Hace algunos días, en dependencias del Centro Conjunto para Operaciones de Paz (CECOPAC), la Presidenta Michelle Bachelet encabezó el lanzamiento del segundo Plan de Acción Nacional (NAP, por sus siglas en inglés y en adelante PAN) para la implementación de la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Chile, desde la aparición de la presente Resolución, se ha adjudicado, con legítimo derecho, un protagonismo y vanguardia en lo que a política de género e inclusión se refiere. En el año 2009, fue el primer país a nivel regional en dar a conocer un primer PAN de carácter global en la administración pública, igualado por Argentina, solo que en este caso desde una perspectiva sectorial de defensa. Sumado a la contribución de contingente, principalmente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que concentra el mayor número de cuadros de los países del continente, el aporte en política exterior regional es incuestionable.Variados estudios, para aquel modelo de intervención, basados en evidencia empírica, afirman que la presencia y gestión del contingente femenino contribuye al mejoramiento de la comunicación con sus pares receptoras, incrementa la confianza con la población objetivo, reduce los incidentes relacionados con acoso, explotación sexual y violación, como posibilita la obtención de información privilegiada desde fuentes directas.
Si se quiere, esto no ha sido más que un efecto natural de políticas incrementales y detalladamente orgánicas, inter e intrasectoriales, que tuvieron su intensificación cuando la Presidenta se desempeñó como Ministra en la cartera de Defensa Nacional, y en su primer mandato mediante la Agenda pro Equidad 2006 – 2009. Lo meritorio, al día de hoy, y que ya se había reflejado en el primer PAN, fue el trabajo conjunto de carteras, en efecto, dispares en lógicas operativas, funciones y objetivos. Esta labor combinada y conjunta entre el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un marco de voluntad política, por lo demás necesaria, llevó a que la transversalización del enfoque de género en las políticas del aparato estatal tomara su sitial de excelencia; y no solo en lo que a Misiones de Mantenimiento de la Paz (UNPKO) se refiere. Para ser justos, previamente ya se contaba con iniciativas cristalizadas en los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) con enfoque de género.
Los compromisos asumidos por un Estado para la cooperación sur-sur y procesos de twinning, es decir, el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en la región, tal cual ambos PAN, obedecen a un deseo, al menos en este campo de trabajo, de convivencia basado en la solidaridad, la paz y la seguridad internacionales. De toda lógica y obviedad. Esto conlleva a que el Estado no solo sea generador de políticas, sino que por sobre todo proyecte lo interno ante lo externo, exporte prácticas y sea proactivo. El PAN en sí mismo, no es tan importante como lo que significa, su impacto como insumo, para la cooperación internacional; en misiones de paz o retroalimentación con vecinos. Chile actualmente, y según el Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (DPKO, por sus siglas en inglés), es partícipe de 4 misiones, de un total de 16 pertenecientes a la ONU: MINUSTAH (Haití); UNFICYP (Chipre); UNMOGIP (India y Pakistán); y UNTSO (Medio Oriente). La quinta es EUFOR – ALTHEA (Bosnia y Herzegovina), bajo mando europeo, no entrando en el campo de la principal organización internacional.
Con todo, el aporte de las mujeres es invaluable para la consecución de los fines propios de las operaciones de peacekeeping, pero también de peacebuilding. Variados estudios, para aquel modelo de intervención, basados en evidencia empírica, afirman que la presencia y gestión del contingente femenino contribuye al mejoramiento de la comunicación con sus pares receptoras, incrementa la confianza con la población objetivo, reduce los incidentes relacionados con acoso, explotación sexual y violación, como posibilita la obtención de información privilegiada desde fuentes directas. Pero tal vez es la visibilidad de la problemática de género en las sociedades receptoras producto de la presencia de las mujeres desplegadas, esas traumáticas experiencias consecuencia de patrones culturales o métodos naturalizados propios de conflictos armados, el aporte de mayor trascendencia.
En lo que concierne al posconflicto, el aporte no es menos importante, tal cual lo refrenda la R 2122/2013, complementaria a la 1325/2000. En realidad podría decirse que es en esta etapa de intervención en dónde la mujer debiese consolidar todo su potencial. La participación de las mujeres pasa a ser decisiva para que las estructuras políticas, económicas, sociales y mecanismos de seguridad ciudadana faciliten la obtención de una mayor igualdad entre hombres y mujeres de la sociedad receptora. La idea es que construyan desde su experiencia, desarrollen nuevas funciones y concreten mayores responsabilidades. No obstante, el riesgo asociado radica en que esta idea en abstracto no tenga su correlato en un mayor acceso a recursos y poder de decisión. A fin de cuentas de eso trata, en el fondo, la R 1325/2000: la redistribución del poder.
La Resolución complementaria antedicha, en conjunto con la 1820/2008, 1888/2009, 1889/2009, 1960/2010 y 2106/2013, todas abarcando distintas aristas de la problemática de género, expresa enfáticamente, en su numeral 7, letra (b), el deber que tienen los Estados miembros de las Naciones Unidas y contribuyentes de las Misiones de Paz, a elaborar “…mecanismos de financiación dedicados exclusivamente a apoyar la labor y aumentar la capacidad de las organizaciones que fomentan el desarrollo del liderazgo de las mujeres y su plena participación en todos los niveles de adopción de decisiones respecto de la aplicación de la resolución 1325 (2000)…”. El PAN 2015, como se deduce, sigue dicha línea.
En suma, todo lo dicho, la inversión iniciada hace ya más de una década, delata que la tarea aún esta inconclusa. Resta un trecho significativo para posicionar a la mujer, militar y civil, en el lugar que le corresponde. Este desafío no solo debe arroparse en un axioma derivado de la moralidad, entendiéndolo como un subsidio a desventajas sistémicas nacionales, sino que también en base a competencias. A la vez, es imperativo asumir que esta tarea, a la vez que desafío, que significa la equidad de género debe ser rasgo constitutivo del ejercicio de la función pública y, en consecuencia, una responsabilidad tanto de mujeres como de hombres.
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