Como es tradición, es hora de balances. El tenor de aquellos que ya lo han hecho en columnas de prensa es mayoritariamente pesimista y desalentador: un país a la deriva o derechamente con una hoja de ruta equivocada (el plan o paquete de reformas), con una tripulación inexperta y con más de un motín a bordo. Cuando más, a manera de mitigación del juicio crítico, se admite que 2015 no ha sido un año fácil pues ni el contexto global ni los ánimos nacionales han sido favorables.
Para estos analistas, todo está mal pues las reformas en sí mismas no apuntan a la calidad y son caprichos ideológicos, ajenas a los intereses y necesidades del país y del sistema educacional. Las reformas, por añadidura, se han hecho de mala forma pues tanto en el plano político como técnico, la solvencia no ha abundado en el MINEDUC: proyectos sin brújula, carentes de un adecuado sustento teórico-conceptual y de evidencia comparada relevante, mal secuenciados, imperfectamente redactados y sin el financiamiento requerido.Entonces, bien se puede decir: desde el punto de vista del gobierno, nada mal como resultado de la gestión de un año en Educación.
Reformas paridas luego del debate legislativo apresurado, sin discernimiento de las implicancias a medio y largo plazo simplemente porque dicho horizonte temporal y normativo no existe. Finalmente son solo el resultado de creencias compartidas no por la gente, sino por actores políticos que han logrado anidar las suyas en las nuevas leyes. Así, cuando el resto del mundo apunta a la provisión y financiamiento mixto, al establecimiento de mayores exigencias para docentes, o a la profundización de la autonomía de las escuelas, Chile aparece con recetas nostálgicas (sesenteras, dijo alguien). Y mientras tanto, el SIMCE y la PSU muestran que los aprendizajes ni su distribución social no mejoran; los docentes bien calificados en INICIA son menos del 30% de quienes rindieron esa prueba; la matrícula de la educación pública sigue cayendo.
Sin embargo, en educación el balance 2015 puede ser menos sombrío: una Ley de Inclusión aprobada (donde se establecen reglas que gradualmente terminan con el lucro, el copago y la selección en establecimientos subvencionados por el Estado), dos proyectos señeros en discusión legislativa y avanzando (Carrera Docente y Nueva Educación Pública) y una ley corta en Educación Superior que posibilita a partir de 2016 la gratuidad para el 50% de alumnos más vulnerables que se matriculen en universidades elegibles.
Si además se agrega al recuento la ejecución 2015 y continuidad 2016 del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública (de varios cientos de miles de millones de pesos que debieran sanear financieramente a las entidades municipales que luego conformarán los Servicios Locales de Educación), la creación de una Subsecretaría de Educación Parvularia (llamada a resolver los problemas institucionales, de cobertura y de calidad de dicho nivel), la creación de 2 universidades y 15 CFT estatales gratuitos y la creación de 2 Centros de Liderazgo Escolar y el lanzamiento de un nuevo Marco para la Dirección y el Liderazgo, entonces bien se puede decir: desde el punto de vista del gobierno, nada mal como resultado de la gestión de un año en Educación.
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