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Educación gratuita: Lavín y su locura.

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No puede el Estado renunciar a educar a sus ciudadanos, es un error entender la educación como un bien de consumo, propio de una lógica neoliberal exacerbada. Debemos alejar el mercado de algunas cosas y entre ellas se encuentra la educación. No obstante, al parecer durante las últimas décadas nos hemos acostumbrado a comprar todo, a pagar por todo, incluyendo algo tan básico y esencial para la sociedad como es la educación.
 

A lo largo de mi estudio e investigación en materia de derechos sociales, especialmente en educación, he podido observar cómo países europeos y la mayoría de los países latinoamericanos reconocen y acogen en sus Cartas Fundamentales la educación como un derecho social que debe ser garantizado de manera universal, gratuita y de calidad. Lejos de estas ideas se encuentra nuestra Constitución, que sigue una lógica en sentido contrario, que rechaza la idea de los derechos sociales y deja fuera al Estado de una materia fundamental para el desarrollo y progreso de un país. En Chile el Estado no asume ninguna responsabilidad en educación superior y opera más bien la lógica del lucro y la absoluta libertad, en que incluso la actividad reguladora del Estado es débil.

Además, como señala el profesor Humberto Nogueira “un enfoque constitucional democrático que asume como valor básico la dignidad de la persona humana en su integralidad en forma coherente no puede dejar ningún derecho fundamental a disposición discrecional del legislador, ya que no hay ningún derecho fundamental que tenga una jerarquía superior a otro, el derecho a la salud y a la educación es tan importante como el derecho a la vida privada, la honra y la libertad de conciencia, para cada uno y todos los seres humanos”. Por lo tanto, no puede el Estado renunciar a educar a sus ciudadanos, es un error entender la educación como un bien de consumo, propio de una lógica neoliberal exacerbada. Debemos alejar el mercado de algunas cosas y entre ellas se encuentra la educación. No obstante, al parecer durante las últimas décadas nos hemos acostumbrado a comprar todo, a pagar por todo, incluyendo algo tan básico y esencial para la sociedad como es la educación. Sin embargo, el 2006 con los secundarios y el 2011 con un movimiento estudiantil transversal nace en la sociedad chilena la convicción de que la educación no es un simple objeto de mercado, sino que se trata de un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. No se trata de estatizar todo ―una falacia común incluso entre los más distinguidos académicos―, sino que se trata de que el Estado asuma el rol que debe tener en materia educacional.

Sabemos que transformarnos en un Estado Social de un día para otro no es fácil, pero el objetivo que persiguen estas líneas es lograr poner en el debate este desafío, que la ciudadanía comience a “masticar y digerir” la noción de derechos sociales, particularmente la educación y, en conclusión, el tema se abra a la discusión. Chile está en condiciones de dar ese paso e impulsar las reformas necesarias, y así dejar claro, que si llevamos a la práctica esas transformaciones, no es regresivo que los más ricos estudien gratis, otro argumento que se esgrime para evitar hablar siquiera del tema, incluso el exministro y candidato eterno Joaquín Lavín sostuvo que le parecía una locura que jóvenes que estudiaban medicina en la PUC, estudiaran gratis. Pero, si entendemos la educación como un derecho universal no se puede establecer una diferencia  en el propio derecho a la educación ―se puede distinguir en otro ámbito como en los impuestos por ejemplo―, sin mencionar que no me parece justo condenar al 95% de los estudiantes a pagar por su educación, para no financiar al 5% más rico.

Ahora bien, para determinar cómo deberíamos convertirnos en ese anhelado Estado Social, podemos seguir las conclusiones del profesor Miguel Carbonell: “Si quisiéramos intentar resumir las principales ideas que tendría que incorporar una teoría constitucional comprometida con la eficacia de los derechos sociales (social rights), quizá tendríamos que subrayar las siguientes obligaciones a cargo de los poderes públicos:

a)  Tutelar los derechos sin discriminación.
b)  Tomar todas las medidas apropiadas para hacer efectivos los derechos dentro de su territorio.
c)  Demostrar que las medidas tomadas son las más apropiadas para alcanzar sus objetivos.
d) Establecer vías judiciales para llevar ante los tribunales las posibles violaciones a los derechos señalados.
e) Lograr progresivamente la satisfacción de los derechos establecidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales, entendiendo por progresividad la obligación de hacerlo de manera inmediata y continua.
f)  No dar marcha atrás en los niveles de realización alcanzados, puesto que está prohibida o severamente restringida la regresividad.
g) Destinar el máximo de recursos disponibles a cumplir con los derechos sociales fundamentales (fundamental social rights).
h) Acreditar que en efecto se ha destinado el máximo de recursos disponibles.
i) En periodos de crisis, priorizar la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad; y
j) Asegurar niveles mínimos de satisfacción de los derechos, los cuales deben ser mantenidos incluso en periodos de crisis o de ajustes estructurales.”

Considero que como sociedad hemos ido poco a poco haciendo nuestras estas ideas y el eslogan «educación gratuita, pública y de calidad» está presente en nuestro subconsciente colectivo. Lo que ahora falta, que es lo más importante, es la voluntad y convicción de la clase política para llevar adelante estos cambios constitucionales, legales y de visión de sociedad. Este año se celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias, con lo que espero que se ponga en el debate hacer de Chile un Estado Social que garantice el derecho a la educación gratuita en todos sus niveles, de la mano con una nueva Constitución. Hacer de Chile un país más equitativo depende de nosotros mismos, pues los estudiantes y el movimiento social en general ya han hablado con creces. Chile necesita un cambio de reglas en educación ―y en otras tantas materias― y no nos queda sino esperar que las autoridades políticas estén a la altura de estas necesarias transformaciones, impulsadas por la sociedad chilena que a lo único que aspira es a vivir en un país más justo.

 

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Comentarios

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17 de junio

Desafortunadamente la educación no es gratuita, los profesores insisten en que se pague sus sueldos.

Intuyo que lo que tu propones es que el estado cubra el costo, pero como el estado chileno no imprime dinero, al final del día el costo sea asumido por toda la población, vía sus impuestos.

Y así se hace para la educación que es obligatoria, que es hasta la secundaria.

Por lo que sospecho que tu te refieres a la educación Universitaria, pues nunca dices de que educación hablas.

Si ese fuera el caso, lo que quieres es que las personas que no van a la universidad le paguen su gasto a las pocas personas que si van.

¿O no?

Diego A. Molina C.

18 de junio

Creo que se debe analizar el problema que trae la actual configuracion juridica del llamado deber del estado reconocido como derecho que es la educación en relacion a los tratados internaciones y el art 5 de la CPR

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