Hay hechos que dejan de ser noticia cuando salen de las primeras planas de los medios y muchos se amparan en ese olvido para cobijarse en la impunidad, como el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, tras la compra ilegal de terrenos indígenas en La Araucanía y, peor aún, es el caso del actual Gobierno.
Afortunadamente hoy disponemos de una ciudadanía activa, atenta a velar por la transparencia y la ética en el servicio público.
Con la compra de terrenos mapuche en La Araucanía, el subsecretario parecer confundir su rol de servidor público con el de servirse del cargo que se le otorgó. Está absolutamente acreditado que ese acto viola flagrantemente el artículo 13 de la Ley Indígena, que prohíbe la compra de tierras indígenas por parte de personas que no sean indígenas.
Esta prohibición expresa de la norma no es casual, ya que como es bien sabido, muchas personas utilizaron todo tipo de resquicios, vacíos y trampas para apropiarse indebidamente de tierras ancestrales indígenas, aun después que un porcentaje ínfimo de estas, el 5% (530 mil hectáreas), fueron restituidas por el Estado a sus legítimos dueños mapuche.Se lanza la Consulta Indígena, que esconde la idea de modificar el artículo 13 de la Ley Indígena, de tal manera que les permita a los grandes empresarios adquirir terrenos mapuche para posteriormente arrendarlos o venderlos
Se observa entonces, una nueva estrategia de usurpar tierras que se justifica desde la propia institucionalidad pública. Esta vez, el argumento es que la tierra había perdido la condición de indígena, cuestión que fue sentenciada por el propio señor Ubilla y el Conservador de Bienes Raíces. Resulta increíble que la interpretación de la Ley esté ahora en quienes participan de una compra o pretenden sacar alguna ventaja de ella.
La supuesta legitimidad de la compra de Ubilla fue avalada por la Conadi en un comunicado oficial, es decir, una entidad políticamente subalterna de las autoridades de Gobierno corrobora que esa transacción es correcta. ¿No será esto un tanto grotesco?
Considérese además, que sobre esta materia existe jurisprudencia. En efecto, hay títulos que se recuperaron en juicios tanto contra Forestal Arauco en Cañete, como también en Panguipulli, donde el municipio había adquirido tierras indígenas y fue observado por Contraloría General de la República.
Es relevante destacar que el respaldo que le ha dado el Gobierno a Rodrigo Ubilla, se aprecia como la defensa corporativa a la violación de una ley de la Republica (la Ley Indígena), lo que es ni más ni menos, que violar el Estado de Derecho. Sin embargo, lo más probable, es que el tiempo haga su trabajo y deje esta situación en nada y la impunidad se imponga, una vez más. Con valentía, la familia del comunero a quien se le usurparon estas tierras de manera fraudulenta, realizó una demanda civil en contra del subsecretario, basada en el referido artículo 13 de la Ley Indígena, que señala que cualquier contrato, que se realice en transgresión a este artículo, carece de legalidad y en consecuencia, debe quedar sin efecto.
La percepción que se consolida, es que hay una estrategia del Gobierno para terminar el proceso de restitución de las tierras mapuche, ya que si se analiza el Plan Araucanía, en su fondo discursivo se establece el supuesto que los únicos que saben trabajar los campos y terrenos son los empresarios. Es por esta razón que en los últimos días se lanza la Consulta Indígena, que esconde la idea de modificar el artículo 13 de la Ley Indígena, de tal manera que les permita a los grandes empresarios adquirir terrenos mapuche para posteriormente arrendarlos o venderlos, lo que es grave, ya que acciones como las del subsecretario Ubilla no quedarían en la impunidad, sino que en la legalidad, es decir, se legalizaría la injusticia.
En este asunto, las casualidades no existen. Hay que recordar que el ministro Alfredo Moreno antes de asumir su cargo actual, era presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Por ende, es el ministro de los grandes empresarios como Matte, Angelini y Luksic, quienes tienen muchas tierras en La Araucanía. Los hechos son más categóricos que cualquier especulación.
Acá lo que deben hacer quienes administran el Estado para avanzar en soluciones es reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios de Chile; reconocer el tratado de Trapihue firmado en el gobierno de Ramón Freire en 1825 con el pueblo mapuche, donde se le reconoce cierta soberanía; y reconocer y compensar el daño que el Estado junto a los grandes empresarios han hecho a un pueblo, tal cual como lo hizo Canadá con las Primeras Naciones o Nueva Zelanda con el pueblo Maorí.
Para avanzar en soluciones efectivas al pueblo mapuche y a la totalidad de los pueblos indígenas de Chile, no basta escoger un par de comunidades, transformarlos en tus mejores amigos y entregarles bonos, lo que se necesita, son medidas de fondo que posibiliten su desarrollo integral.
Las autoridades que nos gobiernan conocen todo lo que ocurre, porque se les ha señalado de las más diversas formas y oportunidades, pero el problema radica en que nadie quiere resolver realmente el problema, sino que buscan administrar una situación que tiene sus días contados.
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