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Rato: del banco, ¿al banquillo?

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La vía judicial se abre con fuerza para los activistas políticos. Será un espacio de resistencia y acción que todavía cree en nuestra arquitectura democrática. Una oportunidad que no se puede perder.  Las leyes, decía el filósofo Paolo Flores d’Arcais, son “el poder de los sin poder”. Ahora, y de nuevo, se van a poner a prueba las costuras de nuestras instituciones. Y las junturas de nuestras leyes cuando imparten justicia, no legalidad. Si se rompen, el desgarro será para la política y
para la democracia.

En concreto, empiezan a ser usuales iniciativas cívicas contra la banca o las grandes corporaciones financieras. Y sus gestores. El Bank of America, por ejemplo, se ha visto obligado recientemente a renunciar a cobrar comisiones mensuales a los clientes que utilizan una tarjeta de débito ante la presión de las redes sociales. Cuando el banco propuso la nueva tarifa mensual, una niñera enojada decidió hacer una petición a través de Change.org que  alcanzó casi las 307.000 firmas de apoyo y se propagó de la noche a la mañana por las redes sociales como Twitter y Facebook. La victoria fue total.

En EEUU, entre septiembre y noviembre de 2011, adquirió mucha fuerza la iniciativa Move your money que animaba a la gente a cerrar sus cuentas en los bancos en señal de protesta y mover el dinero hacia entidades locales y cooperativas de crédito. Se calcula que unos 650.000 consumidores transfirieron su dinero, según datos de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito (ANCC).

Entidades financieras como JP Morgan Chase empiezan a aprovisionar miles de millones de reservas para afrontar los posibles litigios. La banca se enfrenta al desafío más importante de su historia. Nunca había estado tan mal en términos de reputación. La percepción de usura organizada se ha instalado. La política vigilada se propaga.

El siguiente paso es el judicial. Hace unos días conocimos la iniciativa #15MpaRato, haciendo referencia a Rodrigo Rato, dimitido presidente de Bankia. Aunque los indignados ya han pasado a una segunda fase: #QuerellaPaRato. Y necesitan apoyo económico para poder presentarla (15.000 euros). Además, los impulsores de las acciones legales contra Rato, por su gestión en Bankia, consideran que precisan otros 80.000 euros para mantener el proceso y la investigación.

La campaña de recogida de fondos se ha canalizado a través de la popular plataforma de crowdfundingGoteo. Su página se ha visto desbordada por los accesos y las donaciones, aunque no descarto otras hostilidades. Pero siguen adelante. El éxito es notable, y aunque aún no han logrado todos sus objetivos, la progresividad parece indicar que la iniciativa va a llegar lejos. En cualquier caso, ya han conseguido lo más importante: canalizar la reacción de cabreo en positivo, romper el muro de silencio y demostrar que “sí, se puede”, con la ayuda de la política, o sin ella. Con los fiscales, o sin ellos.

Este es el nuevo territorio: la emancipación democrática progresiva de la ciudadanía respecto a sus mediadores tradicionales, los políticos. Todo se mueve. Las multitudes desbordan los límites y rebasan los perímetros. Y cuestionan a las instituciones.

Una clienta de Bankia increpó hace unos días al ministro Montoro: “Como me quiten el dinero, mato”. Ese grito es un síntoma, no una amenaza, todavía. Y una realidad inversa, dramáticamente, para los más desesperados. Aquellos que se suicidan atrapados en un callejón sin salida de rabia e impotencia.

España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa, mientras que su tasa de criminalidad es una de las más bajas, según las estadísticas. Y, a pesar de ello, el endurecimiento de las penas anunciado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón parece confirmar la idea de que la justicia española es blanda y los delincuentes quedan impunes. No sé cuantos delincuentes están dentro y cuántos fuera. Pero lo que persiguen estas iniciativas no es tanto la pena como el juicio. La verdad antes que el castigo.

Sería curioso, y muy chocante, que la comisión de investigación parlamentaria sobre Bankia no se abriera y sí, en cambio, un proceso judicial a uno de sus protagonistas.

El choque de legitimidades sería brutal y la antesala de problemas más serios, todavía. Cuando no se abren las compuertas (con los titubeos, amagos y previsibles rechazos a la comisión) se pueden acabar desbordando los diques. Las presas se rompen cuando la presión no se libera. En eso estamos. Y parece que no se dan cuenta.

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación.

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Foto: Cincodias.com

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