Propuestas políticas para combatir el centralismo del Estado

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El problema para enfrentar el centralismo con estas medidas, es que previamente se debe enfrentar a una fuerte cultura centralista en las instituciones y prácticas políticas del Estado. Como consecuencia casi siempre observamos que termina imponiéndose el statu quo, e impulsando medidas “administrativas” que no resuelven el problema de fondo.

El centralismo del Estado es un problema político de concentración del poder. En este sentido y enmarcado en el proyecto Nueva Agenda Regional del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo de Rimisp – Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, se han presentado seis propuestas de naturaleza política para combatir el centralismo del Estado en Chile.

1. Representación política regional. Elegir de manera directa al Intendente es una necesidad para garantizar la legitimad y representación territorial en la acción de gobierno en la región, lo cual no es excluyente con mantener un representante directo e inmediato del presidente de la república en regiones o provincias. Manteniendo un representante del presidente en regiones, se evita que sus habitantes sufran las consecuencias que implica tener un “Intendente” de tendencia política distinta al Presidente de la República, que por ejemplo y con tal de hacer una férrea oposición al gobierno nacional, impida u obstaculice la implementación de políticas públicas nacionales en regiones.

2. Espacios de decisión y participación ciudadana en regiones. Habitualmente, no se vincula la priorización de necesidades que hacen los representantes sociales/productivos con planificación de la inversión pública, porque no hay espacios ni diseños institucionales que garanticen la participación ciudadana en la decisión de políticas públicas regionales. Una propuesta concreta que se plantea en esta materia es avanzar hacia una “presupuestación participativa regional” en donde los representantes sociales y productivos tengan la posibilidad de priorizar proyectos de interés regional. Consiste esencialmente en que una parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sea priorizada y decidida por agentes regionales (representantes de la sociedad civil, del sector productivo e instituciones públicas).

3. Capacidades técnicas en municipios y regiones. Una de las causas de la baja ejecución presupuestaria que esgrimen los Gobiernos Regionales, es que los municipios no presentan muchos proyectos, y los que presentan traen falencias técnicas que impiden obtener rápidamente la recomendación o aprobación técnica (RS). De esta forma, el problema fundamental en muchas regiones está en que muchos municipios no tienen recurso humano calificado para formular adecuadamente dichas iniciativas. La propuesta consiste en instalar de manera permanente recurso humano calificado en regiones para que se pongan a disposición de aquellos municipios más carenciados, y así evitar que las inequidades territoriales se profundicen cuando los municipios más pobres no pueden presentar proyectos para solucionar sus problemáticas territoriales.

4. Atribuciones para “formular” políticas públicas sectoriales en regiones. En la actualidad, las regiones sólo implementan políticas públicas y no inciden en el diseño, ni en la formulación presupuestaria, la cual es de corte nacional en cada ministerio. Por tanto la identidad regional y la pertinencia territorial de la política pública, no es un elemento consustancial en dicho proceso. Mucho se habla en Chile de superar desigualdades territoriales, disminuir brechas e inequidades territoriales, pero poco se hace para reconocer la heterogeneidad territorial como componente esencial en la formulación de las políticas públicas que se aplican en regiones.

5. Atribuciones políticas al Consejo Regional. Por su parte esta capacidad de “proponer” temas de agenda regional no se observa en las funciones de los Consejeros Regionales, sólo pueden “aprobar”. En definitiva, la posibilidad de deliberar políticas regionales de desarrollo no recae en el Consejo, sigue recayendo en el Intendente. Tampoco se observa un avance en materia de participación de actores locales y regionales en la formulación de políticas de desarrollo, dado que en este proyecto se considera la supresión de los actuales Consejos Económicos y Sociales Provinciales.

6. Descentralización de los partidos políticos. La tesis planteada por Willis, Garman y Haggard (1999 y 2001), señala que la descentralización en América Latina, está arraigada en rasgos y características de la constitución, el sistema electoral y los sistemas de partidos. Resaltan que en países con partidos políticos nacionales hegemónicos o con partidos políticos con sistemas de decisión interna centralizados, el gobierno central ejercitará un mayor control sobre el poder político y el uso de los recursos fiscales en los niveles locales. Por el contrario, en países con partidos políticos regionales o con partidos que cuentan con sistemas de decisión más descentralizados, se observan mayores avances en materia de descentralización. ¿Por qué se genera este proceso?

El problema para enfrentar el centralismo con estas medidas, es que previamente se debe enfrentar a una fuerte cultura centralista en las instituciones y prácticas políticas del Estado. Como consecuencia casi siempre observamos que termina imponiéndose el statu quo, e impulsando medidas “administrativas” que no resuelven el problema de fondo. Para muestra un botón, medidas como la elección directa de Consejeros Regionales se ha tardado en concretar casi una década, y peor aún, cuando se concreta se observa que las atribuciones que tendrán serán mínimas y en franco desbalance con la autoridad regional designada. Transferir poder político a regiones, esa es la principal tarea para combatir al centralismo.

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Fotografía: Wikimedia Commons