Común es que en la baja representación femenina en cargos de representación popular (Congreso, alcaldías, concejos municipales, consejos regionales) el centro del debate sea el derecho de las mujeres a participar en dichos espacios. El retiro de barreras de entrada o discriminar positivamente por género fueron algunas de las medidas que en el caso del Senado y la Cámara de Diputados se aplicaron en 2017, pensando en que mientras más candidatas más posibilidades de aumentar su porcentaje de elección efectiva.
La discusión no es intrascendente.
A pesar de representar las mujeres más de la mitad de la población chilena (51,1 %) y del padrón electoral (51,3 %) y contar hoy con cuotas de género para la confección de las listas de candidatos y candidatas al Congreso, siguen ocupando menos de un cuarto de los escaños tanto de la Cámara de Diputados (23,9 %) como del Senado (23,2 %).La baja participación femenina no solo priva a las mujeres de un derecho sino a la sociedad en su conjunto de decisiones ejecutivas, colegiadas y legislativas que integren tanto las visiones de los hombres como de las mujeres.
En el caso de las alcaldías, hoy los liderazgos femeninos representan un magro 11,9 % en tanto que en los concejos municipales un 24,6 %. En paralelo, en 2017 las candidaturas de mujeres a los consejos regionales llegaron solo a un 27,1%.
Buscando revertir aquello, hoy en la Cámara Baja se tramita un proyecto que replica la Ley de Cuotas del Congreso para las elecciones en alcaldías, concejos y de los futuros gobernadores y gobernadoras regionales (hasta hoy no menciona los Cores). Establece así que en el número global de candidaturas que declare un partido o cualquier tipo de pacto, ni los hombres ni las mujeres podrán superar el 60 % del total.
“Que exista un bajo número de alcaldesas electas se debe -en parte- a la baja cantidad de mujeres candidatas para el cargo” se señala en la iniciativa legal presentada por las diputadas Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Natalia Castillo (RD), Daniella Cicardini (PS), Marcela Hernando (PR), Pamela Jiles (PH), Carolina Marzán (PPD), Emilia Nuyado (PS), Andrea Parra (PPD) y Catalina Pérez (RD). Para entenderlo aporta un dato complementario extraído del informedel PNUD “Mujeres y Elecciones Municipales 2016”: en 176 comunas, que corresponden al 51% del total, durante las últimas elecciones no hubo ninguna mujer compitiendo para alcaldesa.
Mención aparte merece el supuesto en que se basa el think tank UDI Libertad y Desarrollo para cuestionar el proyecto: da por sentado que el bajo porcentaje de representación en cargos de elección popular sería porque las propias mujeres no sienten interés en competir, al señalar que “más que imposiciones legales se requiere de un análisis más exhaustivo, que efectivamente permita identificar los factores que llevan a que las mujeres, haciendo uso de su libertad, opten, en promedio, por participar menos (las negritas son nuestras)”.
Una parte de esta discusión, por cierto, se vincula con las trabas de las mujeres para ejercer su derecho a ser candidatas y acceder a cargos de representación popular. En el fondo, una forma de asegurarles el uso de una garantía privada, individual, como es la de participar institucional y políticamente en los temas de carácter público.
Pero hay otra arista. Una de interés colectivo también.
La baja participación femenina no solo priva a las mujeres de un derecho sino a la sociedad en su conjunto de decisiones ejecutivas, colegiadas y legislativas que integren tanto las visiones de los hombres como de las mujeres.
Porque hoy por hoy, por muy progresistas que sean los varones, las lógicas, visiones y procedimientos políticos e institucionales siguen patrones masculinos, en ciertos casos simplemente como actos reflejos de tipo inconsciente. Y así van permeando y manteniendo el statu quo social. Y aquello, para muchos hombres también, no va en la senda de la democracia inclusiva y diversa que necesita con urgencia nuestro país.
Un país que nos necesita a todos. Y a todas.
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