La exigencia de una Asamblea Constituyente ha avanzado con fuerza en la sociedad chilena. En poco tiempo numerosas organizaciones políticas y sociales la han puesto entre sus principales prioridades. A pesar de los permanentes intentos por eliminarla del debate público, la Asamblea Constituyente se ha ido incrustando en la discusión nacional con una arrolladora fuerza propia. Si hace un año hablar de educación gratuita o Asamblea Constituyente era una “insensatez”, en el actual escenario resulta impensable no referirse a estos temas. Pero, como es costumbre en nuestro país, aparecieron los filibusteros que quieren hacer pasar una nueva Constitución gatopardo 2.0 por Asamblea Constituyente. Venden jurel por atún, quieren pasar por gatos por liebres. La propuesta de “Nueva Constitución” avanzada por el diputado Marcelo Díaz y el senador Camilo Escalona muestra cómo la clase política binominal se ha especializado en el oficio del engaño. La propuesta del senador Guirardi es otro ejemplo de lo anterior. ¿De verdad creen que alguien va a reconocerle alguna legitimidad a una Constitución excretada desde este Parlamento? ¿Entienden realmente por qué exigimos una Asamblea Constituyente?
Quienes impulsamos la idea de convocar una Asamblea Constituyente que refunde una democracia digna de ese nombre, le devuelva a Chile su carácter de República y haga de su pueblo el único soberano, hemos profundizado mucho en las razones que nos motivan, pero poco hemos dicho acerca del cómo llevarla adelante. Ello ha facilitado el camino de charlatanes como Díaz y Escalona, que ven con horror una eventual participación de la ciudadanía en un debate que le concierne en primer lugar.
Entre los promotores de la Asamblea Constituyente no ha habido claridad respecto de cómo deben elegirse los constituyentes, ni sobre qué universo electoral, ni a propósito de las condiciones de elegibilidad o el modo de postulación, entre otros temas fundamentales. Estas cuestiones determinan en gran medida la viabilidad de la Asamblea Constituyente, su legitimidad, así como su capacidad real para terminar de una vez por todas con la podredumbre de la institucionalidad heredada de la dictadura y consolidada por la Concertación.
Hace ya casi cuarenta años que la democracia fue secuestrada y se impuso por la fuerza un modelo económico injusto, depredador del medio ambiente, ferozmente explotador de los trabajadores, y que concentra la riqueza producida por todos en los bolsillos de un puñado de grupos económicos. Desde los albores del Chile que quiso ser independiente arrastramos una cultura patriarcal, centralista, huincacéntrica, homofóbica y autoritaria que determina todas las relaciones sociales y de poder existentes en nuestra sociedad. En muchos aspectos somos una sociedad medioeval. Por eso somos cada vez más quienes pensamos que es hora de refundar el país, para traerlo a su época en pleno siglo XXI. Para hacer realidad este sueño se requiere la participación activa de todos, sin exclusiones de ningún tipo, para elaborar un Pacto Social y Político que siente las bases de una convivencia justa y apaciguada. Apaciguada precisamente porque justa.
Si el contenido de la actual Constitución es fiel reflejo de la forma en que fue elaborada -en modo autoritario y excluyente-, el nuevo Pacto Social y Político debe ser la expresión y la culminación de la Soberanía popular por fin alcanzada.
Definir sin ambigüedades las cuestiones relativas a la convocatoria de la Asamblea Constituyente es hoy en día la tarea fundamental. La llave que le abrirá la puerta al debate sobre las nuevas bases constitucionales.
Quienes ponen el énfasis en la discusión sobre los principios constitucionales, para aparentar que ahí existen coincidencias, ponen la carreta delante de los bueyes. Como en el inacabable proceso de la transición eterna, hacen trampas con el procedimiento mientras se arreglan con la derecha confesional. Luego dirán, como siempre, que el diseño institucional que ellos mismos pactaron les impide cumplir con las propuestas con las que decían comulgar.
He ahí porqué es tan importante definir el camino que lleva a la Asamblea Constituyente. No podemos seguir tolerando que los tramposos de siempre hagan trampas ad eternum.
Si convocamos una Asamblea Constituyente es para que la Constitución emane de la deliberación libre y democrática del pueblo de Chile, y adquiera su forma jurídica gracias a los constituyentes elegidos. La adopción definitiva de la nueva Carta Fundamental deberá ser sometida a plebiscito.
Predefinir el resultado de tal proceso es atentar contra el espíritu mismo de una Constituyente. Ganar por secretaría, excluyendo una vez más a la ciudadanía. La garantía de obtener una nueva Carta Magna plural y democrática reside esencialmente en que el proceso que lleva a ella sea plural y democrático.
En PAIZ somos partidarios resueltos de una Constituyente originaria, lo que quiere decir que no debe existir ningún lazo de dependencia entre la institucionalidad democrática de mañana respecto de la autocracia de hoy. Sus normativas deberán ser superiores e independientes a todo poder establecido, y sus acuerdos se alcanzarán por la mayoría absoluta de los delegados constituyentes.
En nuestra opinión éstos deben ser elegidos mediante un sistema electoral proporcional, con plena libertad de participación, sin limitaciones de ninguna especie. La ciudadanía elegirá libremente a quienes considere dignos de su confianza. Las listas electorales deben incluir a todos los chilenos, incluyendo a los que residen en el extranjero, con la sola condición de ser mayores de 14 años. El derecho a elegir y a ser elegido debe ser coherente con la sola exigencia precedente. Si la autocracia actual estimó que un joven ciudadano de 14 años es responsable penalmente y puede ser encarcelado, es justo que ese ciudadano pueda pronunciarse sobre las leyes que debe respetar. Uno de los principios fundamentales de la democracia es el que afirma que los ciudadanos respetan las leyes que ellos mismos contribuyeron a adoptar.
La inscripción en las listas electorales será automática, y el voto absolutamente libre. La manifestación de la voluntad ciudadana es, por definición, el producto de una voluntad libre. He ahí algunas ideas acerca de cómo caminar en dirección al futuro. Ellas son un elemento clave para que el resultado deseado, una Constitución democrática, esté a la altura de las necesidades del país y de las esperanzas de todo un pueblo.
Una vez que las condiciones necesarias para convocar una Asamblea Constituyente estén establecidas, nos volcaremos a la tarea siguiente: definir los principios básicos de la nueva institucionalidad. No es que no tengamos algunas ideas al respecto, pero cada cosa a su tiempo.
Abrirle el camino a la Asamblea Constituyente no es tema secundario. Los numerosos países que han vivido este proceso (Chile es uno de los raros países que no lo ha hecho) recorrieron sendas diferentes. De ahí que cada Constitución tenga sus particularidades. En otras palabras, del camino que elijamos dependerá en buena medida el resultado que alcancemos. La democracia no se construye en ausencia del pueblo.
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Foto: Ojo Espejo / Licencia CC
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