Participacion Ciudadana
Producto de la descentralización en Chile, los municipios cuentan hoy con amplias atribuciones administrativas, con autoridades electas por los ciudadanos, pero con escasas atribuciones fiscales para cumplir con su amplia agenda local. Por su parte, los gobiernos regionales cuentan con atribuciones para decidir el destino de considerables recursos fiscales (FNDR), pero con escasa legitimidad política ante los ciudadanos producto de que sus autoridades no son electas de manera democrática. En promedio, los municipios participan con no más de un 8% de la inversión pública efectiva en comunas. El 92% restante se realiza con recursos regionales y ministeriales, siendo el Ministerio de Transportes y el de Vivienda los que más aportan en términos porcentuales, llegando entre ambos en algunos territorios a representar casi al 60% de la inversión pública efectiva. ¿Qué consecuencias genera este diseño descentralizador?
Para un municipio, especialmente para alcalde y equipos técnicos, la principal tarea es persuadir a las autoridades del Gobierno Regional y mantener adecuadas relaciones con las autoridades del nivel central para obtener financiamiento a sus proyectos. Este hecho fue ratificado en un estudio realizado en la ex – región de Los Lagos el año 2007, considerando la opinión de profesionales y representantes políticos, se pudo constatar que del total de municipios de la región (42 en ese entonces) sólo un 50% contaba con su plan de desarrollo comunal (PLADECO) actualizado. De esos municipios, un 85% lo consideraba sin importancia, y señalaban que su principal utilidad tiene un carácter más jurídico, ya que con ello los alcaldes se evitan problemas de incumplimiento de la ley. En cuanto a la relación entre la participación ciudadana y la obtención de recursos a nivel regional o ministerial, casi un 70% de los encuestados, consideraba que la participación de la comunidad era poco o nada importante, porque en el nivel regional dicha variable no es considerada formalmente.
A contraparte, casi un 80% de los encuestados consideraba indispensables las redes de contacto o el lobby político para conseguir financiamiento fiscal a sus iniciativas. Dado este panorama, mantener “buenas relaciones” con senadores, diputados, ministros o con el intendente o consejeros regionales, resulta de vital importancia para recibir apoyo a la hora de que estos últimos voten en el consejo regional para seleccionar y hacer que un proyecto local acceda a financiamiento, por ejemplo vía FNDR. El lobby o clientelismo se superpone al hecho de que en ningún momento del proceso de priorización y selección de los proyectos, el SERPLAC, intendente o los consejeros regionales establecen “formalmente” que tendrán una calificación mayor aquellos proyectos presentados por municipios que hayan sido priorizados por la comunidad. Lo anterior es totalmente distinto a que los proyectos vayan acompañados de un listado de firmas de apoyo de ciudadanos como actualmente sucede.
Este modelo “descentralizador”, -altamente hipócrita, porque promueve que los ciudadanos participen en los asuntos públicos pero sin vincularlo con ninguna decisión pública de relevancia,- ha terminado por consolidar un estilo de gestión altamente elitista, promotor de círculos de poder y de gestión concentrados en relaciones altamente clientelares a escala local y regional, dado que mientras más contactos tiene un alcalde ante ojos de los ciudadanos parece ser un mejor gestor.
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