenda Micaela Rodriguez, de 19 años, inscripta en el registro civil de Avellaneda,delegación Piñeyro, ha perdido su derecho a la IDENTIDAD, tenemos pruebas de anomalías en las inscripciones, una copia de acta, donde el mismo niño es asentado dos veces con los datos de padres diferentes., en el registro de La Plata, donde deberían encontrarse los libros de actas de los nacimientos toda la provincia de Buenos Aires, «EL LIBRO DONDE LA INSCRIBIMOS EN 1993» simplemente desapareció.
No imaginas la tristeza y angustia que esta situación causa en mi hija, la negación a toda gestión incluido su derecho a la salud, educación y trabajo, es una condena social a una inocente.
Los precedentes en el tema, son tramites que llevan muchos años, condenando a quien lo padece a «dejar de existir» mientras dure el proceso.
No se como seguir, ante quien reclamar se expida en forma urgente la devolución de su identidad.
Realice esta denuncia en la justicia,en el Honorable Consejo Deliberante, en la pagina de la universidad (UNAJ), y en cuanto medio puedo acceder por Internet, esperando que la unión haga la fuerza necesaria para destrabar esta «injusticia», y permita a mi cachorrita recuperar una vida normal.
Gracias, tu ayuda es una de las razones que mantienen mi fuerza de lucha, gracias de verdad por tu humanidad.
Mariana Escobar.