En una nueva Asamblea General de la ONU el presidente Piñera señaló en su discurso que “toda evidencia de abusos o uso excesivo de la fuerza fueron puestos ante la Fiscalía, eso es lo que corresponde en una democracia y un Estado de Derecho, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para quienes atentan contra los Derechos Humanos ni violentistas”. Si bien uno podría decir que son constantes las contradicciones en las que cae el Presidente en sus discursos (sin ir más lejos, en esta misma instancia tuvo un foco centrado en lo ambiental para posteriormente no firmar el acuerdo de Escazú), lo que llama la atención sobre esto es cómo se ha configurado nuestra política institucional posteriormente a experimentar lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en Chile. Es a esta configuración institucional a la que llamaré como “cultura transicional” para referirme al hecho de que la solución siempre ha sido en hacer recaer sobre la judicatura la responsabilidad de resolver los temas de crímenes perpetrados por agentes del Estado.
Esto no es un tema nuevo para el país evidentemente, el ex presidente de Chile, Patricio Aylwin, estableció la frase “Nunca más” como una manera discursiva para hacer entender que en nuestro país nunca se volvería al terror (en el sentido más amplio de la palabra) que fue impuesto por la dictadura cívico-militar. Lo anterior se lograría, por un lado, con las investigaciones judiciales que se iniciarían en casos particulares y, por otro, con la constitución de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Estas dos maneras de enfrentar el problema (una jurídica y otra política) fue rápidamente superada para dar supremacía a los tribunales de justicia en busca de sanciones a ciertos agentes de la dictadura.
Lo anterior se evidenció en lo que Tomás Moulian caracterizó como “chivos expiatorios”, que tuvieron la trascendencia de blanquear la institucionalidad de la transición haciendo parecer que el Derecho podría resolver este tema a partir de la identificación de delitos aislados. Que no se malentienda, es totalmente necesario que las instituciones jurídicas se involucren en el juzgamiento posterior al terror experimentado por un país, pues una de las características de los procesos de justicia transicional es pretender revertir la inmunidad que creen tener quienes piensan estar por sobre la fuerza vinculante del derecho (el caso de Manuel Contreras es el mejor ejemplo, pues fue alguien que nunca se arrepintió de lo realizado), pero no puede ser lo único a considerar.
Esta cultura transicional de no considerar el aspecto político que se encuentra inherente en la violación de derechos humanos es algo que se presenta en las palabras de Piñera, como si no existiera una comunidad política que da cuenta de qué es lo que admitimos o no como sociedad.
El momento que vive Chile actualmente es una excelente oportunidad para superar esta forma unívoca de enfrentar este problema, pues no solo se cuenta con una legislación interna aplicable (como es el caso de la Ley 20.357 que podría hacer responsable incluso al mismo Presidente o al general director de carabineros), sino que contamos con la oportunidad histórica del momento constituyente para configurar la sociedad que queremos en el futuro, una que ya no se conformará con ver responsabilidades penales individuales por parte de ciertos agentes (un chivo expiatorio en términos de Tomás Moulian), sino que responderá de una forma distinta a la cultura imperante de los últimos 30 años, para construir de forma verdadera una comunidad política compartida.
Esta cultura transicional de no considerar el aspecto político que se encuentra inherente en la violación de derechos humanos es algo que se presenta en las palabras de Piñera, como si no existiera una comunidad política que da cuenta de qué es lo que admitimos o no como sociedad.
Para una profundización de estas ideas ver:
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