Una de las principales exigencias que se ha alzado en el último tiempo en pos de democratizar el país y las regiones es la participación, que los ciudadanos y ciudadanas podamos influir en la toma de decisiones que adopta el Estado y sus órganos ejecutivos. Que la democracia representativa (eligiendo representantes) dé un paso adelante hacia la de tipo participativa (fomentando la organización social) y directa (plebiscitos y consultas vinculantes).
Múltiples formas existen hoy en estos ámbitos. Desde las estrategias regionales de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y desarrollo comunal (que no son imperativos sino más bien referenciales) hasta las movilizaciones públicas, todos forman parte de la misma discusión. Unos más institucionales, otros menos, pero todos de alguna forma intentando incidir en ese espacio donde se debate lo que nos afecta a todos y a todas.Pero no nos engañemos. La decisión política de convocar a la población a pronunciarse públicamente sobre un tema determinado requiere ciertas condiciones mínimas para que sea reflejo real del sentir ciudadano.
Conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados proyectos que se proponen para un territorio no es una demanda que naciera hoy en Aysén. Estuvo en el corazón del movimiento Patagonia sin Represas (se logró reunir miles de firmas para que las comunas de Coyhaique, Cochrane y O’Higgins, con alcaldes pro hidroeléctricas, convocaran legalmente a plebiscitos comunales) y fue incluso el punto 4º del Movimiento Social “Aysén, tu problema es mi problema” de 2012: consulta vinculante por los mega proyectos. Pero estos son solo ejemplos, porque la demanda se arrastra desde hace mucho más atrás.
Entonces, quienes estimamos que los pobladores y vecinos tenemos derecho a participar en las decisiones que impactan los territorios que habitamos sí creemos en la participación ciudadana. Y lo hemos impulsado, en múltiples oportunidades, desde fuera del poder oficial y con el sistema mediático, político, económico en contra.
Pero no nos engañemos. La decisión política de convocar a la población a pronunciarse públicamente sobre un tema determinado requiere ciertas condiciones mínimas para que sea reflejo real del sentir ciudadano. De otra forma, mejor hacer una encuesta o sondeo de opinión. Y estas garantías mínimas no están dadas en la convocatoria a “una especie de plebiscito” que ha hecho el vocero de la mesa de trabajo, Glen Cáceres, en representación de una instancia que se conformó, específicamente, para cuestionar la creación del Parque Patagonia.
Primero, por falta de independencia. Porque el llamado lo hace precisamente un ente que nace en rechazo a dicha nueva área silvestre protegida. Baste revisar las declaraciones y acciones del alcalde Ricardo Ibarra, quien dirige la mesa, como la de su vocero (dirigente del sindicato minero de Cerro Bayo) para llegar a esta conclusión. Incluso, al hacer la convocatoria se señala sobre el parque que “las consecuencias a futuro no han sido medidas de manera correcta, no hay claridad sobre lo que dice el decreto, o sea, hay toda una comunidad que está en ascuas sin poder planificar su futuro, en una condición de cesantía y de precariedad, como dijo una persona aquí, es muy jodido ver a la gente que en este momento está viviendo prácticamente de limosnas”. En el fondo, una postura tomada. Es así que no existe forma de saber si el proceso y el procesamiento de los resultados será independiente.
Segundo, por la pregunta: “¿Quiere Parque Patagonia?”. Quienes están vinculados a la política y los estudios de opinión saben que este es el centro de la discusión. “¿Está de acuerdo con ampliar la minería a sectores de alto interés turístico y agrícola de Chile Chico?” podría ser una consulta aún tan necesaria, dada la preocupación que han planteado vecinos que sienten que el lugar que habitan podría ser una nueva zona de sacrificio minero. Ese debate es invisibilizado.
Tercero, los convocados. El alcalde ha insistido en anular del debate (público, al interior de la mesa) a todos quienes no están de acuerdo con su postura pública anti parque y pro minería, recurriendo para ello a la sensación de superioridad que infunde ser el jefe comunal y al medio que controla el municipio, la radio FM Tú. “Quienes apoyan el parque son afuerinos, solo un par de ambientalistas o gente rica insensible con quienes sufren” se ha querido dar a entender. En específico sobre lo de ser local o afuerino, luego de más de 20 años viviendo en Aysén y tres en la cuenca del General Carrera uno ya está acostumbrado. Lo que sí es extraño, por decir lo menos, es que provenga de alguien que no es de Aysén sino que nació en Osorno. A pesar de aquello, puedo decir que en esta ocasión sí me puedo sentir convocado, ya que se supone que podremos participar todos quienes vivimos en la comuna, lo cual suena sugerente e inclusivo. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se constatará la residencia es un tema relevante, al igual que personas que están temporalmente fuera de la comuna pero son de la zona –como los estudiantes universitarios- no puedan asistir.
Cuarto, el reducido plazo de convocatoria. Si esto fuera solo un sondeo de opinión anónimo no sería relevante el tiempo que pasa desde que se decide realizarlo hasta que se materializa. Pero por el componente público y político, poco más de una semana es un plazo demasiado acotado, no dando oportunidad para un proceso donde la comunidad tenga tiempo para acceder a información de calidad, más aún cuando desde hace meses en el municipio han utilizado todos sus canales (radioemisora, redes sociales) en pos de una sola postura.
Quinto, acceso equitativo a los medios. Hoy no existe pluralismo en el informativo de la radioemisora local municipal y sus programas asociados para dar cabida a las distintas visiones que existen en esta materia, al contrario de la relevancia que se le ha dado. La radio y sus redes sociales no están a disposición de la comunidad en general, no teniendo espacio las visiones distintas de la que ya ha tomado el municipio: su rechazo al parque. En este contexto, no existe igualdad de condiciones de información y publicidad para una convocatoria imparcial.
Son estas las condiciones mínimas ausentes que no dan garantías para participar en un proceso de este tipo, que planteado así deja en claro que tiene más un interés político comunicacional que realmente conocer la opinión de la ciudadanía, más aún cuando según nuestro ordenamiento jurídico vigente la consulta no tendrá validez legal.
Dicho lo anterior, es bueno dejar en claro que no son materias insubsanables, y se pueden considerar siempre y cuando exista voluntad para ello. Voluntad de hacer un proceso realmente imparcial, que le dé legitimidad, para lo cual muchos estamos disponibles. Es demasiado lo que está en juego para no hacer todos los esfuerzos en dicho sentido.
Para concluir, más que una “especie de plebiscito” lo que sí sería oportuno hoy sería trabajar en la actualización del Plan de Desarrollo Comunal cuya vigencia concluye este 2018 y que plantea como ejes el turismo y la ganadería, y apunta a ir dejando la dependencia de la minería.
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