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El periodo de “realismo sin renuncia” definido por la Presidenta Bachelet para esta nueva etapa del gobierno de la Nueva Mayoría, nos plantea el desafío de avanzar con responsabilidad frente al actual escenario económico y político y a la vez no desconocer las demandas sociales que nos comprometimos a atender en el programa de gobierno.
Un pilar de ese compromiso adquirido en campaña dice relación con la generación de la nueva Constitución, en el entendido que el país requiere un nuevo pacto social y político, pues nuestra actual institucionalidad tiene un vicio de origen que ningún demócrata puede desconocer. Por otro lado, la arquitectura normativa de esta Constitución tiene una serie de falencias en torno a materias de derechos sociales, civiles y económicos, una estructura de Estado altamente centralizada, sistemas contramayoritarios que facilitan el veto de las minorías e impedimentos que dificultan la representación de las mujeres, de los pobres, de los pueblos originarios y de las regiones.
Pero afrontar este desafío tiene una dificultad objetiva: La actual institucionalidad no permite una decisión constitucional de quien ella misma declara titular “esencial” de la soberanía: la nación o el pueblo. La actual Constitución, sus procedimientos y sus reglas vigentes de reforma, no incluyen este elemento básico de expresión soberana.
Claro, si lo que buscásemos sólo fuese realizar simples reformas, puede que alcance con los actuales caminos normativos; pero si nuestro objetivo es un real cambio constituyente y arribar a nueva Constitución, debemos estar conscientes que para ello se requiere de nuestra voluntad política, de manera de generar un acuerdo que nos permita avanzar en un camino para superar los cerrojos de la Constitución de 1980.
Cincuenta y cuatro diputadas y diputados –la gran mayoría de ellos de la Nueva Mayoría- han entregado una fórmula que respeta la institucionalidad, a saber: Un proyecto de plebiscito constituyente que modifica el inciso final del artículo 15 agregando antes de su punto final la expresión “y las leyes”, junto con una modificación al artículo 32, que regula las atribuciones exclusivas del Presidente de la República.
Apoyar esta fórmula, junto con entregar a la ciudadanía una señal clara de que nuestra coalición tiene una real vocación por la participación ciudadana, nos permitiría devolverle la facultad al Ejecutivo para que este consulte al pueblo sobre el mecanismo propicio de diseño de la nueva Constitución. Es este instrumento procedimental el mismo que necesitamos si al final del proceso constituyente se pretende que el pueblo refrende los contenidos emanados del mismo.
Esta propuesta legislativa no pasa a llevar nuestra institucionalidad, ni es un atajo raro como se ha dicho.
La consulta por el mecanismo de redacción de la nueva Constitución puede perfectamente realizarse al finalizar de la etapa de cabildos y encuentros anunciado por la Presidenta desde septiembre. Dicha consulta puede llevarse a cabo en el contexto de la próxima elección municipal.
La regla constitucional que nos rige no contiene ninguna forma o procedimiento que permita optar por un camino genuinamente participativo para definir el mecanismo de cambio y diseño de la Constitución.
No hay manera de arribar a una real nueva Constitución por medio del procedimiento de reforma establecido en la actual regla constitucional.
El desafío que tenemos pasa por generar un momento institucional pero que a la vez permita satisfacer la demanda por participar del diseño de la nueva Constitución*. Para ello se requiere de quienes estamos en política y en cargos de representación, de una demostración de real voluntad política. En definitiva, se trata de permitir que sea el pueblo el que pueda manifestarse.
Por Alfonso De Urresti Longton
Senador (PS)
Región de Los Ríos
*Los datos de la encuesta Lapop 2012 indican que un sustantivo 89% prefiere que la misma ciudadanía decida las reformas constitucionales versus un 11% que se inclina porque dicha decisión radique en el Congreso.
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peon
«Ríete con este chiste, guatón»:
«»»»»» La institucionalidad no permite una decisión constitucional del pueblo, que es el titular de la soberanía porque la Constitución no incluye este elemento básico de expresión soberana.»»»»»»»
… La soberanía del pueblo y su expresión soberana, luego, no parece tan soberana y eso es lo gracioso… Es lo más parecido a «vamos a hacer puré de papas, pero sin papas»… «Somos una nación democrática, pero, sin democracia»… ¿Qué entonces nos impide pensar que puede suceder que «»haremos una Nueva Constitución entre to o das y to o dos, pero, sin el pueblo»…..
Osea, el chiste no puede ser más bueno… Sólo debemos entenderlo correctamente y eso quiere decir que debemos entender que nuestros representantes demócratas, dando muestras a la ciudadanía de que su coalición tiene real vocación por la participación ciudadana, requieren voluntad política para entender que el 89% del pueblo quiere una nueva Constitución…………………
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Estimado Senador PS por la Región de Los Ríos, Sr. Alfonso De Urresti Longton:
Si la institucionalidad no permite una decisión constitucional del pueblo, que es el titular de la soberanía, para modificar la Constitución, haciendo uso de su derecho soberano para hacerlo, entonces, toda la Constitución está invalidada, lo mismo que su puesto de trabajo y su sueldo, entre otras cosas… Luego, ¿no cree usted que hay que ser muy cara dura para autodenominarse representante demócrata del pueblo con real vocación de participación ciudadana?…
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Aquí, entre nosotros, Estimado Senador PS por la Región de Los Ríos, Sr. Alfonso De Urresti Longton, y en un momento que usted debe considerar como de plena confianza para que no me mal interprete, le confieso que yo entiendo plenamente su condición de «realismo sin renuncia»….. Lo de realismo quiere decir que ya nos cagaron y que tenemos que aceptarlo, porque la soberanía del pueblo no tiene valor; y lo de sin renuncia quiere decir que ustedes ni cagando van a renunciar a su posición privilegiada, porque su voluntad política para representar democráticamente al pueblo, dando muestras de su real vocación de participación ciudadana, hablando de forma realista y sin renuncia a ello, sólo tiene el valor que el pueblo soberano le asigna, y eso es que su cargo es inconstitucional, porque usted pertenece y le trabaja a una mafia que ha traicionado al pueblo desde hace décadas y hasta hoy lo sigue haciendo y tenga por seguro que un 89% del pueblo no tiene la menor esperanza de que usted pueda cambiar su actitud….
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Jehová el Dios de los cielos reina, juzga y da el pago a cada uno, según sus obras…