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Los diálogos ciudadanos y el Consejo Ciudadano de Observadores

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El proceso constituyente se iniciará con los diálogos ciudadanos de acuerdo al cronograma estipulado y no se detendrán por la amenaza de la derecha de marginarse de participar en los mismos, aduciendo “falta de garantías”. Sin embargo es necesario que el Ejecutivo asegure el proceso implementando medidas operativas que garanticen su fiscalización, transparencia y objetividad. Es esencial crear una dinámica de participación que inhiba el afán de obstrucción de la derecha y cambie el rumbo de desafección de las personas con la política.


En un país con una ciudadanía más empoderada e informada, es de toda lógica inducir el debate en estas instancias de participación, teniendo en cuenta que de ellas saldrá la síntesis y las propuestas que conformarán las orientaciones matrices de las normas que posteriormente serán plasmadas en un proyecto de Carta Magna que el gobierno enviará al Congreso

Las excusas que la derecha está esgrimiendo para oponerse al proceso constituyente deja en evidencia los lazos afectivos e ideológicos de ese sector político con la Constitución impuesta en la dictadura. No cesarán, por ende, en poner piedras en el camino al proceso porque está en su ADN restringir la soberanía popular – a pesar que la última encuesta Cadem muestra un 72% de apoyo a una nueva constitución- y seguirán defendiendo con intransigencia una política estática e inmutable que rechaza el ejercicio del espíritu crítico. Es tiempo que comprendan que sin una férrea razón crítica, se debilita el sistema democrático.

No obstante, el Gobierno no debe seguir dando motivos para que la derecha se siga atrincherando en su discurso cuestionando la falta de ecuanimidad en la deliberación del proceso constituyente. Para tal efecto, es esencial hacer partícipes de las medidas y pasos a seguir al Consejo Ciudadano de Observadores; evitándose, de esta manera,  tensiones y criticas con sus miembros, como también las provenientes de la derecha y mostrando mayor apertura y espacios de acercamientos que permitan que todas las fuerzas políticas comprendan la relevancia que tiene un debate constitucional abierto e plural para encauzar el proceso en una senda más participativa, transparente, inclusiva y representativa de la mayoría de la ciudadanía.

El rol del Gobierno, entonces, no es monopolizar el proceso sino imprimirle mayor participación en todas sus etapas, dando las seguridades necesarias que todo el procedimiento no tendrá ningún atisbo de sesgo partidista y será nítidamente aséptico como técnica de consulta. El garantizar la objetividad del proceso, deja a la derecha sin argumentos para restarse de participar y, en la eventualidad de hacerlo, solo le quedaría apelar a un corpus de falacias para explicarlo.

En un país con una ciudadanía más empoderada e informadas, es de toda lógica inducir el debate en estas instancias de participación, teniendo en cuenta que de ellas saldrá la síntesis y de estas, las propuestas que conformarán las orientaciones matrices de las normas que posteriormente serán plasmadas en un proyecto de Carta Magna que el gobierno enviará al Congreso.

No corresponde, entonces, cuestionar la calidad de interés público de la campaña comunicacional del gobierno con el objeto de promover el proceso constituyente, y que obliga a los canales de televisión a transmitir gratuitamente los mensajes elaborados con ese propósito, puesto que ella solo busca la materialización del interés general, por ende, es del todo necesaria, razonable y legal – particularmente cuando solo un 36% de los encuestados afirma saber que a fines de este mes comienzan a funcionar los encuentros locales- lo que demuestra que la difusión ha sido todavía insuficiente.

Su objetivo es sacar esta deliberación del ámbito exclusivo del lenguaje de los juristas y la elite política, convirtiéndola en una tarea colectiva para definir los valores y principios que sustentarán los fundamentos de la carta fundamental del país. Adicionalmente, es una contribución en trazar un cambio de paradigma de cómo entendemos la política y el rol que desempeña la ciudadanía en ella, otorgándole al debate constitucional una amplia representatividad y legitimidad dentro del marco de la democracia.

La derecha, por tanto, no puede seguir con la cantinela de que no existen suficientes garantías para participar. Huele mal que insistan en esas explicaciones, ya que se puede interpretar como fruto de la histeria por evitar a todo trance un ejercicio democrático tan trascendente, lo que ubicaría a ese sector político en una posición de debilidad argumentativa.

TAGS: #NuevaConstitución #ProcesoConstituyente Consejo Ciudadano de Observadores

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Servallas

28 de abril

Estimado articulista, repite tanto la palabra, «la derecha» que alguien podría decir que hasta tiene pesadillas. Una CONSTITUCIÓN no es una herramienta de la «izquierda», está equivocado, una Constitución es una carta de derechos y deberes para «todos» los ciudadanos de una nación, es una cosa seria, no una pichanga de barrio. El problema con este sistema de formulación, es que Ud. ni yo podremos hacer nada para evitar que grupos antisistémicos, grupos anarquistas, y otros grupos ultra, se tomen esos cabildos y se hagan dueños de ellos, menos con porcentajes altísimo de compatriotas que no saben o no entienden que es una Constitución, y que además por miedo no participarán, así, Ud. no tendrá su «Constitución de izquierda» que sueña para cambiar este país por secretaría, tampoco lo tendrá la derecha que se perderá ante un estado extraño que orientará hacia la pobreza, y yo no tendré el país democrático y libre que sueño, una pena.

28 de abril

Estimado Servallas,
La idea central del artículo es que todos los sectores políticos y sociales deberían participar en los cabildos para discutir lo que implica una nueva Constitución o modificaciones sustanciales a la actual, con el propósito de que ella represente a todos los chilenos

Evidentemente que existen riesgos, temores e incertidumbre en un proceso de esta naturaleza, pero es responsabilidad del Gobierno y del Consejo Ciudadano de Observadores tomar las medidas pertinentes que garanticen la «fiscalización, transparencia y objetividad del proceso» que permitan que todas las fuerzas políticas participen en un debate constitucional abierto, plural e intenso para encarrilar el proceso en una senda más participativa, transparente, inclusiva y representativa de la mayoría de la ciudadanía.

Bajo ninguna circunstancia el infrascrito desea una Constitución “izquierdista”, al contrario solo aspiro a que la nueva (o reformada) Carta Fundamental no tenga los “déficits de origen”, representatividad y disposiciones antidemocráticos que ésta aún contiene, los cuales no se condicen con un sistema digno de llamarlo plenamente democrático.

La negatividad no es la vía adecuada para alcanzar un nuevo pacto social que establezca los pilares fundamentales de un Estado que sintonice con el sentido común de TODOS los chilenos, ponderando la libertad, la justicia social y, por cierto, la propiedad.
Atentamente, Jaime Rubio Palma

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