A propuesta del sistema de Alta Dirección Pública y resuelto por la Presidenta de la República se ha escogido al psiquiatra Mariano Montenegro como Director Nacional de SENDA en propiedad.
La insostenible política criminal para controlar tanto la provisión como el consumo de drogas, con 85.000 detenidos –el 55% de todos los detenidos por todos los delitos- y 70.000 procesados al año, de los cuales el 75% son solamente usuarios de esas sustancias; el fracaso de la política sanitaria para prevenir y tratar el consumo de drogas, expresada en toda su gravedad porque el 30% de los escolares son usuarios actuales de cannabis y el 60% de alcohol; los debates internacionales sobre el fracaso global de la guerra de las drogas y la necesidad imperiosa de nuevas políticas para regularizar el consumo y la provisión de esas sustancias; la aparición de un movimiento social procannábico que moviliza cada año cientos de miles de personas para terminar con la persecución penal a su provisión y consumo; las recomendaciones de las ONGs especializadas en el asunto para aplicar intervenciones de gestión de riesgo y reducción de daño para los usuarios de drogas que no los criminalice, ni los excluya de las prestaciones médicas y sociales que necesitan y merecen, las evidencias científicas sobre los buenos resultados terapéuticos en el uso de la cannabis y otras sustancias psicotrópicas de origen natural, han generado una opinión pública mayoritaria que se inclina por profundos cambios para tratar el asunto de las drogas en el país.Proponerle a la Presidenta Bachelet establecer por vía de su potestad reglamentaria que es “una pequeña cantidad para el uso personal y exclusivo próximo en el tiempo”, que permita claramente discernir entre la conducta de porte o tenencia para el consumo personal de la cantidad indiciaria de microtráfico.
No obstante, en los debates sobre el tema de las drogas ha surgido una resistencia a cualquier cambio, que más que provenir de sectores conservadores de la sociedad civil, las iglesias, las instituciones educativas, la caridad social, etc., proviene de algunas asociaciones médicas y psiquiátricas, como la SONEPSYN (Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía) y la Sociedad de Psiquiatría y Neurología Infancia y la Adolescencia, que han hecho de los tratamientos a los usuarios de drogas un modelo de negocio, la cuales con informaciones incompletas, interpretaciones forzadas y opiniones antojadizas pretenden que la mejor situación posible es no hacer ningún cambio en las regulaciones criminales sobre provisión y consumo de drogas hoy vigentes.
El conjunto de los hechos y situaciones antes descrito hicieron que en la pasada campaña presidencial la propuesta programática sobre drogas de la Nueva Mayoría, encabezada por la candidatura de Michelle Bachelet, le hiciese al país las siguiente propuestas de modificaciones legales: “Revisaremos la ley 20.000, entregando el conocimiento de las faltas consideradas en esta norma, ya no a la justicia penal, sino a los Juzgados de Policía Local. Entregaremos a la potestad reglamentaria de ejecución, la determinación de los niveles o cuantía de droga que debe considerarse constitutiva de micro tráfico y, consecuentemente, aquella que le está permitido portar a una persona para su consumo personal inmediato en el tiempo. Revisaremos el Reglamento que considera a la marihuana en la lista 1) entre las drogas más peligrosas”.
Además, se propusieron medidas en el campo de la prevención del consumo en educación como el programa “Liceo Libre de Droga” y “el Programa Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad”, también el programa de prevención selectiva escolar denominado “Colegio Libre de Droga”. En comunas de alta vulneración social se establecerán “programas preventivos selectivos”. Entre los adultos: “duplicaremos la cobertura de tratamiento de drogas, ambulatorio y residencial” y “triplicaremos la cobertura de tratamiento de población adulta masculina y femenina mayor de 20 años con programa de detección temprana de consumo de riesgo y problemático e intervención breve”. Para los jóvenes y adolescentes: “Reforzaremos los tratamientos para población adolescente menor de 20 años, que AUGE no cubre” y “mejoraremos la gestión de los programas dirigidos a adolescentes menores de 20 años con consumo problemático de drogas y alcohol”. Finalmente: “Focalizaremos y ampliaremos la oferta y cobertura para mujeres, para lo que se propone aumentar la cobertura para aquellas que tienen hijos menores de 5 años y que puedan permanecer con ellos durante el tratamiento”.
Si bien el conjunto de las propuestas hechas son pertinentes, a no dudarlo las centrales son las referidas a las necesarias modificaciones legales que están sobre criminalizando a los usuarios de drogas.
El nuevo Director Nacional de SENDA, doctor Montenegro, que hasta no hace mucho oficiaba de vocero de la SONEPSYN, tiene ahora un complejo programa de prevención y control de drogas que cumplir, pero, sobre todos su tarea política fundamental será proponer a la Presidenta el cambio de la lista uno a la lista dos de la cannabis, para así permitir su uso terapéutico, evitando que quienes han sido autorizados a cultivar cannabis con fines terapéuticos sean perseguidos penalmente. Así como, y sobre todo, proponerle a la Presidenta Bachelet establecer por vía de su potestad reglamentaria qué es “una pequeña cantidad para el uso personal y exclusivo próximo en el tiempo”, que permita claramente discernir entre la conducta de porte o tenencia para el consumo personal de la cantidad indiciaria de microtráfico, de tal manera de liberar así el 55% de la capacidad de intervención de Carabineros e Investigaciones en contra de la delincuencia común.
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