Clase política, mala clase

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El ejercicio de la soberanía “se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas” dice el artículo 5 de nuestra Constitución. Pero los líderes políticos se han encargado de cerrarla puerta a la elecciones libres. Las elecciones periódicas, como forma aceptada por la Constitución, están siendo invalidadas por sus propios clientes frecuentes.

Hay quienes hablan de una “clase política”, pero eso es inexacto y un insulto para las verdaderas clases sociales. Las cuatro clases fundamentales, con respecto a la propiedad de los bienes de producción, son:burguesía; trabajadores asalariados; terratenientes; y campesinado.

Durante los siglos XIX y XX esa fue la base de los análisis económicos, políticos y sociales. Posteriormente, durante el XX y comienzos del XXI aparecieron diversas capas sociales y especialidades derivadas de los cambios tecnológicos ocurridos en la base de la estructura económica, fortaleciéndose así los grandes comerciantes y el retail; las empresas aseguradoras y reaseguradoras, eso por la parte de la burguesía.

En cambio, por el lado de los trabajadores, aumentaron los empleados especializados y técnicos; surgieron los “managers” y administradores; los tecnólogos de diversa índole; los profesionales universitarios que deben trabajar como empleados delos capitalistas y terratenientes.

En el lado de estos últimos, debido a los cambios tecnológicos y de la propiedad de la tierra, se incrementó el rol de los que explotan más sistemáticamente la tierra y las aguas; se fortalecieron así las empresas forestales, papeleras, pesqueras; enfocándose gran parte de la producción de frutas, vinos, peces y madera hacia la exportación.

Como reflejo de estos cambios en la agricultura, pesca, silvicultura, etc., los campesinos pasaron a asumir roles muy parecido a los de obreros industriales.

Ahora bien, ¿cuántos de los integrantes de estas cuatro clases fundamentales están en el Congreso? Yo diría que ninguno. No están en las cámaras los miembros de las seis grandes familias que concentran en sus manos la riqueza nacional (Paullman, Luksic, Solari, etc.). Por el lado de los miles de las familias más pobres, tampoco (no hay obreros, campesinos ni estudiantes en el Congreso Nacional). En cambio, la inmensa mayoría de los profesionales, managers y empleados que han servido y sirven todavía a las clases fundamentales, tienen alcaldes, concejales, diputados y senadores (la también mal llamada clase media). Entre ellos, los integrantes de partidos políticos no representan ni el 5% de la población.

La excepción que confirma la regla es nuestro Presidente de la República. El es empresario y político.

No obstante, la parte más grande de la torta la mueven las grandes empresas transnacionales, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o incluso de sus propios gobiernos nacionales.

El gigantesco grupo de los “representantes políticos” chilenos ha dado cobertura a diversos escándalos y crisis en casi todos los sectores de la economía.

Pero no sólo ha ocurrido en la economía, sino como consecuencia en la política. ¿Cómo catalogar sino a lo expuesto por Cristian Warnken en El Mercurio, donde denuncia el alcalde de Puerto Aysén que reclama por que una coima de 3 millones es muy chica? ¿O al ex alcalde de Coquimbo que debiendo 200 millones de pesos, llega a vicepresidente de la Cámara de Diputados?

No es para sonrojarse, sino para enfurecerse que tamaños próceres pretendan seguir dirigiéndolos destinos del país. Estos destinos dependen básicamente del único soberano que es el pueblo.

El ejercicio de la soberanía “se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas” dice el artículo 5 de nuestra Constitución. Pero los líderes políticos se han encargado de cerrarla puerta a la elecciones libres. Las elecciones periódicas, como forma aceptada por la Constitución, están siendo invalidadas por sus propios clientes frecuentes.

No hay “representantes parlamentarios” legítimos que merezcan esa clasificación, salvo contadísimas y honrosas excepciones. Nadie tiene el derecho de “el que tiene mantiene” y no existe la propiedad de “los cupos” en la Constitución ni en la ley de elecciones.

Si se harán o no elecciones primarias de algún tipo, o si se logrará cuantificar los votos “objetados” por llevar las letras AC, o si la lucha se prolongará por meses o años, está por verse.

Para una nueva Constitución el pueblo soberano debe hacerse cargo de modificarla y, si es necesario, hacerla de nuevo. Esto no ha sido nunca hecho en los 200 años de historia que tenemos, pero ahora debemos ponernos en nuestro real papel de rectores de nuestro destino.

En el siglo XXI los ricos “notables” criollos se ocultan detrás de sus managers y representantes, mientras los soldados a quienes Pinochet llamó los “garantes”de la democracia no sabrían ni que hacer porque no hay una “doctrina de la seguridad nacional” ni una Escuela de las Américas que les sirva de brújula.

No se trata de poner frente a frente a capitalistas y obreros (siempre lo hemos estado); ni se trata de enfrentar a partidarios del libre mercado contra los partidarios de un Estado protector. Se trata de que participantes de todas las organizaciones sociales, patronales,laborales, vecinales, educacionales, militares, etc. no importando su clase social de origen, asumamos un rol activo y levantemos propuestas programáticas sobre las cuales voten en un gran plebiscito nacional todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho.

Los grandes ausentes de tal plebiscito nacional deben ser los propietarios, accionistas y managers de las empresas capitalistas foráneas (mineras, aguas, seguros, comunicaciones,concesionarias de transporte), los trabajadores extranjeros que no tengan su documentación al día. Los chilenos “soberanamente” debemos decidir que se hará en la Constitución con las formas de propiedad y los mecanismos de regulación y fiscalización.

No le debemos pedir permiso a nadie, sino a nuestras propias conciencias.