La denominada «Ley anti-díscolos», que comenzó a operar desde octubre pasado, tiene como uno de sus objetivos, evitar candidaturas que renuncien a sus partidos y vayan por fuera de sus pactos y compromisos cuando, por ejemplo, fuera sometido a primarias o a una decisión partidaria interna. Esta ley, homóloga en España, es conocida allá como “ley anti-tránsfugas”.
Sin embargo a la vista de los últimos acontecimientos, se hace necesario una legislación que complemente la anterior y avance también en limitar el incremento del poder desmedido de las mesas partidistas negociadoras, el control de las instituciones y la suplantación de la soberanía deliberativa y democrática. Algo así como una “Ley anticúpulas”.Cuando la racionalidad democrática empieza a ser suplantada por la defensa de intereses corporativos y personales, es necesario tomar urgente cartas en el asunto. Para no rasgar vestiduras después. Para que cuando dejemos de creer en las mentiras del otro, no nos creamos las propias.
No es de interés aquí analizar el tema de la inscripción fallida de la Nueva Mayoría, donde el problema de fondo persistirá, el Tricel acoja o no su apelación. En el mejor de los casos, solo 60 comunas aproximadamente, podrán tener primarias legales y vinculantes, ya que el tiempo legal expiró para inscribir otras. Estas fuerzas políticas no pudieron llegar acuerdo de hacer primarias. ¿Dónde justamente no llegaron a acuerdo? En las comunas donde existen alcaldes de la Nueva Mayoría. O sea, teniendo un mecanismo de resolución participativo, democrático e institucional no fue posible apelar a él para zanjar las discrepancias.
En esto pagan justos por pecadores. Fuerzas políticas con mayor disposición a las primarias ciudadanas, y otra más cerradas o erráticas, durante las negociaciones ante tal posibilidad.
No se trata de ensalzar las primarias como un mecanismo único y exclusivo de decisión, negando el rol de la deliberación racional en un proceso de negociación. Pero fue justamente esto último lo que no ocurrió.
La misma racionalidad que permitió acuerdos, aunque fueran mínimos, es vetada cuando desafía la teoría de “el que tiene mantiene”. El problema soy yo pero lo tienes tú, pareciera que se dice. Cuando la racionalidad democrática empieza a ser suplantada por la defensa de intereses corporativos y personales, es necesario tomar urgente cartas en el asunto. Para no rasgar vestiduras después. Para que cuando dejemos de creer en las mentiras del otro, no nos creamos las propias.
La presidenta del socialismo, Isabel Allende, acaba de presentar un proyecto de ley en esa dirección. Una señal real y genuina que trascienda las meras declaraciones y golpes en el pecho: establecer primarias obligatorias en donde exista más de una candidatura. Y podría empezar a regir en las próximas elecciones parlamentarias del 2017. Habrá que analizar con más detalle la propuesta, para que también inhiba el objetivo de impedir el eludir, mediante la renuncia a los partidos, las primarias ciudadanas. Y de esta manera el remedio no sea peor que la enfermedad.
Parece más plausible en esa dirección, establecer, al menos en las elecciones municipales, la segunda vuelta. Esta tendría al menos dos efectos virtuosos. Por un lado, si es que un pacto quiere llegar con una sola candidatura, la necesidad de realizar las primarias vinculantes. Por otro, si no se puede tal acuerdo (o si no se alcanza), que la primera vuelta, lo dirima. También esto tendrá que necesariamente hacerse efectivo al interior de los propios partidos, con inscripción directa en el Servel, por ejemplo. Y con una misma consideración para las candidaturas independientes.
Es de esperar que algo de esa voluntad y convicción se pudiera expresar desde ahora. Con la advertencia que cuidar las cosas, como los pactos o las personas, a veces hay que protegerlas de la propia capacidad de destruirlas.
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