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¿Qué pasa con las escuelas estatales?

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Debemos entender la escuela estatal no como una mera alternativa para quienes no pudieron acceder a la educación pagada, ni como un albergue para los alumnos que “botó la ola” del sistema, sino como un proyecto cultural y cívico que represente, en esencia, un espíritu nacional, que nos identifique a todos en nuestra alma e idiosincrasia, más allá del festivo y por todos alabado, endeble sentimiento nacional “endioeciochado” que vivimos en estos día de fiestas patrias.

Es un hecho evidente que la realidad de los establecimientos del Estado se encuentra en crisis.

Un primer síntoma de este fenómeno es el descenso de su matrícula desde que su administración está radicada en las municipalidades: de representar el 78% del sistema educativo en 1980, ha caído, en los últimos 30 años, a un 39% en 2012.

Un segundo síntoma se refiere a la equidad. Si bien es la que menos índices de segregación registra entre los tres regímenes existentes en el sistema educativo, en sus aulas se concentran los alumnos más vulnerables del país: datos del 2010 evidencian, por ejemplo, que el 80% y el 75% de los matriculados en cuarto básico pertenecen al grupo socioeconómico bajo y medio bajo respectivamente.

Un tercer síntoma alude a la calidad educativa. Según lo muestran las distintas pruebas estandarizadas, el rendimiento académico de los establecimientos municipales ha mejorado en los últimos años, sin embargo, su calidad sigue siendo inferior a los índices académicos de los establecimientos particulares pagados y particulares subvencionados.

Estos hechos permiten concluir que los establecimientos estatales han perdido el nivel académico, el pluralismo y la valoración social que tenían hasta hace un par de décadas.

Es necesario reflexionar sobre el papel del Estado en el sistema educativo. Lo que hace falta es posicionar al Estado en el lugar exacto respecto de su fin y de su relación colaborativa con las familias. En este sentido, el Estado, ante todo, debe reconocer el derecho de los padres a decidir libremente dónde educar a sus hijos. Sin embargo, la labor del Estado no se limita a este reconocimiento: a través de la ley (entendiendo la ley como ordenación de la razón al bien común) el Estado desempeña un papel importante en la enseñanza; el Estado no educa, porque la educación es una función propia de la paternidad, pero sí coordina la enseñanza (concepto distinto de la educación) hacia el bien común.

Esta función que está presente en el curriculum nacional, pero que, en algunos aspectos, como los Contenidos Mínimos Obligatorios, más que coordinar o dirigir, ha mostrado estar ahogando la diversidad de proyectos educativos, propendiendo a la homologación de contenidos en los establecimientos, contenidos que, más que mínimos, en la práctica son máximos (hoy por hoy, en este sentido, no hay mayor diferencia entre los programas de estudios de un colegio particular y el de un colegio municipal) y, por ende, contribuyen al debilitamiento de la libertad de enseñanza.

En efecto, no se trata de pensar en extremos, ―como el Estado Docente y proyectos como la “Escuela Nacional Unificada” que, en sus versiones internacionales recientes (la española, “Educación para la Ciudadanía”, por ejemplo), han mostrado no contribuir a la educación, siendo más bien una fuente de conflictos con los derechos de los padres―, sino de encontrar el justo equilibro entre los fines del Estado y las familias.

¿Cuál es el rol del Estado en la concreta realidad chilena? Las constituciones de 1833 y la de 1925 reconocían, expresamente, en sus capítulos referentes a las garantías constitucionales de enseñanza, una “atención preferente del Estado a la educación pública”. En la Constitución de 1980 desaparece la mención, aunque se reconoce el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ausente en los anteriores textos constitucionales. Ello demuestra, de paso, que en la historia de Chile nunca “lo público” ha sido sinónimo de Estatal (como creen algunos ahora), pero también demuestra, como afirmó Mario Góngora, que el Estado tiene una importancia vital en el nacimiento de la nacionalidad chilena, función que también está presente en la educación.

En definitiva, se trata, más bien, de devolver al Estado su labor específica en materia de enseñanza y su función de coordinar el bien común, labor que en ningún caso es incompatible con la participación de particulares, como Fernando Atria erróneamente ha querido contraponer junto a los demás autores de “El otro modelo”.

En lo que sigue, daré tres razones por las cuales debe fortalecerse la educación estatal.

Ante todo, los establecimientos estatales son parte de la tradición republicana de nuestro país. De ella son hijos grandes intelectuales, artistas, poetas, de todas las sensibilidades e ideas políticas. En los liceos del Chile de ayer se cultivó la virtud, la ciencia, el arte, la filosofía y la técnica en grados muy altos. Valentín Letelier, político e intelectual del s. XIX, llegó a decir que Chile no sería el primero de los “Estados americanos” sin el desarrollo de sus liceos estatales, sus Escuelas Normalistas y la Universidad de Chile.

En segundo lugar, en ellas se da el espacio propicio para la diversidad y el pluralismo, del encuentro con el “otro”, donde la experiencia del vínculo social se vive al modo más pleno e íntegro, donde las diferencias sociales pasan en realidad a segundo plano. Dicho de otro modo, en aquel encuentro con un “extraño”, que no es parte de nuestro círculo familiar o de amistades, es posible enfrentarse de modo real y concreto (no solo en libros de filosofía política) a la sociabilidad humana, condición que está en nuestro origen, porque nacemos por alguien y para alguien.

En tercer lugar, debemos entender a los establecimientos estatales no como una mera alternativa para quienes no pudieron acceder a la educación pagada, ni como un albergue para los alumnos que “botó la ola” del sistema, sino como un proyecto cultural y cívico que represente, en esencia, un espíritu nacional, que nos identifique a todos en nuestra alma e idiosincrasia, más allá del festivo y por todos alabado, endeble sentimiento nacional “endieciochado” que vivimos en estos día de fiestas patrias.

Por último, los establecimientos estatales, bien pensados, pueden ser un vehículo de equidad, de superación de las desigualdades sociales injustas y de origen, que afectan a buena parte de los chilenos, como lo evidencian importantes entidades nacionales e internacionales.

Es necesario partir desde lo más concreto: reconocer los beneficios de los aumentos de las subvenciones escolares. El gobierno del Presidente Piñera ha creado un fondo de “Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad”, con cargo al Presupuesto del 2013, por un monto de $72.000 millones de pesos. Este fondo es un avance importante, pero debe replantearse con el fin de ser asignado, con un criterio preferente, a las municipalidades que no están en condiciones financieras ni educativas de administrar educación, de modo que sea posible equilibrar las distintas realidades de municipios que existen en el país.

Asimismo, se debe mejorar el proyecto de ley que reemplaza a las municipalidades como sostenedoras educacionales por las “Agencias Públicas de Educación Local”. Este proyecto, presentado también por el Ejecutivo, es otro avance significativo, pues intenta resolver numerosos problemas de institucionalidad y administración que hoy enfrentan los establecimientos educativos del Estado. No obstante, no apunta al fondo de la crisis de los establecimientos estatales, pues la desmunicipalización también tiene reparos importantes, y no implica necesariamente un cambio sustantivo, en términos positivos, para esta realidad.

En consecuencia, es un bien mantener el régimen mixto (colegios particulares, particulares subvencionados y municipales) que actualmente existe en el sistema, pero deben corregirse los desequilibrios que lo afectan, especialmente el de los establecimientos estatales, problemática que evidencia que dimensión de bien común de la enseñanza tiende a desaparecer, lo que ocasiona no solo problemas de calidad educativa, sino también de equidad y cohesión social, necesarias para lograr un desarrollo auténticamente integral de todos y para todos.

* Por Luis Robert Valdés / Investigador IdeaPaís


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