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En la notaría, con Bachelet

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Imaginemos el proyecto Andina 244 frente a una ciudadanía a quien la candidata ha entregado “información y recursos”, una ciudadanía para la cual ha dispuesto “mecanismos institucionales, mediación y defensa ambiental”, y que entre esos recursos habría que incluir “instancias de apoyo técnico” –o sea, ahora los técnicos de las transnacionales o Codelco, que opera de hecho como una transnacional más, frente a los técnicos de los grupos ciudadanos.

Ya suma 10 minutos el atraso de la candidata. Estamos parados en la esquina de las calles Mac-Iver con Monjitas, pleno centro de la ciudad. A diez pasos, la notaría de René Quezada donde hemos convenido un encuentro ciudadano con ella para firmar un compromiso de Programa. Vemos, Monjitas abajo, una “van”, vidrios polarizados, y algo que parece un auto de escolta. Llegó.

Si me preguntaran por una primera impresión de la parte “Medio Ambiente” del programa de Bachelet, respondería:
-¡Rápido!, a la notaría. Para que quede jurado. Para que podamos exigirlo.

Porque, si el papel aguanta todo, este papel de Programa está, sin duda, al menos en esta parte, bien escrito. Veamos un simple ejemplo. Que no es tan simple porque es muy concreto, refiere de un punto clave en un asunto puntual (así de concreto) de la institucionalidad medioambiental, y no es una ampulosa declaración de “transformaciones estructurales”.

Durante los procesos de participación ciudadana que constituyen una de las etapas en la evaluación ambiental de proyectos dentro del SEA (Sistema de Evaluación Ambiental), una injusticia –entre otras-, pero muy directamente sentida por la ciudadanía en todos los territorios y regiones –ya sea actuando como organizaciones o como personas naturales-, es el desequilibrio entre los informes técnicos de las grandes empresas, escritos en jerigonza de especialistas y pagados en millones a las empresas asesoras, y la posibilidad de comprensión de la ciudadanía de a pie –que siente y sabe que página por medio le están “pasando gato por liebre”.

Así, los Informes de Evaluación Ambiental (IEA) que presentan las empresas y que pasan a la evaluación en participación ciudadana, pueden de pronto decir casi cualquier cosa porque su comprensión escapa a la gran mayoría de nosotros –a lo cual se suma que los IEA son presentados por las mismas empresas interesadas, de modo que exhiben la parte de información que las favorece y del modo que las favorece-.

¡Qué distinto sería si el Estado chileno, ya sea a través de agencias propias del Ministerio del Medio Ambiente, o a través de consultorías privadas certificadas e independientes del poder fáctico del lobby, llevara a cabo estos Informes de Evaluación Ambiental!

En verdad, la única e inmensa diferencia sería que los proyectos aprobados resultarían ejemplos de exitosa sustentabilidad, Chile conservaría los valores de su geografía y el territorio dejaría de constituir un llano donde arrasan los bulldozers del dinero y el capital. En el caso de la minería chilena, ella podría llegar a ser un orgullo ante todo el mundo, en vez de tener que ocultarse en el secreto de operaciones y colusiones sin más límite que lo que cabe en las cuentas financieras de esos pocos.

Entonces el programa de Bachelet dice: “Las comunidades no cuentan con información y recursos suficientes para hacer frente a las situaciones ambientales de sus territorios. Por ello, estableceremos los mecanismos institucionales y recursos para la entrega efectiva de orientación, mediación y defensa ambiental ciudadana, que facilite la solución de problemas ambientales locales. Para aquellas comunidades potencialmente afectadas por un proyecto sometido a evaluación ambiental, diseñaremos una instancia de apoyo técnico para analizar y entender las implicancias de la eventual instalación de esa actividad, y para facilitar una participación informada en la evaluación ambiental. Asimismo, avanzaremos en el diseño de nuevos mecanismos de participación, garantizando una mayor descentralización pues las realidades de los distintos territorios requieren respuestas acordes con sus particularidades”.

En la calle esperamos para que nos firme ante notario estas palabras.

Imaginemos el proyecto Andina 244 frente a una ciudadanía a quien la candidata -que nos dijeron que ahí viene-, ha entregado “información y recursos”, una ciudadanía para la cual ha dispuesto “mecanismos institucionales, mediación y defensa ambiental”, y que entre esos recursos habría que incluir “instancias de apoyo técnico” –o sea, ahora los técnicos de las transnacionales o Codelco, que opera de hecho como una transnacional más, frente a los técnicos de los grupos ciudadanos.

Como diría Fernando Atria: con estas transformaciones concretas también estaríamos emparejando la cancha medioambiental hasta ahora tan chueca y tramposa como la otra.

¿Estará Bachelet revolucionando la institucionalidad ambiental con ciertas políticas? Uno de los amigos que me acompaña en la calle agita un fajo de papeles en cuya primera página se lee “Acuerdos de Chagual”, firmados por la candidata la primera vez que fue candidata, en 2005. Tres años más tarde, con ella presidenta, hubo que desecharlos porque no solo no cumplía con partes centrales allí señaladas, sino porque daba el visto bueno a políticas directamente en contra de esos Acuerdos.

Nos hemos dado cita en la notaría para que nos firme una declaración jurada. Una donde hemos redactado los verbos de la cita anterior del Programa –verbos en un futuro indefinido como “estableceremos”,  “diseñaremos”, “avanzaremos”- en la forma de verbos con fecha y plazo.

Pero una declaración jurada no pasa de ser una declaración más. ¿Cómo hacer para que, si la candidata se repite la presidencia, no se repita el incumplimiento de sus compromisos con la ciudadanía? En otras palabras, ¿sería posible una interpelación pública institucionalizada a Bachelet si avanzado el 2016 ninguno de los puntos señalados se ha cumplido?

La parte medioambiental del Programa tiene un punto negro, más bien oscuro, contaminado: el agua. Citemos nuevamente: “El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las aguas como bien nacional de uso público.”

Quien redactó estas frases nada sabe del tema –le pasó un gol a la candidata o es un agente de Pérez Yoma (reconocido político DC usurpador de aguas en Petorca) dentro del comando, como graficó el programa En la Mira de Chilevisión en su capítulo “La guerra del agua con sed de justicia”.

Porque la actual Constitución (ninguna “nueva Constitucion”), y su Código de Aguas ya dice exactamente eso: que el agua es bien nacional de uso público. Lo cual queda exactamente en nada porque, en un artículo a reglón seguido, señala que esa misma agua de todos los chilenos el Estado la concede gratis y a perpetuidad a propietarios privados que tienen el derecho a transarla como una mercancía más en los mercados de aguas. Mercados donde, como ha ocurrido por todo Chile, con una cancha chueca y grupos económicos con capacidad de monopolizar la compra de aguas, ella ha seguido el mismo derrotero de las farmacias, las cadenas de supermercados y las Universidades que lucran.

Pusieron luz roja en la calle Mac-Íver. El programa de Bachelet nada dice de la ley de protección de glaciares, actualmente en tramitación en el Senado. ¿Está ella a favor o en contra de una buena ley de glaciares que prevenga su destrucción por las mineras y aumente la amenaza para las comunidades de los valles?

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Foto: Jardín de chaguales en los cerros del río Aconcagua.

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