Me lo confidenció una amiga. Una amiga con quien durante casi una década fuimos parte de la causa Patagonia sin Represas, incluso desde antes que así se llamara. Es más, previo siquiera a que existiera HidroAysén, en tiempos en que sólo era la hispana Endesa buscando aliados chilenos para su faraónico emprendimiento, los que encontró en la familia Matte y su eléctrica Colbún.
Lo positivo de haber participado en tal proceso es que, por su escala, ofrenda ejemplos de todo tipo y pelaje. Nos habla de visiones sobre qué es la sustentabilidad, claro está, así como de la falaz pugna empleo/medioambiente, pero también de presiones, intereses externos a los de las comunidades y decisiones centralizadas, teñidas muchas veces de ese clasismo que nos convoca a todos a sacrificarnos por el “progreso”. Pero a todos nosotros, no a ellos. Bien lo saben los Matte, los Luksic, Piñera mismo, hoy Carlos Délano y el grupo aquél que cada día sufre perdiendo más y más poder. No todo, pero algunas tajadas de soberanía hemos recuperado en estos últimos años.Al igual que ayer con HidroAysén, si la respetable República de Chile -concepto tan de moda por estos días- no da margen para escuchar a la ciudadanía, habrá que transformar de facto la movilización en realidad
Dijo mi amiga que lo ocurrido el 11 de agosto en Coquimbo, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental regional aprobó el proyecto minero y portuario Dominga de Andes Iron, se parece bastante a lo vivido por las truncas represas en Aysén. Hace una semana, un grupo de once personas compuesto por secretarios regionales ministeriales y la directora regional de Evaluación Ambiental votaron a favor del proyecto. En contra, el delegado presidencial, como un nuevo mal chiste de Sebastián Piñera pensando, quizás, que eso daría cuenta de la supuesta autonomía y libertad con que se desarrolló la sesión. Algo que a estas alturas sabemos no es más que una puesta en escena de la obra de teatro en que se ha convertido nuestra institucionalidad ambiental.
Intentan sacrificar de esta forma un lugar de excepción, que cobija al 80 por ciento de la población de pingüinos de Humboldt y una rica biodiversidad. Similar a lo que ocurriría con las represas en los ríos Baker y Pascua. Sacrificar, por intereses privados, patrimonio natural común.
Uno de los últimos actos del primer gobierno de Sebastián Piñera fue aprobar el 30 de enero de 2014, vía Comité de Ministros, el proyecto HidroAysén. A menos de dos meses de terminar su mandato. De nada sirvió aquello, gracias a la información legal y técnica que se dio a los comandos presidenciales, junto a la movilización, se logró que en junio de ese mismo año el gobierno de Michelle Bachelet anulara dicha decisión y, de paso, rechazara el proyecto. Ese día, el 10 de junio de 2014, comenzó a morir HidroAysén. En realidad, mucho antes, gracias a la confluencia de voluntades legales, técnicas, ciudadanas y políticas, pero ésa fue una de las paladas de tierra fundamentales.
Hoy por hoy, el escenario es homologable.
El 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales, y es campo propicio para informar a quienes tomarán las decisiones fundamentales de los próximos años, para quienes deberán resolver.
Esto, sin considerar que aún se tramitan en la Corte Suprema varios recursos de casación para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que en abril pasado obligó a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo a votar nuevamente el proyecto, revocando el rechazo original de ésta de marzo de 2017 y del Comité de Ministros de agosto del mismo año.
Es seguro que Piñera intentará que lo más pronto posible su Comité de Ministros apruebe el proyecto. Pero eso no es nada muy distinto de lo que ha ocurrido previamente.
Mucho se habla de procesos vinculantes. De que nuestra institucionalidad no tiene muchos espacios para la democracia directa y que opta fundamentalmente por la representativa. Y malamente representativa, como en este caso.
Al igual que ayer con HidroAysén, si la respetable República de Chile -concepto tan de moda por estos días- no da margen para escuchar a la ciudadanía, habrá que transformar de facto la movilización en realidad. En realidad política, en realidad institucional.
A los ciudadanos y ciudadanas no nos corresponde adivinar el futuro. No es nuestro rol ser oráculos del mañana. La responsabilidad (en tanto ciudadanía) es mirar el presente y éste proyectarlo hacia adelante. Si estamos de acuerdo con aquel devenir, apuntalarlo. Si por el contrario no lo compartimos, cambiarlo.
Y eso es lo que hoy, también, debe ocurrir con Dominga, aprovechando -entre muchos otros ámbitos- la oportunidad electoral. Que tal es un clásico que nunca pasará de moda, el de la soberanía. Un clásico que abogaremos entre muchos y muchas se incorpore con fuerza a la Carta Fundamental a través de la Convención Constitucional. Una institución que también se hizo carne por anhelos de quienes nunca permitieron que les arrebataran el derecho a soñar y, por cierto, a luchar.
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