La tentación del unicameralismo

Con el advenimiento de la Nueva Constitución tras el aplastante triunfo de esa opción en el Plebiscito ya pasado, algunas voces han sugerido que el nuevo texto tenga modificaciones sustantivas al funcionamiento de los Poderes del Estado. Algunas son fundadas y razonables, otras corresponden a una naturaleza más ideológica o de un extremismo justificado por las percibidas fallas sistémicas que el Estado ha demostrado desde el retorno a la democracia y se considera que solo una eliminación total puede dar una solución satisfactoria. Entre estas sugerencias, ha aparecido nuevamente la idea de la instalación de un sistema legislativo unicameral, arguyendo que agilizaría la tramitación legislativa y evitaría obstrucciones de proyectos de ley solo por diferencias políticas, aún a pesar de la urgencia social que estos proyectos puedan tener.

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Lo que más importa en este proceso de cambio y renovación es la estabilidad y aplicabilidad de la Nueva Constitución, por lo que frente a partidos y políticos vociferantes y sin visión a largo plazo, la necesidad de pesos y contrapesos será más crucial que nunca si queremos mantener y fortalecer la democracia.

Sin embargo, lo sucedido recientemente en Perú nos advierte sobre los riesgos de un unicameralismo pervertido en su praxis y cooptado por mezquindades que usan resquicios legales para conseguir objetivos políticos cortoplacistas al destituir por “incapacidad moral” al Presidente Martín Vizcarra, que gozaba de una alta aprobación ciudadana y llegó al poder con un discurso antipolítico y de renovación frente a una supuesta elite política corrupta y alejada de la realidad peruana. La acusación se basa en hechos de corrupción acontecidos en sus tiempos como Gobernador Regional de Moquegua y terminó en su destitución. Y aunque la acusación tiene fundamento y pruebas, hay que tener en consideración que Vizcarra cerró el Congreso en julio del año pasado, decisión altamente popular y considerada constitucional frente a los antecedentes del caso, que terminó con las elecciones anticipadas del Congreso en enero de este año. Por lo que este proceso de vacancia presidencial (en un segundo intento, tras fracasar el primero en septiembre), fue visto por la ciudadanía como un golpe blanco y una venganza parlamentaria gracias a la insistencia del intento, la rapidez de su procesamiento y lo favorable que se presentaron los parlamentarios para aceptarlo, lo que ha llevado a protestas violentas multitudinarias y la vergonzosa renuncia de Manuel Merino en solo 6 días.

El estado actual de nuestro sistema de partidos si bien no hace inviable la aplicación de un sistema unicameral con la Nueva Constitución, sí es peligroso para el funcionamiento del proceso legislativo y de la perdurabilidad y aplicabilidad de las leyes cuando este se encuentra fragmentado y, bajo un contexto de inestabilidad social, los partidos pasan de cumplir su rol fundamental de canalizadores de problemáticas sociales y articuladores de las mismas con el sistema político para convertirse en megáfonos de consignas y malestares sociales sin filtrar y desorientadas en manejo político, pudiendo entrar en conflicto en su aplicación con otras políticas y leyes ya existentes debido a la celeridad por dar una solución a un dilema de alta connotación social rápidamente para lograr réditos políticos facilistas o puedan polarizar aún más la discusión pública al punto de generar desestabilización que puede llevar a poner en riesgo todo el régimen democrático mediante, en una primera instancia, la banalidad de la discusión pública y la relativización de los pesos y contrapesos institucionales, para, posteriormente, pasar a la censura del contrario y el cuestionamiento del régimen democrático. O, como en caso peruano, crear una cámara de eco entre los parlamentarios donde ellos mismos levantan iniciativas políticas y legislativas sobre supuestas problemáticas sociales cuando solo son un disfraz de lograr objetivos políticos frente a los cuales la gente es indiferente, va en contra de los intereses de las personas que representan, como sucedió en ese país, o, en peor de los casos, es perjudicial para ellos pero favorables individualmente a los legisladores.

Es bueno recordar que la teoría del sistema legislativo bicameral tiene la intención de acercar al proceso de formación de leyes a un número mayor de representantes de la sociedad, evitando la exclusión como consecuencia de una menor cantidad de escaños disponibles, lo que lo hace una solución viable frente a dilemas regionalistas o identitarios, y que la segunda cámara actúa como contrapeso de la primera frente a errores o vicios en la formulación legislativa de la primera cámara (y viceversa). Por lo que, aunque el sistema unicameral sea notoriamente más eficiente que el bicameral, la sola discusión actual sobre los pueblos originarios que se dará entre los Constituyentes en el marco de la Nueva Constitución hará rápidamente inviable un orden unicameral sin que se noten los problemas que dará, especialmente si el Poder Ejecutivo también está en manos del partido o coalición que tenga la mayoría parlamentaria donde también se dará un dominio absoluto de la mayoría, pudiendo promulgar leyes que pongan a las minorías en una situación desventajosa.

Entre los cambios necesarios para la Nueva Constitución, el del sistema legislativo es uno innecesario y riesgoso si es que es tomado en consideración, porque si nuestro sistema de partidos, desde muchísimo antes de la Revuelta de Octubre, fue absolutamente incapaz de visionar al país con un plan o estrategia de desarrollo integral a largo plazo, en el cual, a pesar de sus diferencias programáticas y dogmáticas, y de las contingencias que ocurrieran en el intertanto, fueron logrando los objetivos de ese plan, tal como el de Brasil para el año 2050, definido hace más de una década, menos serán capaces de refrenarse en una sola cámara legislativa, especialmente si tomamos el ejemplo que la Diputada Vallejo ya ha tensionado el ambiente al emitir declaraciones en dirección a renegar el acuerdo de los 2/3. Esto es particularmente importante si se considera que estaremos en medio de la aplicación de un nuevo orden constitucional donde habrá mucho que definir y reformar para dale una forma coherente con tal que nos rija por los próximos 40 años, con la alternativa de vernos en una crisis institucional aún mayor, posiblemente crítica, porque falló en su aplicabilidad a causa de que los parlamentarios no pudieron dejar de lado las peleas chicas con tal de ver a largo plazo y buscar el bien común.

Lo que más importa en este proceso de cambio y renovación es la estabilidad y aplicabilidad de la Nueva Constitución, por lo que frente a partidos y políticos vociferantes y sin visión a largo plazo, la necesidad de pesos y contrapesos será más crucial que nunca si queremos mantener y fortalecer la democracia, por lo que la tentación del unicameralismo debe mantenerse alejada de los Constituyentes a toda costa.