El episodio entre Camila Vallejo y la Senadora Ena Von Baer, en un programa de televisión, deja al descubierto la hipocresía del lenguaje con que nuestras autoridades desean ser nombradas.
La existencia de la legitimidad del voto, que algunos reclaman con tanta pasión, no es aplicable a todas nuestras autoridades, cuyo mecanismos básico ciertamente pende de una elección universal. Vale decir, la elección popular es el mecanismo establecido y validado, pero algunos pueden sortear la legitimidad.
Recordemos que en la dictadura militar todas las autoridades eran designadas mediante el dedo. De está manera, el actual senador Carlos Cantero, fue alcalde designado de Sierra Gorda, Tocopilla y Calama.
Lo mismo ocurrió con la actual diputada María Angélica Cristi, que al momento de crearse la Comuna de Peñalolén, fue designada alcaldesa por Pinochet y permanece en ese cargo hasta el año 1989, momento en que se postula como diputada por el distrito 24, que coincide con la comuna de Peñalolén y La Reina. Su calidad de designada le permitió organizar una plataforma electoral, suficiente para quedarse por otros 24 años como diputada.
El caso del actual gobernador de la Provincia de Marga-Marga, Arturo Longton, es aún más simbólico. Fue Alcalde designado de Valparaíso y Quilpué, para luego desde esa plataforma política, ser diputado del Congreso Nacional. Luego de ser derrotado electoralmente, volvió a ser designado gobernador ahora por la nueva gobernación del Marga-Marga.
Con al apertura del Congreso Nacional en el año 1990, nueve senadores designados y dos vitalicios estuvieron largos años en el poder legislativo y nadie dijo nada. Recién en el año 2006, vale decir, 16 años después, se eliminaron los designados, pero igual reaparecieron los designados.
En la Concertación también existen designados. El ex Presidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle fue senador vitalicio, cargo que ejerció por seis años. Igual situación con el Diputado Felipe Harboe, en el año 2009, que fue designado por el PPD como diputado, cuando la actual presidenta del PPD, Carolina Tohá, renuncia a su calidad de diputada, para ser ministra del gobierno de Michelle Bachelet.
Otro caso similar fue lo ocurrido con María Rozas. La desaparecida líder sindical, aceptó ser designada por el PDC, tras la muerte del diputado Manuel Bustos, en el año 1999. María Rozas, cumplió el mandato como diputada y tras intentar repostularse, perdió la elección.
El actual gobierno, logró designar varios senadores sin que estos obtuvieran ningún voto popular, mediante el reemplazo de senadores elegidos que incorporó a su gabinete. Es el caso de Carlos Larraín y Ena Von Baer. Pero eso no es todo. Existen otras casi 70 autoridades a nivel regional en el país, que son designadas por el gobierno sin contrapeso alguno. En cada una de las intendencias y gobernaciones del país, existen intendentes y gobernadores, que pudieran ser elegidos mediante el voto universal. Sin embargo, la clase política no hace nada para cambiar dicha situación.
Es importante ir terminando con la categoría de los designados, por que ello erosiona y otorga ilegitimidad a las autoridades, que sumada a la mala percepción que tienen las personas de los políticos, completan un cuadro que eleva la crisis de representación entre elegidos y electores.
En un año en que Chile despertó y los ciudadanos de a pie reclaman airadamente por mejores demandas, sería sano para nuestra democracia imaginar cambios que reduzcan las autoridades designadas y se les otorgue más protagonismo a los votantes. Más que mal, eso es lo que piden a grito en cada una de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas en todo el país, durante los últimos 7 meses.
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