Paz en Colombia

El anuncio de un pronto acuerdo de paz entre el estado colombiano y las FARC, que incluye el tema de la justicia en relación a los delitos de lesa humanidad (secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos, reclutamiento forzado de niños, desplazamiento obligado de la población civil, entre otros), ha abierto una clara esperanza de poner término a un conflicto en el que participan diversos actores armados y que se prolonga por cinco décadas convirtiendo a la población civil, especialmente comunidades indígenas, afro descendientes y campesinos pobres, en sus principales víctimas.

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Los gobernantes no son académicos ni activistas: tienen la obligación de buscar caminos de solución a los conflictos de acuerdo a sus propias realidades.

El paso que ha dado el presidente Santos importa un alto coraje político y moral y es fiel espejo del deseo de la sociedad colombiana de superar un conflicto sin perspectivas, pero que causa enormes sufrimientos y daños sociales, económicos y humanos.

Es evidente que son muchas las cuestiones que la sociedad debe encarar para salir de una experiencia traumática. La ya larga experiencia regional en torno al tema de la justicia transicional deja innumerables lecciones que Colombia parece haber aprendido. La justicia en relación a la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad son parte de esas cuestiones que marcan el período post violento, pero no agotan la cuestión.

Normalmente, los problemas que dieron origen a la violencia siguen arrastrándose, las ideologías o los intereses que sustentaron las actuaciones de los actores siguen muchas veces vigentes. Sin embargo, se puede decir en general que la sociedad post violenta debe encarar decisiones fundamentales: por ejemplo, si va a reconstruirse sobre el paradigma del olvido o de la verdad, o cual será el alcance de la justicia: si se va a privilegiar una justicia sancionadora o una justicia reparadora.

El acuerdo de paz colombiano establece la creación de un tribunal ad hoc compuesto por jueces nacionales y extranjeros y unas penas que dependerán de la colaboración de los involucrados en los crímenes. Los que reconozcan los hechos y manifiesten así su arrepentimiento, recibirán penas de hasta 8 años con restricciones a su libertad, mientras que los que no lo hagan, podrán recibir hasta 20 años de cárcel.

Resulta discutible si se trata de un triunfo de la justicia en un sentido pleno, pero es indudable que se trata de un triunfo de la paz. Los gobernantes no son académicos ni activistas: tienen la obligación de buscar caminos de solución a los conflictos de acuerdo a sus propias realidades. Se trata de una solución innovadora en el asunto más delicado de la negociación, que recoge la experiencia sud africana donde el odio racial causado por el Aparthied fue superado gracias a la gestión conciliadora y la voluntad política de transición pactada de Nelson Mandela. El acento no está puesto en la impunidad, como muy mal algunos han leído, sino en la búsqueda de la paz, el reconocimiento de los crímenes, en la verdad y en el perdón, expresado en condenas leves y en la posibilidad de participación política en el futuro del país.