La política pública de desarrollo digital en Chile ha tenido altos y bajos en los últimos años. Hemos experimentado diversos modelos, pasando por comisiones presidenciales en la década de 1990, una autoridad máxima en materia de tecnológicos (CIO) a comienzos del 2000 y finalmente una estructura de Secretaría Ejecutiva con un Comité de Ministros en el 2006, modelo que me tocó iniciar. Lo que ha marcado este tema es la falta de continuidad. Cada gobierno, más o menos a mitad de su mandato, se daba cuenta de la relevancia del tema y lo ponía en agenda con una nueva forma de abordarlo.
El modelo de estrategia digital vigente hasta este año, planteaba definir una política pública de desarrollo digital para lo cual se trabajó en un documento que daba las directrices de desarrollo digital para los siguientes años. Originalmente, el instructivo presidencial indicaba como horizonte de tiempo el año 2010, pero estimamos que moverlo al año 2012 al menos instalaba la idea de continuidad (pueden ver el instructivo al final de esta entrada). Esta decisión me costó algunas críticas, pero tenía la secreta intención de darle mayor continuidad. Claramente, a la luz de los hechos recientes fue una ingenuidad de mi parte, ya que como lo comenté anteriormente la falta de continuidad ha sido su gran problema.
Nuestro avance en materias de desarrollo digital en los últimos años ha estado asociada a algunas iniciativas emblemáticas en gobierno electrónico (SII, Chilecompra) pero que a estas alturas ya resulta un exceso seguirlas mostrando como nuestros éxitos, ya que estamos cayendo en los rankings internacionales.
i) falta de continuidad en una política pública coherente en esta materia
ii) presupuestos que no tienen relación con la relevancia del tema, o al menos la que se declara
iii) poca visión sistémica de la relevancia de contar con un lineamiento estratégico de largo plazo en la materia y su consecuente plan de acción
Pero estos no son más que síntomas de una enfermedad. Nuestro mayor problema es que en esta materia nuestra institucionalidad es total y absolutamente insuficiente. Este tema lo he venido planteando desde hace ya bastante tiempo. En el documento
“Pautas para un Programa de Gobierno” así lo expresé y reo que hoy es momento para volver a la carga con el tema. Lo que planteé respecto de la institucionalidad fue:
"Institucionalidad de Desarrollo Digital
Establecer una autoridad clara en materia de desarrollo digital, separar los roles normativo y regulatorios de SUBTEL en una Superintendencia de Telecomunicaciones, tal como existen para otros servicios básicos y unir el rol promotor de conectividad que lleva SUBTEL con la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital transformándola en una Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones dependiente del Ministro de Economía, tal como ocurre en la mayoría de los países de la OCDE.
Dicha Subsecretaría debería tomar un rol conductor de la política pública de desarrollo digital de nuestro país, abarcando materias tales como: diseño de políticas del área, promoción de iniciativas de gobierno electrónico, desarrollo de industria TI y promoción del acceso a las nuevas tecnologías.
Como parte de la institucionalidad requerida para un nuevo impulso, es necesario que el Estado chileno se modernice y establezca modalidades de servicios compartidos y de gestión de proyecto tecnológicos transversales.
– Dirección de Servicios Compartidos: Transformar a la Dirección de Compras y Contratación Pública en una dirección de servicios compartidos (share services) cuyo rol sea diseñar y operar (con o sin modelos de externalización) aquellos servicios operacionales y tecnológicos de carácter transversal. Algunos de estos servicios son: datacenter, mailing, Web, ERP, interoperabilidad y autenticación entre otros.
– Dirección de eGov: Generación de una unidad de gobierno electrónico al interior de la Subsecretaría de TIC, cuyo rol sea el diseño y monitoreo de proyectos de gobierno electrónico, esta unidad debe contar con atribuciones que le permitan fiscalizar proyectos tecnológicos dentro del estado utilizando para ello estándares reconocidos mundialmente como PMI o Prince2. La fiscalización debe realizarse en los diferentes ámbitos de los proyectos (diseño, modelo de externalización, presupuestos, calendarización, equipos de trabajo y enfoque metodológico)".
El término de la Estrategia Digital por la vía de cerrarle la llave de los recursos financieros demuestra en forma fehaciente la debilidad endémica de su institucionalidad, la cual fue adecuada para diseñar la política pública en 2007, pero claramente insuficiente para ejecutarla. Las preguntas planteadas en un post anterior,
“Política Pública de Desarrollo Digital: varias preguntas en el aire” de septiembre de 2010 ya están totalmente respondidas, probablemente no de la forma que me hubiera gustado.
Lo único que está claro es que vamos perdiendo el liderazgo que en algún momento tuvimos en la región y con los recursos presupuestarios planteados para el próximo ejercicio no mejorará la situación, ya que si se suman los recursos de desarrollo digital y del programa de Modernización del Estado, que incluye gobierno electrónico, son aproximadamente 3 millones de dólares para el año 2012, según planteó el Subsecretario de Economía Tomás Flores.
* Alejandro Barros fue Secretario Ejecutivo de la Estrategia Digital durante el gobierno de Michelle Bachelet
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