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El Gobierno ha presentado un proyecto de ley destinado a crear un Ministerio de la Cultura que reemplazaría y fusionaría al actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).
Tras diez años de funcionamiento del CNCA, el mundo de la cultura valora lo que ha significado la institucionalidad cultural creada en 2004 por el presidente Lagos, pero quieren discutir sobre sus límites. El principal defecto que todos los actores apuntan es su carácter bicéfalo (DIBAM-CNCA), fuente de ineficacias, incoherencias y roces en la implementación de las políticas culturales, en especial en el ámbito del patrimonio y del fomento de la lectura.
Cabe preguntarse, sin embargo, si la solución propuesta por el Gobierno es la adecuada tanto desde el punto de vista de la institucionalidad que se propone en el proyecto de ley como desde el punto de vista de lograr un impulso novedoso a las políticas culturales en nuestro país.
A primera vista, parece desmedida y exagerada la estructura burocrática que se propone: un ministro, un subsecretario, quince seremis, un director nacional del Instituto de las Artes e Industrias Culturales y quince directores regionales del mismo, un Director del Patrimonio Cultural mas quince directores regionales, en total casi 50 funcionarios directivos, sin contar los secretarios ejecutivos de los Consejos del Libro, del Audiovisual y de la Música, además del Secretario Ejecutivo de Monumentos Nacionales y los directores del Sistema de Museos, del Sistema de Bibliotecas Públicas y del Sistema Nacional de Archivos. De estos cargos, pareciera que al menos los seremis están demás, ya que no tendrían atribuciones reales, puesto que los jefes de los dos servicios regionales (Instituto de las Artes y Dirección del Patrimonio) son los que, en buena hora, manejarían las políticas y los presupuestos.
Más preocupante todavía es la mala idea del proyecto de entregar a los Consejos Regionales de la Cultura y el Patrimonio la facultad de “asignar” los recursos regionales del FONDART. La experiencia de los gobiernos regionales hace evidente el riesgo de captura y de corrupción asociados a la entrega de fondos por parte de un órgano de esa naturaleza. Éste debe limitarse a orientar y fijar políticas regionales y analizar los resultados de la distribución de los recursos de acuerdo a las bases de los concursos, pero en ningún caso asignarlos o distribuirlos.
El proyecto ignora la necesidad de profundizar el carácter pluralista y participativo de la instancia que establece las políticas culturales, en este caso un Consejo Nacional de la Cultura y el Patrimonio. De acuerdo al método de composición propuesto, los miembros de dicho consejo que no son funcionarios de gobierno serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de 3/5 del Senado. No hay que tener mucha imaginación para saber que esos miembros serán representantes de las dos coaliciones principales, siguiendo lo que ha sido la tradición de otros consejos directivos públicos conformados de acuerdo a la lógica del sistema binominal. Si esta manera de entender el pluralismo ya resulta muy criticada en el ámbito de la televisión, con mayor razón lo será en el del Consejo de la Cultura: se trata de un falso pluralismo que la ciudadanía soporta cada día menos.
La creación de un Ministerio de Cultura moderno y no burocrático, que permita la participación en la definición de políticas de largo plazo, que recoja las ricas tradiciones de las instituciones y organismos culturales que se han venido desarrollando en el país a lo largo del tiempo, puede ser un paso positivo, siempre y cuando sirva para que las políticas culturales puedan desarrollarse con la intensidad y eficiencia que se requiere.
Cabe preguntarse si la solución propuesta por el Gobierno es la adecuada tanto desde el punto de vista de la institucionalidad que se propone en el proyecto de ley como desde el punto de vista de lograr un impulso novedoso a las políticas culturales en nuestro país.
El proyecto contiene algunas ideas importantes como lo es la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, recogida del proyecto de la presidenta Bachelet que creaba el Instituto del Patrimonio, ingresado al Congreso Nacional en 2009.
Pero, esta reforma institucional debiera servir también para invitar a formular una nueva política cultural integral, que aborde los problemas que se han hecho evidentes: deterioro patrimonial, instituciones sin presupuesto, centros culturales comunales de excelente infraestructura pero sin programación ni personal profesional, teatros municipales con cuerpos estables desfinanciados o inexistentes, precio del libro excesivo y niveles mínimos de lectura en la población, ausencia de diversidad en la oferta audiovisual de las redes comerciales, televisión con una calidad y aporte cultural más que discutible.
Reformar la institucionalidad sin abordar estos desafíos será como decir: ¡a grandes problemas, grandes instituciones !
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Foto: www.fotopresidencia.cl
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