¿Es verdad que ‘Amarillos’ son liberales?

Durante las últimas 12 semanas se ha podido observar el proceso de maniobras por controlar el debate dentro del proceso constituyente por parte del espectro político, provocando una ola de emociones tal como lo haría si fuésemos como país una montaña rusa.

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En una democracia liberal debe existir la posibilidad de que la generación de autoridades políticas de estas instancias de la preeminencia de la elección y que, por ende, no se puede aceptar que es preferible un mal acuerdo a no tener uno

Se debe recordar que en el movimiento político “Amarillos”, liderados por el profesor de castellano, editorialista, conductor de TV y ahora devenido en presidente de la colectividad en comento; Cristián Warnken, se opusieron a la propuesta de Constitución presentada por la Convención Constitucional criticándola, a juicio del representante de esta colectividad, de adolecer de un ánimo de revancha primeramente; luego acusando intervencionismo al gobierno a través del Estado; y ya con la amplia victoria que obtuvo el rechazo detrás sugiriendo que el órgano que debe redactar una nueva Constitución debe ser compuesta por miembros designados por el Congreso en virtud de su experticia en un 50 % y la otra mitad electa. Es decir, aquello que fue rechazado cuando se consultó acerca de qué órgano debía redactar la nueva Constitución en el plebiscito de entrada en 2020.

Y, aunque la posición de no ceder que un órgano mixto redacte una nueva propuesta constitucional, el diputado Andrés Jouannet cambió de parecer, lo que de algún modo pudo ayudar a destrabar el acuerdo al que arribaron en la jornada del día 12 de diciembre los partidos con representación en el Congreso Nacional (excluyéndose al PDG y a los republicanos). Un “Acuerdo por Chile” en que los principales beneficiados son las fuerzas conservadoras y opositoras a cualquier transformación institucional redistributivo, ecológico, con perspectivas de género y étnicas, o cualquier otra manifestación o expresión que pueda ser percibida como de raíz socialista por grupos de derecha moderada y radical.

El diputado Jouannet sostuvo en una entrevista radial que el arreglo alcanzado para activar el tercer proceso constituyente era un “buen acuerdo” fundamentalmente porque ningún grupo que participó se quedó con la sensación de haber perdido/cedido algo. Lo dice el único diputado que el movimiento político “Amarillos” declaró tener para ser invitado al diálogo constituyente, que obtuvo su escaño inscrito como candidato independiente por el Partido Radical en el distrito 23 de la Región de La Araucanía con 8.152 votos; equivalentes al 3,63 % del total de votos válidamente emitidos, según publica el SERVEL.

Es decir, ¿cómo es posible que gracias a un representante, que no fue electo por el movimiento político que dice representar, se logra instalar (y obtener el apoyo del sector opositor más amplio para ello) conceptos y alternativas defendidas por los grupos de interés privados vinculados a sectores del gran capital criollo?

Esa es la pregunta que muchas personas que desaprueban la instalación de un órgano redactor de una nueva propuesta constitucional con una instancia designada por partidos políticos con bajísima confianza institucional y que, además, tenga poder de veto en alguna etapa del debate constituyente. Porque, en mayor o menor medida, con más o menos semejanzas o parecidos, es lo que el pueblo consultado en el plebiscito de 2020 rechazó con amplia mayoría y es lo que este sector busco ignorar e impulsó, con la complicidad de Chile Vamos, los descolgados de la ex Concertación que no entraron a “amarillos”, obteniendo este comodín, esta carta que persigue garantizar el histórico poder de veto que ha ejercido la derecha durante los últimos 35 años.

La gravedad del asunto no es el arribo a un acuerdo, de hecho, es menester acordar una ley fundamental a la brevedad posible, porque ni la economía, ni la institucionalidad lo podrán soportar por mucho tiempo más, y fundamentalmente la sociedad toda, la comunidad política, el pueblo (incluidos quienes tienen la posibilidad de rascarse con sus propias uñas para sustentar las necesidades de sus familias) no pueden seguir esperando por la certeza de que las instituciones de la República estarán a la altura de los desafíos que esta época nos impone como país.

El diputado Jouannet invocó a la teoría de John Rawls sobre la autoridad política para argumentar que la legitimidad política no responde únicamente a la fuente electoral, es decir, a la “Voluntad Soberana” del pueblo elector. El líder de los “amarillos”, Warnken, dice defender y abrazar los ideales liberales y que esperan acercarse al centro político (sí, otro grupo más que apunta a copar dicho espacio), pero su movimiento propuso que la nueva Constitución fuese redactada por una comisión designada por el Congreso. ¿En qué punto se puede sostener que una comisión designada es tanto o más legítima para redactar una propuesta constitucional que un órgano electo universalmente por el pueblo?

Las democracias liberales no toleran que la autoridad política encuentre legitimación fuera de la manifestación de la “Voluntad Soberana”, porque son pocos los mecanismos en que esta puede realizarse. Y aunque se pueda esgrimir que en el Congreso Nacional reside la representación para la  manifestación y el ejercicio de dicha voluntad colectiva, también se puede señalar lo mismo respecto a la presidencia de la República, pues es el voto directo de los electores los que designan el cargo. O, asimismo, se puede sostener que dentro de la función legislativa cabe la competencia del poder constituyente. Sin embargo, en Chile existe la colegislación, donde existen materias de iniciativa exclusiva de uno u otro órgano del Estado (ejecutivo y legislativo) y que, por tanto, el poder constituyente está repartido en ambas instancias.

En consecuencia, no es tan claro el fundamento liberal de la autoridad política fuera de la manifestación de la «Voluntad Soberana» que invocan los “amarillos”, sino que se vuelve evidente que sus intereses no se encuentran en el ejercicio libre y soberano de la democracia para la decisión de asuntos tan sensibles como los derechos y deberes de las personas, la organización del Estado o la forma de gobierno, prefiriendo alternativas más restrictivas y, en lo posible, elitistas de elección y designación para la discusión y redacción de una nueva propuesta constitucional.

No se encuentra por dónde aceptar que la argumentación de los “amarillos” y Chile Vamos se fundamente en el liberalismo político o que su propuesta sea de mayor calidad democrática. Insistentemente sostienen en la seriedad, en la certeza de mesura y en la confianza de los “expertos”, aquellas personas con una conocida “trayectoria” profesional y/o académica. ¿Quiénes cumplen con los requisitos? En su mayoría quienes han podido financiar estudios de posgrados, y de estos, el grueso proviene de familias acomodadas, según se desprende de varios estudios sobre la caracterización socioeconómica de la educación en Chile, por lo cual las sospechas y desconfianzas respecto a una amplia representatividad y legitimidad en la designación de personas con un alto grado de experticia en determinadas disciplinas, es comprensible.

Finalmente, desde una perspectiva liberal, no son aceptables estas condiciones simplemente por el hecho de que en una democracia liberal debe existir la posibilidad de que la generación de autoridades políticas de estas instancias de la preeminencia de la elección y que, por ende, no se puede aceptar que es preferible un mal acuerdo a no tener uno, cuando las condiciones para aceptar aquello son el chantaje y el desconocimiento del mandato popular, implicando un descenso en estándar democrático inaceptable.

La historia juzgará si fueron tan liberales como reclaman ser los amarillos y sus compinches.