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Derecho a la educación, ´calidad y coherencia`

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La educación será uno de los grandes temas a debatir en la Convención Constituyente, diversos actores se preparan escribiendo al respecto, dado que instalar la educación como derecho efectivo y exigible en el contexto de situar a Chile en el principio de un Estado social y democrático de derechos, está indudablemente en juego.

La idea del Estado social consagra el principio fundamental que no se puede dejar en desamparo a quienes se encuentran excluidos por motivos sociales, culturales y económicos, ni marginarlos del desarrollo y la modernidad.


Hoy es necesario reconocer que la calidad involucra la educación de los estudiantes en sus distintas dimensiones, cognitivas, sociales y emocionales.

El Estado social del siglo XXI es democrático, abierto a la participación social, y por ende no admite burocracias y élites tecno-burocráticas que impidan la participación en las políticas públicas y en las estrategias de desarrollo. Dicho esto, preocupan algunas lecturas de trabajos de ONGs, CIPER, universidades y pp progresistas, en que al hablar sobre educación como derecho, colocan el foco en críticas a la constitución de Pinochet y sus artículos ya conocidos, como el 19 que establece 26 derechos y deberes constitucionales, solo dos de estos son propiamente educativos, el numeral 10 el derecho a la educación y artículo 19, numeral 11, la libertad de enseñanza y es conocido que en la Constitución vigente prima el derecho de los sostenedores por sobre el derecho de los ciudadanos a la educación (Cornejo, 2018).

En esa lógica  el foco no puede estar en una constitución que está muriendo, sino en propuestas de futuro tanto en la Nueva Constitución, como en programas de gobierno, porque debe  primar ante todo la voluntad de realizar un cambio sustantivo en el área educacional, no basta con definirse  antineoliberal, por más que lo repita en  columnas de opinión o trabajos escritos antes mencionados,  hoy se requiere coherencia y franqueza, tener la capacidad de ser autocríticos de la dualidad en que navegamos en los 30 años pasados.

En los inicios de la transición, los porcentajes de cobertura en la educación pública eran de 70%; la particular subvencionada 22%;  y la particular pagada 8%, hoy estas cifras se han revertido, la educación pública alanza apenas el 34%; por sobre la educación particular subvencionada con un 58%, y la pagada sigue con un 8%, pero nadie se hace cargo de esta  brecha en el cambio de cifras, mientras que durante los 30 años ministros y altos mandatarios solo hablaban de “fortalecer la educación pública”, pero lamentablemente solo quedó en el discurso.

Chile fue el laboratorio continental en la aplicación de las reformas educativas neoliberales, que se iniciaron en dictadura y lamentablemente continuaron en democracia, la incorporación de sistemas de medición, ranking y premios (SIMCE, SNED, PSU y otros) aún vigentes, han ido socavando la educación y se ha desatado una verdadera cacería por los buenos estudiantes. La Ley de Inclusión de Bachelet 2, ha paliado en parte este cuadro, pero la educación pública hoy, después de 40 años de abandono, está desprestigiada, por otro lado, la situación de tensión que se vive en los colegios particulares subvencionados, con mal trato a los estudiantes y profesores continua, si desean conocer una escuela autoritaria y clasista, ahí se encuentra.

En 1993 el Parlamento —incluidos los partidos de izquierda— aprobó la Ley de financiamiento compartido, que autorizaba el cobro de cuotas a las escuelas particulares subvencionadas con el erario nacional, sin que el gobierno disminuyera la subvención, no le podemos echar la culpa a esta ley a la constitución de Pinochet, pero hoy nadie se hace cargo de ese absurdo, pero el daño provocado al sistema educacional y la segregación clasista creada es inmenso.

La segmentación socioeducativa está ligada a la desigualdad educativa, solo que con mayores consecuencias sociales aún, se trata de la desigual distribución entre las escuelas de niños de diversos estratos sociales, culturales y económicos. Es una especie de apartheid educativo. La OCDE (2004) señaló que, en nuestro país, “el sistema educacional está conscientemente estructurado por clases”. Estos guetos educativos están asociados a la dependencia administrativa de las escuelas y a los niveles de selectividad de éstas. Los estudiantes de nivel socioeconómico bajo estudian principalmente en escuelas municipales y los estudiantes provenientes de niveles socioeconómicos medios o medio bajos asisten a colegios particulares subvencionadas, existen innumerables estudios y estadísticas que lo de muestran.  Es crucial que el próximo gobierno se haga cargo de esta situación y lo aborde con la celeridad que lo amerita para vigorizar la anhelada educación pública gratuita.

El otro aspecto importante que se debe abordar con mucha precisión es sobre la “calidad” de nuestras escuelas.  Lo que queda absolutamente claro es que la discusión durante las últimas décadas estuvo regulada por el discurso neoliberal que recoge, sustancialmente, conceptos ligados al mundo de la producción industrial. La “calidad de la educación” se incorporó a la batería de argumentos ideológicos neoliberales utilizados para el desmonte de la idea de educación como derecho y la instalación de la concepción de educación como servicio de consumo.

En ese contexto, la evaluación vigente ha sido utilizada para enfatizar los valores de la competitividad y el utilitarismo, los principios de la empresa privada —bono de calidad, salario de acuerdo con «rendimiento», contratos con límites de tiempo para los docentes—, y la exaltación del prestigio de colegios privados, donde migran los estudiantes ante la paupérrima realidad de las públicas. La actual concepción de la calidad en la educación se fundamenta en la gestión de la calidad total (GCT), paradigma altamente exitoso en las empresas privadas.

Es así como surgió la pasión por la calidad, también el derecho ciudadano a la calidad parece la conquista definitiva de un nuevo estadio de desarrollo y progreso al que nadie, por su benevolencia, puede negarse, al que todos (no se olvide que, en realidad, sólo algunos) tienen derecho y posibilidades de realización. (Escudero). Entonces se construyó todo un entramado, leyes, ranking, competencias desiguales, programas, incentivos perversos, para que al final se confirmara lo que siempre se supo desde el informe Coleman en la década del sesenta, las desigualdades económicas son determinantes en los resultados académicos, pero igual se insistió en el tema gobierno tras gobierno.

Hace unos años, Lerena (1989) denunció el estandarte de la calidad como el pretexto edulcorado que trata de camuflar términos políticamente menos correctos (excelencia, élites, minorías) y funciones perennes de la educación (selección, clasificación, distinción académica y redistribución social), disimuladas ahora bajo los imperativos de la calidad.

Hoy es necesario reconocer que la calidad involucra la educación de los estudiantes en sus distintas dimensiones, cognitivas, sociales y emocionales. Entendemos que el ser humano integral es cuerpo, emoción y mente, el cual se sitúa en un contexto social y cultural específico, que se manifiesta mediante distintos lenguajes como formas de expresión, pero que también mediante el lenguaje crea realidades y mundos posibles. En consecuencia, hablar de calidad implica, al menos, considerar estas dimensiones como parte de su ser y hacer en la escuela. (Nazif)

El llamado es hacernos cargo realmente de la educación en nuestro país, hay que avanzar para que sea más igualitaria, sin discriminaciones de ningún tipo, profundizar la importancia de la democracia y los derechos humanos desde la escuela para formar ciudadanos éticos y responsables.

TAGS: #DerechoALaEducación #ModeloEducativo #NuevaConstitución

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